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Las cuentas salen

Las cuentas salen y toda pretensión de que no salgan para la investidura de Puigdemont tiene sus raíces en cuestiones ajenas a la dinámica electoral y parlamentaria y a la separación de poderes en un Estado democrático

Lo peor del independentismo es que sirva de pretexto a algunos para matarnos la democracia

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Torrent habla con Puigdemont por teléfono desde el hemiciclo tras su elección

Torrent habla con Puigdemont por teléfono desde el hemiciclo tras su elección EFE

La esperanza de Ciudadanos, del Gobierno y de muchas personas, de que las circunstancias extra parlamentarias complicasen la aritmética e impidieran que la Mesa del Parlament fuera presidida por un parlamentario soberanista se ha estrellado contra la realidad. Las cuentas han salido, porque ese es el reflejo del Parlament emanado de las urnas guste o no guste. Es duro tener que escribirlo así, como si los gustos o las preferencias o la razón de Estado pudieran estar por encima de los designios de los ciudadanos convocados a votar en forma y con todas las garantías exigidas por la ley.

La aritmética democrática habló y todo lo que la convierte en un engranaje endiablado tiene que ver con la intervención ajena a la misma que ha convertido la política catalana, de nuevo, en un panorama surrealista que choca con cualquier atisbo de razón democrática. Lo mismo que hicieron los independentistas antes de la intervención del 155. La decisión de tratar una sucesión de ilegalidades como un delito de rebelión, en cuya formulación se entremezcla lo jurídico y lo político en cada resolución, es una de las cuestiones. La irracionalidad y la falta de escrúpulos a la hora de determinar cuál es la lógica parlamentaria que deben seguir los acontecimientos no es ajena en modo alguno.

Todo pendía de los votos ausentes. Muchos se han sorprendido e indignado y han criticado que se hiciera referencia desde la tribuna a los ocho votos ausentes. ¡Cómo no hacerlo! Toda la realidad política catalana bascula en torno a esos votos y a esos diputados que no pueden estar en su escaño.

Las razones del magistrado Llarena para no dejar acudir a los tres encarcelados son más que discutibles. Afirmar que no se podrían controlar eventuales manifestaciones en torno a la conducción es pensar que poco puede hacer el Estado. Por otra parte, negarle a Junqueras lo que se permitió a Juan Carlos Yoldi, preso preventivo de ETA que fue candidato a lehendakari sin posibilidad de ser electo, es hacer un poco de Dugesclin y, sin quitar ni poner rey, ayudar a tu señor. La Justicia dijo en aquella ocasión que “de impedir a un ciudadano en prisión preventiva, aún acusado de delitos castigados con penas severas, su presencia como candidatos a parlamentarios o a presidentes de comunidades autónomas lo que se estaría haciendo sería poner trabas al ejercicio de sus derechos y lesionar a la vez los derechos de sus electores”. Y si era de Justicia entonces no lo es menos ahora. Dugesclin, aparte.

También es perfectamente discutible que Llarena se entrometa en las potestades de la Mesa del Parlament y les haya señalado quién puede delegar su voto y quién no. Es más, que les ordene que acepten una delegación del voto pero que niegue la posibilidad de que lo hagan aquellos sobre los que ni siquiera ha tomado medidas cautelares, dado que ni siquiera les ha tomado aún declaración. No están en España, cierto, salieron antes de ser reclamados y el magistrado ha dejado de intentar reclamarlos. Si un preso preventivo puede ser investido lehendakari ¿por qué un electo que ni siquiera es preventivo no puede ser investido president?

Las respuestas: porque es malo, porque mira lo que hizo, porque no nos gusta, porque tiene que ser otro, porque se fue, porque faltaría más, etcétera, deberían ser borradas si se quiere aplicar la lógica.

Así que sí, las cuentas salen y toda pretensión de que no salgan para la investidura de Puigdemont tiene sus raíces en cuestiones ajenas a la dinámica electoral y parlamentaria y a la separación de poderes en un Estado democrático. En buena lid, la representatividad encomendada por los electores catalanes debiera ser formal y realmente respetada, sin que eso supusiera que se dejaran de instruir procedimientos judiciales que bien pueden continuarse con los investigados en libertad.

Presuponer que una vez electos andarían el mismo camino que ya hicieron es también un futurible. Hechos y no palabras. El nuevo presidente del Parlament comenzó ayer por borrar de sus redes sociales las referencias a la República Catalana para definirse escuetamente con un institucional “XII presidente del Parlament”.

Quizá para que las olas refluyan hay que dejarlas que tomen un movimiento natural y no colocarles un espigón delante para que rompan y estallen en espumas antes de llegar a su fin natural. Y ese obstáculo quiere ponerlo siempre el mismo Rajoy que provocó con su inacción el estallido, el mismo que se parapetó tras las togas para no tomar decisiones y el mismo que convocó unas elecciones tan inmediatas que, casi por la fuerza de las circunstancias, iban a arrojar un resultado similar.

No sé lo que piensa hacer Puigdemont, aunque me dicen que no volverá. Se lo que tendría que poder hacer para que muchos pensáramos que en este país las leyes son sagradas también cuando se interpone ante ellas la unidad de España. Tendría que poder llegar al Parlament y ser investido President de la Generalitat si cuenta con los votos. Tendría que tomar posesión y mantenerse como tal mientras dure la instrucción de los procedimientos, el juicio y los recursos. Eso como poco. Eso es lo que tendría que pasar. No pasará. Y eso es lo que me preocupa. Yo no soy independentista y estoy más que harta del discurso que manejan pero, más allá de mi nacionalidad, soy demócrata. Quiero vivir en democracia y eso está por encima de cualquier territorio o cualquier país. Pregúntenselo a los españoles que renunciaron a pisar la tierra que les pertenecía por seguir siendo libres.

Lo peor del independentismo es que sirva de pretexto a algunos para matarnos la democracia.

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