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San José de Apartadó: 20 años revindicando su derecho a vivir en paz en Colombia

Menores de la comunidad San José Apartadó, Colombia

La tragedia de derechos humanos acompaña a casi medio siglo de conflicto armado interno en Colombia. Y la población civil ha sido la víctima principal. Algunas comunidades se han unido y han puesto en marcha mecanismos de resistencia civil para exigir a todas las partes enfrentadas (paramilitares, fuerzas de seguridad y grupos de guerrilla) que respeten su derecho como civiles a no tomar partido y su derecho a la vida. Estas comunidades – campesinas, indígenas y afrodescendientes- se conocen con distintos nombres como comunidades de paz o zonas humanitarias.

¿Qué es una comunidad de paz?

Eso me preguntaba yo el día que conocí a Brígida en su visita a Burgos. En un momento del acto público, se puso en pie, mostró el colorido anagrama de su camiseta y nos contó los principios de su comunidad. Hace veinte años, Brígida y sus vecinos de varias aldeas del municipio de Apartadó, hartos de las devastadoras consecuencias del enfrentamiento armado en sus vidas, se declararon comunidad de paz, comprometiéndose a no participar ni dejarse involucrar en el conflicto. Así nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la zona noroeste de Colombia. Desde entonces sus miembros se niegan a llevar armas, o a facilitar información o apoyo logístico a cualquiera de los bandos. A cambio les piden que no rebasen los límites de sus comunidades y respeten su derecho a la vida, su condición de civiles y su decisión de no intervenir ni colaborar con ninguno de ellos.

El elevado coste de la paz

La comunidad San José Apartadó celebra los 20 años de reivindicar la paz

La comunidad San José Apartadó celebra los 20 años de reivindicar la paz

Desde que se creó la Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, más de 200 de sus miembros han muerto de forma violenta o han sido víctimas de desaparición forzada, y otros han sido amenazados o agredidos sexualmente. La mayoría de quienes perdieron la vida fueron víctimas de paramilitares, que a menudo han actuado con el apoyo y el beneplácito de los miembros de las fuerzas armadas en la zona. Las fuerzas de guerrilla también han matado a miembros de la Comunidad de Paz.

Uno de los ataques más infames tuvo lugar el 21 de febrero de 2005. Ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron asesinadas y sus cadáveres mutilados. A pesar de que las fuerzas de seguridad y los paramilitares se esforzaron desde el primer momento en atribuir la matanza a las FARC,  las investigaciones judiciales confirmaron que los homicidios los cometieron las fuerzas de seguridad y los paramilitares.

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El coste humano de la hipocresía europea

Personas migrantes en su viaje a Europa © Emilio Morenatti

Cuando vio barcos a lo lejos, Issa supo que viviría. Era julio de 2014 y había pasado horas en el mar, aferrado a un bidón de gasolina de plástico, mientras mujeres, hombres, niños y niñas se ahogaban a su alrededor. La pequeña embarcación de goma que se suponía que los iba a llevar a todos a Italia se había hundido sólo dos horas después de partir de la costa libia. De las 137 personas que, según afirma Issa, iban a bordo, sólo sobrevivieron 49.

A Issa, de Burkina Faso, no lo rescató un barco que pasaba, sino que lo recogió la guardia costera libia. En lugar de llevarlo a un puerto seguro en Italia, como él esperaba, lo devolvieron a Libia, donde lo entregaron a la policía. Según su relato, estuvo encerrado durante meses en condiciones terribles mientras era golpeado regularmente por policías que le pedían dinero a cambio de su liberación.

"Me ataban las manos a la espalda", cuenta. "Estaba tumbado en el suelo boca abajo, y me golpeaban en la espalda con un cinturón y con cables eléctricos."

Sólo cuando la familia de Issa logró reunir 625.000 francos CFA (unas 900 libras esterlinas) fue finalmente puesto en libertad.

Migrantes en Niger esperan el viaje a través del Sahel © Ali Abdou

Migrantes en Niger esperan el viaje a través del Sahel © Ali Abdou

En septiembre del año pasado trató de llegar a Italia de nuevo pero, después de tres días en el mar, la embarcación en la que viajaba arribó de vuelta a costas libias. "Nos detuvieron a nuestra llegada y nos llevaron a una cárcel en Trípoli, y dos semanas después nos trasladaron a la ciudad de Sabha. Supimos que los traficantes nos habían vendido". Tras un mes de cautiverio, él y otros consiguieron escapar. "Nuestros secuestradores dispararon contra algunos. No sé si alguien murió", cuenta.

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Jugarse la vida por los derechos humanos en Colombia

Desde que los acuerdos de paz han estado sobre la mesa para su firma y ratificación, las cifras sobre personas defensoras asesinadas ha aumentado © Agencia Prensa Rural

El 11 de septiembre de 2016, el líder afrodescendiente Néstor Iván Martínez murió abatido a tiros por unos atacantes no identificados en el municipio de Chiriguaná, departamento del Cesar. Néstor Iván Martínez participaba activamente en campañas de defensa del medio ambiente y de los derechos sobre las tierras, y también había hecho campaña contra actividades mineras. Él es sólo uno de los muchos defensores y defensoras, líderes sociales y comunitarios que murieron el año pasado y que siguen muriendo en Colombia.

