La nueva ley de telecomunicaciones posibilitará la retirada de las cabinas

Madrid, 11 sep (EFE).- El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, que este viernes sale a audiencia pública y que se prevé aprobar en 2021, facilitará la retirada de las cabinas de teléfono y de las guías telefónicas.

Esta nueva ley contempla suprimir estos elementos como servicio universal de telecomunicaciones obligatorio, según ha afirmado hoy el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.

Esto no implica que las zonas rurales se queden sin servicio de telefonía fijo, ha puntualizado Sánchez, que ha afirmado que los ciudadanos de estas zonas dispondrán de otros servicios, como los teléfonos públicos, aunque no serán obligatorios.

UNA CABINA POR MUNICIPIO DE MÁS DE 1.000 HABITANTES

Actualmente existe una cabina en cada municipio de más de 1.000 habitantes, y está establecido que haya instalada al menos una cabina por cada 3.000, según datos aportados por Telefónica a Efe hace unos meses.

Las cabinas telefónicas, que comenzaron a instalarse en 1928, ya no son un negocio y cada año el concurso que se ha convocado para prestar este servicio ha quedado desierto.

Las cabinas registran una media de uso de 0,37 llamadas al día y, de acuerdo con datos de Telefónica, existen unas 15.450 cabinas en todo el país, aunque estas llegaron a sumar las 65.000 a finales de la década de 1990.

De acuerdo con estos datos, cada cabina supone un coste medio de 291,3 euros al año, por lo que cada llamada de teléfono registrada sale de media a 2,5 euros.

La demanda de este servicio se ha reducido drásticamente en los últimos años por la alta penetración de la telefonía móvil en todos los segmentos de la sociedad.

Telefónica es el operador que presta este servicio, después de que así se le adjudicara nuevamente el pasado diciembre, en virtud de una orden ministerial, por un periodo de otros dos años.

El operador llevó la adjudicación de 2018 al Tribunal Supremo, que el pasado julio le dio la razón al sostener que el real decreto dictado aquel año por el Gobierno, que designó automáticamente a la compañía para dar el servicio de cabinas telefónicas, vulneró la ley pues debía haberse concedido a través de una licitación pública.

En su sentencia, la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estimó el recurso de la compañía que, estaría analizando una posible reclamación al Estado por el coste de dicho mantenimiento, aunque no podrá dejar de prestar este servicio universal obligatorio ya que actualmente se encuentra en vigor una prórroga hasta, al menos, hasta 2021.

LA CNMC TAMBIÉN APUESTA POR SU RETIRADA

Hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado que se retire la obligatoriedad de este servicio al haberse constatado un progresivo abandono de su uso.

Francia, Bélgica, Dinamarca y Estonia han ido suprimiendo el elemento del servicio universal de cabinas, según la CNMC.

Telefónica es la encargada de mantener, no solo las cabinas, sino el conjunto del servicio universal de telecomunicaciones que garantiza el acceso a la red telefónica pública desde cualquier ubicación geográfica o una velocidad de conexión de al menos 1 megabit por segundo (Mbps).

No obstante, este servicio es financiado de forma proporcional en función de sus ingresos por los operadores que facturan más 100 millones de euros.

Según datos de la CNMC, catorce operadores han sido los encargados de financiar el servicio universal de 2016, que supuso un coste total de 16,78 millones de euros en España, de los que Telefónica aportó 5,2 millones de euros, Vodafone, 2,86, y Telefónica Móviles, 2,86, entre otros.