Canarias arma su renta de ciudadanía para combatir la precariedad que crece durante la pandemia

Canarias parte de una situación social compleja. El último informe de La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) ya reflejaba que antes de que llegara la pandemia, la tasa de pobreza y exclusión en las Islas era de un 35%. Además, el 28,5% de la población canaria se encontraba ya en riesgo de sufrir pobreza al vivir con menos de 641 euros al mes. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha abierto como una de las principales herramientas para combatir esta situación, aunque su retraso ha llevado al Ejecutivo regional a modificar su Prestación Canaria de Inserción (PCI) para agilizar y ampliar su cobertura. Actualmente, 7.396 familias en las Islas reciben esta prestación, un 33% más que el año anterior y otras 7.000 perciben el Ingreso Mínimo Vital; unas cifras aún lejos de lo que aspira la comunidad autónoma, pero que en palabras del director de Derechos Sociales del Gobierno regional, Javier Bermúdez, ya empiezan a arrojar datos positivos: “La PCI nunca tuvo por sí sola tanta cobertura”, afirma. No obstante, se avanza en una Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, un escudo social que ya existe en otras autonomías y que comenzará a implantarse este año por fases. 

Escribe Jennifer Jiménez.