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¿Una pequeña broma?

La actuación de la Fiscalía y la Guardia Urbana de Barcelona fueron cruciales en la recopilación de pruebas y el apoyo a la víctima en el caso del youtuber que le dio galletas con dentífrico

El trabajo coordinado entre instituciones y sociedad civil organizada, apoyado por una creciente condena social, lo ha convertido en referencia en la lucha contra la aporofobia

Para perseguir eficazmente los delitos de odio por aporofobia es imprescindible  una reforma del Código Penal para que sea considerada agravante del delito 

Khangua Ren (ReSet)

Khangua Ren (ReSet) YOUTUBE

Tristemente ReSet superó de nuevo uno de sus famosos retos. Y en esta ocasión el desafío implicaba vulnerar impunemente los derechos de una persona. Este youtuber rellenó varias galletas de pasta dentífrica y engañó a una persona sin hogar para que accediera a comerlas. A cambio, le "recompensó" pagándole una pequeña cantidad de dinero. Estos hechos fueron denunciados y hoy, con la sentencia en la mano, la conclusión es clara: no fue una "pequeña broma", como defiende el acusado, sino un grave delito contra la integridad moral (aun sin reconocerse el agravante de odio) que ha implicado una pena de quince meses de prisión, el pago de una indemnización de 20.000 euros por los daños causados a la víctima y el cierre de su canal de videos en YouTube durante cinco años.

Según lo datos del Observatorio Hatento, al menos el 47% de las 31.000 personas que viven sin hogar en España han sufrido algún delito de odio durante su experiencia en calle y, sin embargo, tan solo el 13% de estos casos ha sido denunciado y judicializado (Hatento, 2015). El fenómeno de la infradenuncia tiene un gran impacto en las personas en situación de sinhogarismo víctimas de delitos de odio. La carencia de una vivienda como espacio de seguridad y protección y el alto riesgo de victimización son factores clave en este proceso.

El caso de ReSet fue diferente y ofrece importantes lecciones. En un tipo de delito donde suele cuestionarse con facilidad la credibilidad de la denuncia y la veracidad de los hechos, se contó con una prueba de verificación importante (la grabación de los hechos difundida a través de Youtube), recogida por RAIS y puesta a disposición de la Fiscalía especializada en Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona. La adecuada actuación de esta Fiscalía, así como de la Guardia Urbana de Barcelona, fueron cruciales en la recopilación de pruebas y el apoyo a la víctima. Finalmente, la persona afectada decidió interponer una denuncia, contando con un notable respaldo institucional, e incluso el Ayuntamiento de Barcelona decidió personarse como acusación popular en el proceso. En definitiva, se ha tratado de un trabajo coordinado y eficaz entre instituciones y sociedad civil organizada, apoyado por una creciente condena social, que ha hecho de este caso una referencia en la lucha contra la aporofobia y la protección de los derechos de las personas sin hogar.

Pero se trata de una excepción. Los delitos de odio por aporofobia implican graves vulneraciones de los derechos de una parte de la ciudadanía, sin que las Administraciones Públicas consigan dar todavía una respuesta integral y eficaz. En octubre de 2018 el Senado aprobó por unanimidad una proposición de ley para reformar el Código Penal e incluir la aporofobia como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, una medida ya propuesta incluso por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de 2018. Con la convocatoria anticipada de elecciones generales esta proposición de ley decayó, justo cuando iniciaba su trámite en el Congreso.

Ahora se inicia una nueva legislatura y el Gobierno y las Cortes tendrán en sus manos la posibilidad de garantizar avances reales en este sentido. Para perseguir eficazmente los delitos de odio por aporofobia es imprescindible aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación, una ley integral de delitos de odio y una reforma del Código Penal para que, en casos como el de ReSet, la aporofobia pueda ser considerada una agravante del delito y no una "pequeña broma" que vulnera a diario los derechos de una parte de la ciudadanía.

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