Según consta en la “Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos”, del 9 de diciembre de 1998, “toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.  En Colombia las cifras ponen de manifiesto que las personas no pueden ejercer este derecho ni con libertad ni con garantías.

Paradójicamente, durante el mismo año en el que se firmaron los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, fueron asesinadas 80 personas defensoras de DD.HH. y otras 49 fueron víctimas de atentados contra su vida. Los datos publicados por la ONG colombiana “Somos Defensores” en su informe anual relativo a 2016, además de ser alarmantes, suponen un incremento del 22% y 29% respectivamente respecto a los de 2015. Este incremento es aún más preocupante si tenemos en cuenta que disminuyeron los homicidios y acciones violentas en términos generales gracias al cese del fuego entre ambas partes, lo que indica que estos crímenes fueron consecuencia de ataques selectivos contra civiles concretos. Especialmente contra líderes comunitarios, activistas ambientales y en favor de los derechos sobre la tierra y contra personas que hacían campaña por la paz, la justicia y contra la impunidad, sobre todo en zonas rurales.

Emilsen Manyoma, lideresa de una comunidad afrodescendiente cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja el 17 de enero en Buenaventura

Emilsen Manyoma, lideresa de una comunidad afrodescendiente cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja el 17 de enero en Buenaventura

Y esa tendencia se mantiene en 2017. Hasta el 30 de enero, 17 nuevos casos de homicidio han sido denunciados, 10 de ellos ya confirmados. Como el de Emilsen Manyoma, lideresa de una comunidad afrodescendiente cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja el 17 de enero en Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Emilsen lideraba Conpaz, un proyecto que reúne propuestas de paz desde los territorios, y defendía los derechos de los desplazados por el narcotráfico y los paramilitares.

Los datos hablan por sí solos. En Colombia, a pesar de haberse firmado la paz, la situación de los derechos humanos sigue siendo grave aunque cada vez sea menos visible, e incluso es más preocupante y compleja debido a lo cambiante de la fisionomía de los diferentes conflictos y a los nuevos intereses subyacentes –económicos y transnacionales-. Firmada la paz con uno de los grupos guerrilleros, las FARC, la población civil, y más concretamente los líderes y activistas por los derechos, siguen siendo objeto de múltiples agresiones violentas provenientes de otros actores. En los últimos meses la mayoría de las amenazas se atribuyen a grupos paramilitares que perciben a estas personas como una amenaza para los intereses económicos y políticos de algunas personas y empresas.

En este contexto el gobierno colombiano se ha mostrado hasta ahora incapazde cumplir la obligación de defender y proteger a estas personas que luchan por  los derechos humanos.

Los peligros de ser defensor o defensora

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Ocho mujeres en el 8M: ¡No vamos a esperar más por nuestros derechos!

La doctora y activista por los derechos sexuales y reproductivos en Sudáfrica, Tlaleng Mofokeng © Private

Si algo hemos aprendido de la histórica Marcha de las Mujeres de enero, es que las mujeres están hartas de esperar. Ese fervor salta a las calles de nuevo en lo que parece que será una huelga de mujeres histórica. A principios de 2017, más de 3 millones de personas de todos los géneros marcharon en todo el mundo en defensa de los derechos de las mujeres y la interseccionalidad de otros muchos muchos derechos. Hoy, esas motivaciones siguen estando vigentes, espoleadas por los comentarios misóginos, la prohibición discriminatoria de viajar y las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tienen repercusiones amplias y profundamente negativas para las personas migrantes y otras minorías. Además, sus políticas ponen específicamente en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Pero esta situación no es exclusiva de Estados Unidos, como ponen de manifiesto los millares de mujeres de todo el mundo que hoy se declaran en huelga. Ellas saben que, si de las desigualdades que siguen azotando a las mujeres por todo el planeta se trata, las estadísticas no dejan lugar a dudas.

Según las predicciones del Foro Económico Mundial, todavía habrán de pasar 169 años hasta que se consiga eliminar la desigualdad salarial por razón de género. Esta es solo una de las muchas cifras de escándalo que muestran todo lo que tendremos que esperar hasta que mujeres y niñas lleguen a alcanzar la igualdad. En todo el mundo, unos 225 millones de mujeres no pueden elegir si quieren o no tener descendencia, ni en qué momento. Todos los años  mueren alrededor de 47.000 mujeres y otros 5 millones quedan incapacitas como resultado de abortos practicados en condiciones de riesgo. Se calcula que el 35% de las mujeres de todo el mundo sufren violencia física o sexual. Más de  32 millones de niñas de todo el mundo —frente a unos 29 millones de niños— no asisten a la escuela primaria. Y hay en la actualidad 700 millones de mujeres a las que casaron antes de cumplir los 18 años.

