La paralización judicial de las devoluciones de menores fuerza una reunión de Sánchez con el presidente de Ceuta
El atajo que pactaron el Gobierno de Ceuta, el Ministerio del Interior y Marruecos para ir devolviendo en grupos de 15 a bordo de furgonetas sin realizar expedientes individuales y sin dar audiencia a esos niños y adolescentes ha encallado en un juzgado de la ciudad autónoma. En dos autos consecutivos, la jueza ha decidido paralizar ese dispositivo que está incumpliendo todos los requisitos que establece la Ley de Extranjería.
La Fiscalía, el Defensor del Pueblo, organismos de la ONU y ONG que trabajan con esos menores habían advertido en cuanto tuvieron noticias de que la operación era ilegal. El Gobierno trató de escudarse en un informe de la Abogacía del Estado que avaló las repatriaciones apelando a la “situación excepcional”, pero el juzgado ha ratificado la suspensión de los traslados. Y de paso agrava una crisis que mantiene dividido al Gobierno de Pedro Sánchez, con los ministerios de Podemos en contra, advirtiendo de las consecuencias graves que tiene esa decisión “responsabilidad única del Ministerio del Interior”.
Por Gabriela Sánchez y Gonzalo Testa.
