Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía registran récord de mortalidad desde 1975 al inicio de la tercera ola
Desde el 1 de septiembre se han registrado en España más de 26.000 muertes por encima de las esperadas en España. Las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) según la media de años anteriores indican que este año lo habitual hubiese sido que fallecieran 162.000 personas entre septiembre y lo que llevamos de enero. Según los últimos datos disponibles, los registros civiles han notificado más de 188.000 muertes por todas las causas durante ese periodo.
Una sobre mortalidad que se ha vuelto a disparar con la explosión de casos de inicio de año, aún con los datos sin consolidar. Tres comunidades autónomas, Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia, están registrando récord de defunciones en las primeras semanas de enero en comparación con los últimos 45 años.
En el caso de la Comunitat Valenciana, nunca se habían superado las 1.400 muertes en una semana desde el inicio de la historia democrática en España. Con los últimos datos sin consolidar ya se superan los 1.700 fallecidos en las últimas dos semanas. Situación similar en Murcia y Andalucía.
La Rioja (34%), Aragón (33%), Castilla y León (23%) y Extremadura (23%) son las comunidades que registran un mayor exceso de mortalidad desde el inicio de septiembre en España. Aunque los registros volvieron a hablar de más muertes de las esperadas en julio y agosto, no todas eran directamente atribuibles a la COVID-19: una gran parte estaba vinculadas a los episodios de calor tradicionales del verano.
Sin embargo, todos los datos (incluyendo las muertes oficiales contabilizadas por Sanidad) indican que el exceso de más de 26.000 muertes registrado en lo que llevamos de septiembre hasta enero está en gran parte vinculado al virus, directa o indirectamente.
Hay que tener en cuenta que las cifras de mortalidad durante la epidemia están infraestimadas respecto a la estadística definitiva de defunciones porque solo incluyen los registros civiles informatizados -93% de la población- y pueden existir retrasos en la notificación de las defunciones.
Escribe Raúl Sánchez.
