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ENTREVISTA | Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género

Victoria Rosell: "El Estado debe dejar de esperar a que las víctimas de violencia machista denuncien para protegerlas"

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en el Ministerio de Igualdad.

Los asesinatos por violencia machista se han disparado en el último mes y medio. No es la primera vez en la serie histórica que un número similar de crímenes se acumula en un breve periodo de tiempo, pero distintas voces expertas apuntan a la influencia del fin de las restricciones para controlar la pandemia de COVID-19. Solo desde el 9 de mayo, el día en que decayó el estado de alarma, doce hombres han matado a sus parejas y exparejas y al hijo de una de ellas. Victoria Rosell (Murcia, 1968) lidera desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad un plan impulsado hace semanas para evaluar y actualizar los protocolos y herramientas disponibles, pero aún se encuentra en fase de diagnóstico. "Debemos poner todos los medios al alcance porque, aunque no podemos asegurarlo, es previsible que pueda darse un repunte", defiende la jueza ahora en excedencia en conversación con elDiario.es.

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En este mes y medio se ha producido un asesinato machista cada tres días. ¿Cree que va a mantenerse esta escalada?

No podemos asegurarlo, pero es previsible y debemos poner todos los medios y recursos al alcance para evitar un repunte de violencia de género y sexual este verano. Durante la pandemia ha habido una violencia de control que no desencadenó en violencia extrema física o asesinato, pero ya dijimos que era esperable que con el fin de las restricciones pudiera haber un repunte. Es importante que este verano en los festivales, conciertos o fiestas que se puedan hacer, las mujeres, adolescentes y niñas vean que hay sitios a los que pueden acudir. No solo servicios centrales como el 016 o la Policía, sino también recursos locales y a mano, sin que implique traspasar la puerta de una comisaría.

Precisamente uno de los retos es llegar a las mujeres que no denuncian, que son la mayoría. ¿Cómo protegerlas?

Yo creo que debe pasarse de ese Estado que está esperando a que denuncien y den el salto, que a veces es un salto al vacío, y entonces se adoptan todas las medidas de protección, a un Estado que pone la red y las condiciones. Debe ser más proactivo. Y esa red puede ser un sector educativo formado en detectar indicios de violencia de género en niños y niñas, que la sufren de forma directa, o una Atención Primaria que ha estado más que a la altura y desbordada, pero que no puede dejar atrás, superando la pandemia de coronavirus, la pandemia de la violencia de género. Lo mismo, la capacidad de detección, con salud mental, ginecología, pediatría, salud laboral y por supuesto los servicios sociales. Además, cuando es un problema social como este, el entorno tenemos la obligación de denunciar o pedir ayuda para esa mujer y eso manda un mensaje muy potente: no está sola y le creemos. Ese Estado proactivo, teniendo en cuenta que más del 70% de la violencia no se denuncia, cubrirá un amplio espectro de la violencia silenciada.

¿Se están barajando medidas desde el Ministerio de Igualdad para ello?

De esto se trata cuando hablamos de revisar y mejorar los protocolos. En primer lugar, la formación especializada en estos ámbitos es esencial: formar al personal de servicios sociales, educativo y sanitario y actualizar los protocolos. Debemos evaluar si se detectan fallos. Por poner un ejemplo, en un Punto de Encuentro Familiar, que detecta o presencia violencia del padre al menor en una visita, pero ¿cuánto tiempo tarda y a través de qué proceso se comunica esto a su vez a quien corresponde? Hay que protocolizar la comunicación y coordinación.

Igualdad anunció que impulsaba este plan tras un reunión de urgencia el pasado 21 de mayo. ¿En qué punto están del proceso?

Estamos aún en la fase de recepción de aportaciones. Como hemos hablado, son muchos ámbitos y diversos y, cuando asumimos que la violencia de género es un problema social, debemos actuar e intervenir desde todos los ámbitos. No se hace en dos días ni en dos horas; estamos hablando de 17 comunidades autónomas y 8.000 municipios. Algunos de los protocolos están sin actualizar desde antes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Aunque la mujer no manifieste que está en tratamiento psicológico, hay que generalizar los informes forenses porque además no hacerlo tiene un sesgo de clase

Frente a la creencia común de que el asesinato machista siempre está precedido de violencia física grave, la realidad es que no tiene por qué y se dan asesinatos en relaciones de maltrato psicológico. Aún así es un tipo de violencia con menos recorrido en los juzgados. ¿En qué falla la detección?

Hay una evidencia y es que es más difícil de acreditar que la violencia física, pero con formación especializada y conocimiento de la violencia de género se sabe que las violencias son entrecruzadas y es posible presumir que la mayoría de mujeres que denuncian un trato vejatorio, humillante y sostenido en el tiempo tienen consecuencias psicológicas y, por tanto, se deban generalizar las pruebas forenses o que pedirles a las Unidades de Valoración Forense Integral que hagan informes psíquicos, físicos y sociales de la víctima. Aunque ella no manifieste que está en tratamiento psicológico, hay que generalizar los informes forenses porque, además, no hacerlo tiene un sesgo de clase: una mujer que no puede permitirse pagar a un perito no va a llevar un informe, sino que lo va a afirmar y es el Estado el que tiene que acreditar esa violencia psicológica. Lo mismo con los menores. Si sabemos que las tres cuartas partes de los hijos en cuyos hogares hay violencia se consideran víctimas, no hace falta que la madre verbalice que la sufren para que se les incluya en la valoración forense directamente.

