¿Quitarán la paga extra también a los cónyuges de los funcionarios… o a sus hijos?

El titulo pretende llamar la atención, pero la pregunta no es, por desgracia, del todo retórica. Estamos viviendo un periodo política y económicamente convulso y en lugar de predominar la sensatez se nos va contagiando el sinsentido. A una decisión absurda siguen varias igual o peores. En el mundo académico estamos sufriendo los recortes a varias escalas y desde varios frentes. Nos bajan los sueldos, recortan los fondos para investigar, no salen plazas para renovar jubilaciones o bajas, desaparecen becas y ayudas, suben las tasa universitarias… en fin, nada que no sepamos ya. Pero la insensatez contagiosa toma formas inesperadas ante las que propongo adoptar una doble actitud de denuncia y de sarcasmo, pues solo con un poco de humor lograremos conciliar el sueño al acabar, agotados, cada jornada. Quiero exponer un detalle que por concreto es bien cierto y verificable, un detalle de mi mundo en la Administración pública que ilustra lo contagiosa que es la insensatez, particularmente en tiempos tormentosos como los actuales.

Pongamos el caso de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha obtenido fondos europeos para realizar su investigación. Parte de esos fondos son para contratar a un investigador joven con el fin de realizar unas tareas específicas dentro del proyecto. La cuestión sería muy positiva por tres razones:

1. Supone entrada de dinero a las arcas de nuestro depauperado Estado (un porcentaje del presupuesto no llega al grupo investigador y queda para gastos generales y “tapar agujeros” varios de la institución pública de investigación, un porcentaje que algunos llaman “impuesto revolucionario” pero que se conoce oficialmente como overheads o gastos indirectos y llega a suponer la cuarta parte del total).

2. Supone la contratación de una persona lo cual alivia el creciente banco de desempleados de nuestro país.

3. Supone una oportunidad para realizar investigación de calidad, el objetivo que movió inicialmente al investigador a embarcarse en esta compleja y ardua tarea de organizar, escribir y luego gestionar un proyecto de estas características.

El investigador no saca nada en claro de este sobreesfuerzo, o dicho de otro modo, el investigador no recibe un euro más en su cuenta bancaria a pesar de haber tenido que extender largas horas su jornada laboral, llevándose tareas extra a casa durante muchos meses de trabajo que se suma al trabajo habitual del día a día de su laboratorio. No obstante, este investigador cuenta con la motivación del punto 3, reforzada por la desolación reinante en los programas de investigación nacionales.

Al poco de arrancar el proyecto, le van llegando noticias desde la gerencia de su centro que van calando hondo en el investigador y le van arruinando su motivación. Las tareas administrativas que recaen sobre él se vuelven inmensas y tiene vetada la contratación de personal administrativo incluso en el caso de que contara con dinero para ello. Echándose al hombro una nueva mochila de tareas administrativas para las que no cuenta con formación ni tiempo, el investigador empieza a lamentar haber traído medio millón de euros a su institución. Y comienza un calvario inesperado: la contratación del joven investigador por unos años.

Las noticias sobre el proceso burocrático son desesperantes, pero el camino es de no retorno. Armado de paciencia y dosis extra de café, el investigador, que habrá anunciado en diversas revistas y foros internacionales la oferta del contrato, rellenará informes, entrará en aplicaciones de internet, hará solicitudes, formará comisiones de evaluación y revisará cientos de currícula para poder contratar a esa persona. Le dijeron que en un mes podría hacerse el contrato, pero el primer y el segundo mes se fueron en avanzar pequeños pasos en la aplicación en internet y cumplimentar algunos formularios que requerían ser validados y firmados por diversas personas.

Tras cinco meses con múltiples incidencias, sobresaltos y desesperaciones, el contrato puede arrancar. El investigador ha desatendido tanto su investigación como su vida personal para iniciar el proyecto y el resultado es desalentador: varios de los candidatos mejor cualificados renunciaron al puesto debido a la lentitud del proceso (recibieron otras ofertas mientras tanto), el investigador no contó con la ayuda crucial del investigador joven para la reunión de arranque del proyecto, justo cuando se planea en detalle la distribución de tareas, y el contrato debe hacerse por un periodo menor al planteado inicialmente porque no puede extenderse mas allá de la duración del proyecto a pesar del retraso.

Algunos objetivos científicos deben suprimirse lo cual no sólo obliga a dar explicaciones a los demás socios europeos sino que cierra opciones al investigador para futuras colaboraciones internacionales. Lejos de incentivar que un investigador español haga el esfuerzo de buscar financiación en el extranjero, esta retahíla de dificultades y esta pesada carga administrativa disuaden a cualquiera que esté en su sano juicio.

Los responsables de nuestras administraciones, con el reglamento y la aplicación informática en la mano, aseguran que la contratación se hace en un mes. Los que hemos hecho todo el proceso de contratación varias veces en los últimos años hemos constatado que el proceso lleva muchos meses aunque el dinero esté ya disponible. Conseguir contratar a una persona en el plazo de un mes es como financiar la investigación comprando lotería nacional. No es imposible, pero suena razonable pensar en alternativas. Además, el proceso se va llenando de nuevos pasos y obstáculos que sortear, lejos de irse simplificando con el tiempo. Y todo esto en un escenario en el que se supone que debemos dinamizar el mercado laboral.

Lo más triste es que los desvaríos no acaban ahí. A la insensatez se le suma la injusticia: quien resulte finalmente contratado pierde una paga extra. Cuando el investigador es notificado no sale de su asombro… ¿Qué tiene que ver este doctor de una prestigiosa universidad al que hemos contratado por dos años y medio con los investigadores funcionarios españoles que han visto eliminada una paga extra este año?

La respuesta es simple: nada que ver. Al funcionario se le castiga sin paga extra por tener el privilegio de una relativa estabilidad laboral (que se consigue no antes de los cuarenta años y que consiste en un sueldo discreto con posibilidades de mejora prácticamente nulas), pero este científico joven será contratado por un periodo corto de tiempo y su inestabilidad laboral es manifiesta. Si este tipo de locura administrativa sigue propagándose, el cónyuge o los hijos del investigador en cuestión podrían ver perdida también la paga extra de Navidad ya que guardan mas relación con el funcionario que el recién contratado.

Esta situación abre un montón de preguntas: ¿Qué pasa por la cabeza de quien toma la decisión de aplicar la eliminación de la paga extra de los funcionarios también a los no funcionarios que se encuentran en el “área de influencia” de los primeros? ¿Debemos intentar poner freno cada uno de manera individual a estas insensateces o podemos confiar en que algún gestor recobrará algún día la lucidez? ¿Cuál es la lógica de complicar hasta retrasar e incluso impedir en la práctica la contratación cuando reina el paro? El mundo de la investigación podría tratarse de un caso aislado dentro de la Administración pública pero hay dos cosas que nos hacen sospechar lo contrario: la insistencia creciente de que la ley es para todos y no hay excepciones, y la triste constatación de que la estupidez es contagiosa.

Cuando se pierde el norte, el camino para ir a ninguna parte se vuelve infinito. Y en este sinuoso y desnortado camino andamos metidos los científicos a los que cada día nos llega una nueva pieza de desatino administrativo, casi siempre sorprendente.