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Carta abierta al ministro de Educación: la Universidad que queremos

Necesitamos una Universidad con visión estratégica capaz de anticiparse a los problemas sociales y ofrecer soluciones

La Universidad debe ser el asesor estratégico de todo Gobierno, de una industria y de una sociedad ávidos de dejar el mejor legado a sus hijos

La universidad pública pierde más de 77.000 alumnos desde 2012

Un aula universitaria EFE

Durante muchos años, la Universidad pública fue un ascensor social y la meta y la esperanza de progreso que muchos padres de familia se marcaban para sus hijos.  Para aquellas generaciones que sufrieron las estrecheces y la oscuridad de la posguerra, los estudios universitarios eran los depositarios de un mundo más igualitario y libre, sin barreras ideológicas, una puerta abierta a un futuro más prometedor.

La Universidad atesoraba conocimiento y valores humanos. En ella se gestaba un proyecto de país, la calidad de vida para sus ciudadanos y la mejora personal de los estudiantes. En su horizonte se veía una línea de progreso que se antojaba constante y de posibilidades infinitas.

Pero algo se torció. El lamentable espectáculo al que estamos asistiendo en los últimos meses con la Universidad española como protagonista, va poniendo en evidencia los fallos de una institución sufragada con fondos públicos que en ocasiones no llegan -y nos remitimos a las sentencias condenando a las Comunidades Autónoma a pagar sus compromisos con las universidades. Aunque parece abandonada al libre albedrío de la autonomía universitaria, existe un intervencionismo político eficaz por vía del dinero y de las normas jurídicas.

Y a estas alturas de la película, por más que se empeñen algunos en negar lo contrario, el ciudadano de a pie, empieza a sospechar que estos hechos no son, ni mucho menos, anecdóticos y que pese a los éxitos de las universidades españolas -la calidad de los médicos, arquitectos, publicistas, enfermeros... se comprueba más allá de nuestras fronteras.

La LRU primero y la LOU después, dotaron a las Universidades de una cierta autonomía para decidir, pero su financiación seguía residiendo mayoritariamente en los presupuestos públicos. La LOU de 2001 rezaba además “nuestras Universidades necesitan incrementar de manera urgente su eficiencia, eficacia y responsabilidad, principios todos centrales de la autonomía universitaria”. Ninguno de los tres primeros se ha conseguido, más bien estamos en claro retroceso. En la Universidad pública española se han enquistado toda una serie de incentivos perversos muy burocratizados que suponen una rémora para la innovación y para la empleabilidad de sus estudiantes, aunque el nuevo escenario de trabajo en la sociedad española no sea responsabilidad de la universidad. También se encuentra afectada la meritocracia y la eficiente asignación de recursos. Es necesario diseñar  una institución que debe estar en la vanguardia  para afrontar los problemas futuros.

La evolución del sistema universitario desde los años ochenta ha desembocado en grandes entidades públicas con miles de empleados y alumnos, presupuestos de cientos de millones de euros, con una gestión lenta y burocratizada…y poca fiscalización. Si queremos políticas públicas eficientes y con futuro en educación superior, necesitamos transparencia en la gestión. Ello explica que la competencia entre universidades públicas y privadas, no se haya saldado todavía con un aumento de la eficiencia, el impacto  social y la transformación real de las primeras.

Desde la opacidad en los procedimientos selectivos, la endogamia sin fin, las redes clientelares, la falta de controles internos efectivos por no decir irrisorios, los continuos conflictos de interés que desembocan en una de las agencias de empleo público más efectivas que existen, el silencio tras los casos de acoso en todos los estamentos universitarios, la falta de control económico eficaz, una gestión que se pretendió tecnócrata y ha acabado siendo controlada no por los más preparados sino por los más dóciles, han implantado una omertá universitaria que solo se está rompiendo por las denuncias que los medios de comunicación están sacando a la luz.

Daron Acemoglu y James Robinson en su libro “¿Por qué fallan los países?” distinguían entre instituciones inclusivas y extractivas para establecer su relación con la prosperidad de los países. La institucionalidad extractiva concentra el poder en manos de unos pocos, extrae recursos de muchos para consolidar el poder de una minoría y además provee incentivos perversos. Estas instituciones pueden generar cierto crecimiento, sí, pero no es sostenible. Y en la universidad pública española hay muchos costes ocultos y más incentivos perversos.

Es cierto que los problemas de la Universidad son complejos y se han hecho muchos diagnósticos y aportado soluciones, algunas con más acierto que otras. La CNMC por ejemplo, inició en el año 2016 un estudio sobre el sistema universitario español sobre la base de que una de las carencias de nuestro sistema universitario es la falta de competencia y la ausencia de una regulación económica eficiente. Todas las propuestas de mejora son bienvenidas. Y muchas de ellas son compatibles con el respeto de la autonomía universitaria, con una autonomía organizativa RESPONSABLE, con rendición de cuentas efectiva, con transparencia real no a la carta.

El gobierno de las universidades no es inmune a los cambios políticos, sociales, económicos y culturales de los últimos años que obligan a un replanteamiento de su misión y de sus métodos de gestión: el envejecimiento de la población, el auge de la enseñanza online, el aumento de las tasas académicas y el desafío de la enseñanza universal, la financiación de la investigación y la financiación según sus resultados e impacto social, la pervivencia de las humanidades y la enseñanza de disciplinas transversales como la sostenibilidad y la responsabilidad social, el desencanto creciente con las menores tasas de empleabilidad y su relación con la precariedad laboral. Para ganar en flexibilidad y eficiencia, el gobierno y la gestión deben dotarse  de una autonomía real que se corresponda con una  plena transparencia en los procesos, planes y resultados.

Necesitamos una Universidad con visión estratégica capaz de anticiparse a los problemas sociales y ofrecer soluciones. La Universidad debe ser el asesor estratégico de todo Gobierno, de una industria y de una sociedad ávidos de dejar el mejor legado a sus hijos.

En esta serie de artículos queremos aportar luz y propuestas de cambio para la Universidad española. Los aspectos institucionales y lo que se cuece dentro, son los menos conocidos por la ciudadanía. Abordaremos los problemas que afrontan las universidades desde una perspectiva real y desde dentro, con conocimiento de causa: desde por qué no funcionan los controles internos, hasta cómo se ejercen (o no) los contrapesos de poder, desde el acoso laboral y el acoso moral y sexual, hasta las diferencias salariales en la Universidad, o la necesaria  transparencia en los procesos selectivos, muchas veces tan desconocidos, y  el no siempre claro juego win-win de la colaboración público-privada en la Universidad.

Deseamos informar a la ciudadanía que pasa en la Universidad y por qué. Tenemos mucho en juego, como sociedad y como ciudadanos.

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