Sabemos que la mayor parte de víctimas no denuncian, pero de las que sí lo hacen algunas se encuentran con que no se las protege. ¿Estamos valorando bien el riesgo?

El riesgo extremo, alto y medio en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) está suficientemente contrastado que está bien valorado. Partiendo de que son recursos escasos y de que no es posible poner a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detrás de cada mujer, sí hay más reclamaciones en las apreciaciones de riesgo bajo o no apreciado. No deja de ser un sistema de previsión de riesgo, es una aplicación complicada y no es fácil predecir el comportamiento humano. Es también un sistema valorado internacionalmente, pero puede incorporar alguna mejora. A los menores habría que incluirlos con total seguridad, algo que se hizo en 2019, pero los que no están volcados en VioGén son los datos de asistencia social. No va a suceder en dos días, pero quizás podamos llegar a la idea de un trabajo conjunto con Interior y Justicia sobre algo que decía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: registrar la información de la administración civil de las víctimas, sobre todo de los servicios sociales especializados.

La extrema derecha en España continúa defendiendo su discurso de desnaturalización de la violencia machista. ¿Influye el negacionismo en la lucha contra la violencia machista?

Sí. Es un discurso cómplice del agresor y de la violencia machista porque es cómplice del silencio. Si una mujer está sufriendo violencia machista y dudando de cómo afrontar el proceso y de si verbalizarlo o no y el discurso en las redes y los discursos públicos y políticos es ese, va a pensar que no la van a creer. La reacción sería callar y sabemos que la violencia machista siempre se ha aprovechado del silencio. Quienes alientan este discurso de las denuncias falsas, de que no es cierta la violencia de género o de que nos victimizamos está fomentando directamente que la violencia de género no salga a la luz y que las mujeres sigan discriminadas y subordinadas. Porque contra lo que dicen los negacionistas, no solo es que no es una violencia que las mujeres exageren, sino que con toda claridad es una violencia que las mujeres minimizan. Está mandando además un mensaje de impunidad a los agresores en su dinámica de dominación y discriminación.  

El interés superior del menor no es que pase el mismo tiempo con la madre y el padre, sino tener una vida libre de violencia

Con el asesinato de Ana y Olivia en Tenerife se ha puesto sobre la mesa como nunca antes el concepto de violencia vicaria. Son muchos los menores que viven en hogares en los que hay violencia. ¿Cómo va a quedar finalmente el tema de las visitas con la Ley de Protección a la Infancia?

La ley prevé que se suspenda el régimen de visitas cuando hay indicios de violencia de género, pero no solo en la jurisdicción penal, también en la civil, si se detectan indicios, en procedimientos de custodias, divorcios y separaciones, que es la vía por la que la mayor parte de víctimas salen de la violencia. Esto es un gran avance. La judicatura puede seguir acordando que continúen las visitas, pero cambia la regla general que, ante indicios de violencia, es la suspensión. La excepción será el mantenimiento siempre que sea razonada y basada en el interés superior del menor. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nos dice que esta medida solo se adopta en menos de un 4% de los casos. Es un cambio de paradigma.

Sin embargo, se trata de un ámbito, el civil, que no tiene formación especializada en violencia machista. ¿Cómo va a detectar indicios de violencia?

En formación específica se ha avanzado, pero es verdad que se circunscribe mucho aún a los juzgados de violencia sobre la mujer. Sin embargo, violencia de género ven todos los juzgados de guardia y los mixtos de localidades pequeñas. Es esencial que los juzgados de familia, que ven estos procedimientos civiles, tengan formación en género e infancia. Es algo que llevan años diciendo juristas expertas. Tanto la Asociación de Mujeres Juezas de España como de la Asociación de Mujeres Juristas Themis reclaman desde hace tiempo la incorporación de esta perspectiva que debería afectar a toda la judicatura.

Con los menores debemos ser todavía más proactivos con la detección y ofrecer dos elementos esenciales incluidos en la Ley de Infancia: escuchar a los menores, que tienen sus derechos y los ejercen conforme a su evolución y edad. En muchos procesos de madres privadas de sus hijos no se ha escuchado a los niños y niñas. Y desde el primer momento apartarles del peligro para que estén en condiciones de verbalizarlo y salir de la violencia. Llevamos décadas de prejuicio machista y estereotipo patriarcal de que el interés superior del menor significa mantener el mismo tiempo con la madre y el padre, pero no, el interés superior del menor es a una vida libre de violencias.

Siguiendo con la Ley de Infancia, sobre el falso síndrome de Alienación parental (SAP), se establece que "los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitarlo". ¿Qué medidas se prevén tomar para ello?

Creo que con esto ha habido cierta resistencia a los avances. Nadie nunca había mencionado el SAP en una ley. Decir que no se debe aplicar es un avance muy importante, porque además hay que tener en cuenta que es muy difícil regular algo que no existe. La advertencia de evitar que se tome en consideración es vinculante para esa parte de la carrera judicial, la abogacía y la psicológica que defienden desde posiciones misóginas, antifeministas y patriarcales que existe. En este caso es muy claro y la norma se dirige a estos poderes públicos. ¿Qué podrían ser medidas que acarrearan una sanción? No todas las normas tienen que ser cumplidas bajo esta amenaza. La advertencia es de por sí un paso de gigante porque en ningún instrumento legal de ninguna categoría estaba el SAP hasta ahora.

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18 de junio de 2021 - 22:27 h

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