Vocales contrarios a la reforma que limitará al Poder Judicial plantean llevarla al Constitucional
El sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contrario la reforma que limitará sus funciones cuando, como ahora, tenga el mandato caducado, asume que ya tiene poco margen para paralizar esa iniciativa y plantea, en todo caso, llevarla al Tribunal Constitucional una vez aprobada, lo que se espera para el próximo mes de marzo. Este martes, la Mesa del Congreso rechazó por segunda vez dar audiencia al órgano de gobierno de los jueces sobre esta reforma y le pidió “respeto” por sus resoluciones.
Tras esta nueva negativa —que califican de “tramposa” y “pobre en argumentos”—, vocales críticos reconocen que ya no pueden proponer nuevas iniciativas para revocar el procedimiento de urgencia y que se les de voz antes de aprobar la reforma y esperan que muevan ficha partidos y asociaciones judiciales. Sí abren la puerta a, cuando se apruebe, presentar un conflicto de atribuciones ante el tribunal de garantías al entender que el Congreso de los Diputados habría invadido sus competencias en materia de nombramientos. Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el CGPJ puede hacer uso de este procedimiento si estima que el Gobierno, el Congreso o el Senado han adoptado “decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren” al órgano de gobierno de los jueces.
La proposición de PSOE y Unidas Podemos —que respalda la mayoría reforzada de la investidura— pretenden restringir la capacidad del CGPJ de nombrar jueces con el mandato caducado, como viene haciendo este órgano desde hace más de dos años. Ya son 68 desde diciembre de 2018, cuando expiró su mandato. Los últimos, la semana pasada y se prevé alguno más para el pleno de febrero. Dos de ellos en Tribunal Supremo, donde los nombramientos son hasta la edad máxima de retiro, fijada a los 72 años.
Lo cuenta Elena Herrera.
