Lesmes y el caos

“En momentos de crisis, la población está dispuesta a entregar un poder inmenso a cualquiera que afirme disponer de la cura mágica”

Naomi Klein. La doctrina del caos

Todos aguantamos la respiración estos días esperando un descenso en las temibles cifras de esta pandemia y conocemos ya casi al dedillo las necesidades de los hospitales, sus picos de ocupación y el alivio que produce ver cómo está bajando la presión sobre ellos. Las vidas nos ocupan antes que ninguna otra cosa. Sabemos que esta situación no va a ser eterna y que, pronto o tarde, iremos recuperando el pulso de todos los problemas que hemos dejado en hibernación para ocuparnos de los que son desesperadamente acuciantes. El resto de los problemas volverán.

Hemos sufrido viendo con qué precariedad de medios operan los hospitales españoles, pero para muchos es más difícil visualizar el pandemónium que va a organizarse en la Justicia cuando se vuelva a activar una maquinaria tan pesada, tan infradotada y que ya estaba gripada antes de que el virus nos cercara. No les contaría todo esto si fuera uno más de los grandes problemas que van a producirse en los próximos meses. Evidentemente es un problema de los de mayor envergadura y el que más repercusión puede tener para nuestros derechos como ciudadanos y también para la tumefacta vida económica de nuestro país.

La que se avecina no es pequeña y no me atrevo a calibrar la magnitud de las consecuencias que se pueden derivar para cada uno de nosotros. Puedo asegurarles que la mayoría tendremos un asunto importante que se tendrá que dilucidar. No solo los que ya tienen uno paralizado, sino todos los que han visto afectado su empleo, han sido objeto de ERTE, tengan negocios que no puedan continuar en marcha, aquellos cuyas parejas no hayan podido soportar la convivencia en confinamiento, los que hayan sido sancionados tras el decreto de alarma, los estafados por los listos de siempre, los que tengan que sustanciar herencias de los desgraciadamente desaparecidos… seremos muchos los que necesitemos de la Justicia para que nuestra vida vuelva a aproximarse a algo parecido al orden. El vertido de toda esta imperiosa necesidad social sobre un mecanismo antiguo, pesado, sin capacidad de maniobra, sin medios y con escasez de personal va a ser una segunda epidemia.

Vistas así las cosas, podría parecer una iniciativa loable la que ha tenido Lesmes y su CGPJ caducado –a punto de empezar a dar olor, la verdad– de lanzar una propuesta de plan de choque para que todo ese chorro de trabajo que va a caer sobre un organismo de por sí extenuado no acabe por rematarlo. Solo que, como ya estamos acostumbrados, la propuesta vertida en cuatrocientos folios por el CGPJ no es inocente ni ingenua y parece un claro vástago de la denominada doctrina del shock. Debe ser que ya todos creen que estamos listos para que nos rematen. Llenos de incertidumbre, de temor, lanzados a un mundo desconocido, piensan unos que ya estamos dispuestos para regalarles nuestra intimidad y otros que nos van a encajar un recorte de derechos y de tutela judicial efectiva. Es que nos quejamos de todo y estamos muy mal acostumbrados. Por eso hay que permanecer alerta y vigilar todo aquello que nos quieran presentar como una anormalidad, para reparar la anormalidad máxima en la que estamos instalados.

El plan de choque de los cuatrocientos folios no parece, desde luego, redactado para la ocasión. Ni hubiera dado tiempo, ni hubiera tenido el contenido que tiene. Aprovechando la ocasión, el Consejo de Lesmes ha lanzado un tocho en el que se recoge toda una nueva forma de ver la Justicia, incluyendo materias que no le competen y cuestiones que nada tienen que ver ni pueden arreglar la crisis que vivimos. Un órdago por si cuela que ha sido fácilmente puesto al descubierto por las asociaciones judiciales y por la abogacía. Lo han puesto negro sobre blanco: el plan mezcla medidas imposibles, porque precisan de reformas legislativas con mayorías quiméricas, medidas ineficaces y medidas cosméticas con algunas que, esas sí, pueden tener interés para hacer frente al colapso.

Entre esas medidas quiméricas e ineficaces se han colado, ¡cómo no!, unas cuantas que pretenden solucionar la situación dificultando el acceso a la Justicia de los ciudadanos. Ya saben, si les disuado de ir, menos asuntos me llegan. Y junto a esas, otras que claramente suponen una merma de derechos, como las que proponen limitar los recursos que podrían interponer los españoles. Viejas ideas de algunas viejas cabezas que no han entendido nunca la Justicia como un servicio público que debe atender las demandas de la sociedad.

Por querer mezclar churras con merinas, los de Lesmes proponen hasta limitar algunos de los delitos que se enjuician mediante el tribunal del jurado. Verán la gran relación que tal propuesta tendría para prevenir el colapso por la pandemia. Es solo un ejemplo de cómo nos quieren colar la bacalá. Tanto que comienzan el documento poniendo como ejemplo de plan de choque cañero el que concibieron para la avalancha de demandas por las cláusulas suelo y que consistió, básicamente, en echarlas a pudrir en unos órganos judiciales que nacieron ya muertos. Aplaudiendo el primer colapso pretenden enfrentarse a otro de magnitud inédita. Cosas de señores que no han pisado un juzgado desde que eran chicos y que la última sentencia que pusieron la tienen enmarcada en casa para que no se les olvide.

Así, proponen celebrar juicios en inglés (sic), reorganizar los repartos de asuntos, primar el dictado de sentencias in voce sin que los ciudadanos las tengan por escrito, cambiar mecanismos de los pleitos de divorcio, modificar el régimen de recursos para restringirlos, impedir que un trabajador pueda impugnar un ERTE o privar de recursos también en ese campo. El caso más sangrante quizá sea el de hacer desaparecer los recursos que los presos pueden interponer a las denegaciones de permisos. Cambiar lo que no les gusta, aprovechando que esto va a ser un caos. Esa parece en parte la intención de un Consejo que no ha tardado en encontrar las correcciones y la oposición de las asociaciones judiciales en su totalidad.

Hay cosas que se pueden hacer, sin duda. Poner en marcha los juzgados que ya están comprometidos, acelerar la entrada en el sistema de las promociones de jueces que están terminando su formación –como ya se ha hecho con los MIR– y estudiar fórmulas para implementar el teletrabajo y fórmulas tecnológicas para impedir que una nueva oleada del virus obligue a paralizarlo todo de nuevo.

Lo que sobre todo hace falta es dinero. Nada de lo que se plantee para detener la losa que amenaza con enterrar nuestra Administración de Justicia puede llevarse a cabo sin inversión. Si la sanidad fue jibarizada con los recortes, la Justicia nunca ha tenido siquiera mucho que reducir. La eterna olvidada, la que no da votos, la que subsiste gracias al empeño personal de muchos. La imperecedera Casa Desolada de Dickens.

Sin Estado de Derecho no existe un Estado de Bienestar. La paz, la justicia social, la igualdad, la equidad y todo aquello que queremos que forme parte de nuestro paisaje carecen de sustento, si no pueden ser restablecidas de una forma ágil y profesional.

Lesmes es parte del problema y nadie confía en que lo sea de la solución. Es hora de que como sociedad civil exijamos que, tras el shock de la pandemia, nuestra vida pueda ser restaurada en la libertad y en los derechos que nos asisten. Es hora de que parte del dinero que se destine a la reconstrucción se dedique a la Justicia porque, sin ella, ni ciudadanos, ni trabajadores ni empresarios vamos a poder reencontrarnos con nuestra vida.