La Xunta ignoró una denuncia por falta de personal en una residencia de mayores en la que murió por coronavirus uno de cada tres residentes
El 14 de febrero de 2020, una representación de las trabajadoras de la residencia DomusVI San Lázaro, en Santiago de Compostela, registró en la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia un escrito de dos páginas. En él relataban una serie de hechos relacionados con la atención a los residentes y a las condiciones laborales de las empleadas de un centro en el que 91 de las 156 plazas son concertadas, es decir, pagadas por el Gobierno gallego.
La denuncia hacía referencia al incumplimiento de los índices de trabajadores necesarios para prestar servicios a los usuarios y hablaba de “hechos constitutivos de infracciones graves”. Política Social nunca respondió al escrito ni envió la inspección solicitada. Posteriormente, en la residencia San Lázaro murió de coronavirus uno de cada tres de los mayores que allí vivían.
El documento, estructurado en cuatro puntos, desmenuza las diferencias entre la oferta de DomusVI para hacerse cargo de las plazas concertadas y la realidad. “Esta discrepancia supone un claro incumplimiento de las ratios de atención exigidos para los centros concertados”, señala, “no se mantiene el número de efectivos del cuadro de personal ofertado para la contratación, y no alcanza siquiera los recogidos en el pliego de condiciones”. Y entran en los datos. La empresa ofreció 46 gerocultores, pero, “una vez ponderada la reducción horaria”, y según el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ruepss) de la propia consellería, constan 41,2. Ofrecieron 18 limpiadoras, pero constan 12,5. Lo mismo sucede con el personal de recepción, de 3 a 1,71, y con los médicos, de 2,5 a 1,54.
Informa Daniel Salgado.
