El pasado agosto el gobierno de Israel clausuró siete ONG que trabajan en los Territorios Palestinos Ocupados (TTOO) (y que seguirán trabajando muy a pesar de ese gobierno). Y lo hizo, no administrativamente, sino de una manera brutal. Al alba, asaltaron las sedes, las saquearon y confiscaron ordenadores y archivos de las “actividades terroristas” de los asaltados.
En 2021, la “autoridad” israelí había designado a esas organizaciones no gubernamentales como “terroristas”. Cinco de carácter local y una con base en Ginebra. Sus actividades terroristas son obvias: documentan los abusos de los derechos humanos cometidos por Israel (evidentes desde 1967) en los TTOO, proporcionan asistencia jurídica a los detenidos y trabajan en coordinación con el Tribunal Penal Internacional y las Naciones Unidas, por supuesto sin activar bomba alguna.
Estas organizaciones “terroristas” ayudan a decenas de miles de campesinos a salir vitalmente adelante en la denominada Área C de los TTOO, bajo control militar directo israelí y donde se hallan la mayoría de los ilegales asentamientos israelíes. Estas ONG son un pilar clave para el desarrollo económico y social de quienes habitan en esos territorios. Tal vez por eso, un portavoz de los asaltados ha declarado que los asaltos pretenden destruir la sociedad palestina.
En 2021, ante una situación de estas características protagonizada por el gobierno de Tel Aviv, 250 organizaciones pro derechos humanos, de carácter local, regional e internacional, hicieron público un contundente comunicado: “Esta actuación de Israel tiene lugar en el contexto de su continuada ocupación y en los ataques de un Estado de apartheid contra los derechos del pueblo palestino, en especial su derecho a la lucha por la libertad, el retorno, la autodeterminación y la construcción de un Estado independiente.”
Por supuesto, llueve sobre mojado porque, desde 1967, el Estado sionista ha clausurado, por distintas vías, más de 400 organizaciones pro-derechos humanos, prohibido partidos políticos palestinos y la propia Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con la que en 1993 había suscrito los Acuerdos de Oslo. En 2021 numerosos actores se movilizaron y condenaron la actuación israelí. Un significativo movimiento sindical en el Reino Unido exigió a su gobierno que rechazara la calificación de terroristas de las organizaciones afectadas: “Este ataque pretende restringir aún más los derechos palestinos y silenciar y castigar a los defensores palestinos de los derechos humanos, que ya trabajan en una situación extremadamente dura. Estas organizaciones han sido capaces de que sus reivindicaciones sean escuchadas internacionalmente, incluidos el Tribunal Penal Internacional y las Naciones Unidas, por lo que, sin duda, son objeto de represión por ello. Calumniar, atacar y eliminar a los más destacados defensores de la rendición de cuentas y de la justicia es una clásica acción de los regímenes represivos.” No sobraría una declaración similar por parte de los sindicatos españoles.
Durante décadas, Israel ha bloqueado la posibilidad de facilitar la vía a un Estado palestino independiente, pacífico, que coexista con el Estado sionista. Lo ha logrado ante la pasividad e indiferencia moral de la mayoría de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos. No es ahora el momento de profundizar en las razones y sinrazones de tal comportamiento. Este artículo pretende solamente resaltar la necesidad de que esa comunidad internacional, débil en valores, al menos concuerde en la urgencia de exigir a Israel que respete los derechos humanos de la población y a quienes, con audacia infinita y grandeza moral, los defienden en los TTOO. La esperanza no está garantizada, pero al menos es alentador que el pasado doce de julio nueve Estados europeos (Alemania, Bélgica , Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Irlanda y Suecia) emitieran un comunicado conjunto en el que manifestaban lo siguiente: “No hallamos evidencias sustanciales que apoyen las afirmaciones israelíes de que seis organizaciones palestinas de la sociedad civil son organizaciones terroristas. No cambiaremos nuestra posición de apoyo a dichas organizaciones civiles. Las acusaciones de terrorismo o vínculos con grupos terroristas han de ser siempre consideradas con la máxima seriedad. No hemos recibido por parte de Israel información sustancial alguna que justifique que modifiquemos nuestra política en relación a las ONG mencionadas, sobre la base de la decisión israelí de calificarlas como organizaciones terroristas”. Sin mayores comentarios.
Sobre el autor:
Emilio Menéndez del Valle ha sido profesor de relaciones internacionales, embajador de España en varios países y diputado en el Parlamento Europeo.
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