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Australia prepara un endurecimiento de sus leyes de internet

El fiscal general George Brandis no cree que sea posible implantar un modelo de ‘uso razonable’.

Australia se mueve desde hace tiempo en un terreno pantanoso en lo que se refiere a las libertades en internet. Se han debatido varias medidas encaminadas a incrementar la vigilancia de la red y dos años atrás se aprobó una legislación que obliga a los proveedores de internet y telefonía a almacenar los datos de sus clientes durante 180 días. Esta tendencia al control por las autoridades se ha agudizado en los últimos meses.

El periódico The Sydney Morning Herald informó que el Gobierno australiano está buscando soluciones para combatir la piratería y entre las opciones existentes baraja dos. La primera consiste en establecer una ley de avisos, en la que las operadoras tuvieran que mandar una comunicación a los usuarios cada vez que violen o intenten violar derechos de copyright.

Esta normativa funcionaría avisando tres veces a los considerados como infractores por las leyes de copyright, a partir de este momento se les podría cortar la conexión a internet e incluso llevar a juicio.

La segunda opción que baraja el Gobierno de Australia es bloquear directamente los sitios para compartir archivos, como The Pirate Bay. Esta tarea también correría a cargo de las operadoras. En cuanto a cómo se escogerían las webs a censurar, entre las medidas estudiadas con anterioridad por las autoridades se encuentra el ceder a las compañías cinematográficas la potestad de señalar los sitios según su criterio.

La Comisión Australiana para la Reforma de la Ley (ALRC), un organismo consultor independiente que orienta en las reformas legales, ha señalado que el Estado debería introducir algún mecanismo de defensa de ‘uso razonable’ en el Copyright Act, que permita a los usuarios utilizar material con derechos de autor para propósitos de investigación, crítica, parodia, información o educación. El senador y fiscal general George Brandis, que también es ministro de Artes, ya ha comentado que no cree que sea posible implantar un modelo de ‘uso razonable’.

Objetivo: las comunicaciones cifradas

Precisamente de la oficina del fiscal general Brandis ha partido una propuesta que pretende obligar a los usuarios y proveedores de comunicaciones cifradas de internet a aportar los medios necesarios para revelar informaciones personales o de clientes, siempre que medie una acusación. El texto se ha presentado al Senado dentro de una revisión del Telecommunications Interception Act.

El documento deja claro que es una propuesta provisional y que el Gobierno australiano aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. Uno de los argumentos que se ofrecen para la implantación de una normativa así es que la proliferación de servicios de cifrado hace que sea más difícil interceptar las comunicaciones de forma inteligible. Teniendo en cuenta que las sensibilidades están a flor de piel tras el espionaje de la NSA, no parece el mejor de los motivos.

Como es obvio, la oficina del fiscal general se refiere a que los criminales aprovechan las herramientas de cifrado que les proporcionan servicios comerciales en internet, al acceso de todos, como Google o Yahoo. Las agencias de seguridad nacional, anticorrupción y similares serían las encargadas ordenar la revelación de contraseñas. En el documento se asegura que las nuevas obligaciones sólo formalizarán las que actualmente tienen los proveedores. El gran cambio recae sobre los usuarios.

Los sospechosos, a título individual, se verían forzados –si un documento así se llegara a aprobar– a revelar sus comunicaciones cifradas, aportando los medios necesarios para que la información requerida sea inteligible. En la mayoría de los casos esto supone sencillamente revelar las contraseñas. El texto no aclara qué le ocurriría a una persona si no lo hace, porque, ¿y si en realidad no se acuerda de su contraseña?

Imagen: Joe Gratz

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Publicado el
26 de mayo de 2014 - 02:51 h

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