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Opinión - Junts, el bolsillo y la patria. Por Neus Tomàs

Pequeñas batallas ganadas a la corrupción

Marcelo Odebrecht

Sabrina Duque

Un año después de su última aparición en la lista FORBES de los diez hombres más ricos de Brasil, Marcelo Odebrecht -presidente de la mayor constructora de América Latina- aparecía en las noticias por su arresto. Fue en junio de 2015 y Brasil miraba, boquiabierto, cómo varios de los hombres más ricos del país, antes intocables, eran escoltados por policías.

Iban a la cárcel.

Antes de él, había sido esposado y apresado el magnate Eike Batista, quien había estado en la lista de los diez hombres más ricos del mundo -no sólo de Brasil- algunos años antes. Marcelo Odebrecht no fue el último. También terminó encarcelado el presidente de la constructora Andrade Gutiérrez. Los hombres que construían carreteras, represas, hidroeléctricas y puentes por todo el planeta estaban yendo a vivir en cuartos de dos por dos metros por andar sobornando a presidentes y políticos de toda la región.

Cada época tiene luchas que la definen. Y la guerra contra la corrupción cambia cada vez. Es como apuntarle a un blanco móvil o intentar llegar a la línea del horizonte.

Tomemos un caso de Suecia, uno de los países con menor percepción de corrupción, según Transparencia Internacional. Hace doce años, una ministra de Cultura renunció a su cargo después de que los medios publicaron que no había pagado su licencia de uso de televisión durante dieciséis años. En Suecia, cada casa donde haya por lo menos un aparato televisión está obligada a pagar una cuota -menos de 200 euros al año- para financiar a la televisión y la radio pública.

Quizás en algunas décadas parezca increíble que durante tantos años un puñado de multimillonarios haya comprado a los políticos que gobernaban nuestros países.  Y que el paso por la cárcel de esos hombres riquísimos nos sorprenda menos que saber que salieron unos cuantos años después, como premio a haberlo contado todos sobre las coimas repartidas. Así como hoy nos impresiona que en el pasado ser juez era un cargo en venta al mejor postor o cuántas décadas funcionaron en Estados Unidos las máquinas políticas -un sistema clientelar donde el jefe de un partido se adueñaba de las elecciones, como en el Chicago Demócrata de inicios de siglo XX.

En los sesentas, setentas y ochentas, las dictaduras en América Latina no le rendían cuentas a nadie: ¿qué juez se atrevería a cuestionar de dónde salían los millones acumulados en las cuentas de Pinochet o Somoza, de Trujillo o Stroessner?

¿Cómo habría escándalos de corrupción, si no había poderes separados y la sociedad civil estaba amordazada? Hace un par de meses, visitando una exposición de caricaturas de Millôr Fernandes, en Brasil, encontré que gran parte de su trabajo se había dedicado a burlarse de la corrupción -secreto a gritos- de los generales de la dictadura militar brasileña. Mientras tanto, en las calles escuchaba una cierta nostalgia por el “orden y el progreso” que había con los señores de uniforme.

Hoy, en los países donde hay independencia judicial, libertad de prensa y una sociedad civil organizada, es posible presionar y conseguir que un corrupto vaya a la cárcel. Lo logró Corea del Sur, por ejemplo, cuando Park Geun-hye fue destituida el año pasado de su cargo de presidenta, por corrupción y tráfico de influencias. Y si buscamos en archivo fotografías de cumbres presidenciales de la última década, encontraremos que muchos de esos líderes están en la cárcel. O con juicios abiertos. ¿Quién iba a imaginar que a Alan García le llegaría la hora de dar la cara ante la justicia? En Perú, otros hombres poderosos han caído -o caerán- por el caso Odebrecht, como los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala o Alejandro Toledo. ¿Quién iba a pensar que Lula da Silva -el presidente más popular de la historia de Brasil- terminaría preso por corrupción pasiva? En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glas sigue en la cárcel por haber recibido de Odebrecht más de trece millones de dólares en sobornos. En Panamá, el escándalo cercó a la familia y ministros del expresidente Ricardo Martinelli.  Y a esta lista le faltan nombres.

En el planeta, la corrupción se roba 2,6 billones de dólares anuales: el equivalente al PIB de Reino Unido o a más del 5% del producto interno bruto mundial. Entre más pobre sea un país, más pierde. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calculó que en los países en desarrollo la cantidad de dinero robado por la corrupción es diez veces más que la cantidad que el gobierno dedica para invertir en el desarrollo. Cada soborno es un delito: es quitarle a la sociedad dinero para la educación, la salud, la justicia y el desarrollo.

Hoy, 9 de diciembre, es el Día Internacional contra la Corrupción. Pagar un soborno para ser atendido antes en una entidad pública puede parecer insignificante, pero negarse a hacerlo también puede ser el inicio de una revolución. A la luz de la historia, la corrupción no es el pantano donde es inevitable hundirse ni un régimen tiránico que nos tiene a su merced.

Si dejamos de dar por sentada la impunidad del rico que corrompe y nos obligamos a cumplir con las reglas -sin atajos, sin comprar pequeños favores- habremos conquistado una batalla más en una guerra que parece no tener fin. Para que lo que hoy nos parece casi normal, mañana nos escandalice.

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