Es mucho lo que queda por lograr, y mujeres y niñas en todo el mundo dicen basta ya. Presentamos a continuación a ocho mujeres que luchan en primera línea para reclamar sus derechos y que se niegan a esperar frente a la injusticia.

Las siguientes mujeres de las que hablamos no esperarán y nosotros tampoco. ¿Y tú?

ÁFRICA
Dra. Tlaleng Mofokeng: No esperará… a que a las mujeres deje de negárseles el derecho a abortar

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¿Qué nombre pongo en Facebook? Los bebés robados del franquismo

Manifestación para exigir verdad, justicia y reparación por los casos de bebés robados// Fuente facebook SOS BEBES ROBADOS MADRID

Puede (y debe) sonar frívolo, pero cuando contacté por primera vez con Lily, un bebé robado en Madrid en el 68 que creció en México, recuerdo que lo primero que me impresionó fue que confesó que no sabía qué nombre poner en Facebook: si Lily, como es conocida en México; o si María Diana, su verdadero nombre dado en España.

Y es que en general, la historia de Lily me impresionó mucho desde el principio. Ella se enteró a los 33 años de que en realidad no se llamaba Lily, que no era mexicana, y que ni siquiera era hija biológica de sus padres. Su vida dio un vuelco absoluto. Sus padres de crianza le confesaron que la habían ido a buscar a Madrid, tras unas gestiones de los Arzobispos de Yucatán y Madrid; que se quemaron sus papeles de identidad al llegar a México vía Miami, y que crearon otros distintos, bajo el nombre de Lily.

Desde que tuvo los primeros indicios de su verdadera historia, ella misma emprendió una intensa búsqueda en México y en España para conocer su verdadera identidad; para conocer quiénes eran Rafael y Marta, quienes figuraban como padres biológicos en su verdadera partida de nacimiento.

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Los gobiernos y los grupos armados implicados en conflictos deben poner fin al reclutamiento de niños y niñas soldados

Un niño pasa por delante de un soldado en Toribio, Colombia / AP Photo/Zoe Selsky

No hay cifras exactas del número de niños y niñas soldado, pero 535 millones –casi uno de cada cuatro– viven en países afectados por conflictos o desastres. Viven en condiciones de inseguridad y violencia, que, unidas a la pobreza, el desplazamiento o la falta de oportunidades educativas y laborales, son algunas de las causas de formar parte de los grupos armados. Viven en un mundo donde estar en estos grupos es la diferencia entre tener, o no, comida y protección. Muchos otros son directamente reclutados a la fuerza. 

La existencia de niños y niñas soldado es una violación grave de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Colombia es uno de esos casi 20 países en los que esta práctica tiene lugar. En el informe de Amnistía Internacional 2015/2016 sobre la situación de los derechos humanos, se señala que los grupos guerrilleros y los paramilitares seguían reclutando a niños y niñas como combatientes. Según UNICEF, desde 1999 a 2015, cerca de 6.000 niños y niñas colombianos se escaparon de los grupos armados o fueron liberados por los militares. En los últimos cinco años l a edad media de reclutamiento de menores de edad en Colombia ha sido de 14,1 años para los niños y de 13,4 para las niñas.

El punto 3 del Acuerdo de Paz señala que los niños y niñas que salgan de los campamentos de las FARC serán objeto de medidas de especial atención y protección. El Gobierno y las FARC también firmaron en mayo de 2016 un acuerdo que establecía el proceso de salida de los menores de 15 años del grupo armado. Sin embargo, hasta el momento, pocos han sido entregados.

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¿Cuál debe ser la respuesta de quienes creen en los derechos humanos ante la era Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Copyright 2016 The Associated Press.

Analistas de todas las tendencias políticas llevan años avisando de que, tras la crisis económica global, hay una creciente ira por los niveles de desigualdad que existen tanto entre los países como dentro de cada país. Oxfam publicó hace unos días un informe según el cual ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En este marco, estos líderes han popularizado ideas que convierten al otro en chivo expiatorio,  pero que en realidad no son soluciones a nuestros problemas.

Mientras, existe el peligro de que los activistas de derechos humanos parezcan quedarse al margen condenando cuestiones tales como las medidas represivas contra la libertad de expresión y el uso de la tortura. Todo esto será ignorado por un líder fuerte, que afirma actuar con el mandato popular. Hay quien advierte que es algo aún más serio que la posible irrelevancia temporal del proyecto de derechos humanos, y que es posible que en los años venideros veamos desaparecer el apoyo a los derechos básicos universales, especialmente si se cree que lo que más nos preocupa es lo que algunos podrían describir como cuestiones más etéreas. Si bien estas causas siguen siendo críticas, el hecho de que nos centremos en ellas hace que parezca que no estamos en contacto con el día a día de la mayoría de la gente, y que se nos acuse de debilitar la seguridad.

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México debe dar la espalda a la retórica antirefugiados de Trump

Control fronterizo en Huixtla, Chiapas, México © Amnesty International

La influencia de las políticas norteamericanas en todo el mundo, y en particular en Latinoamérica, es innegable.

Cuando Trump dice, por ejemplo, que va a deportar a millones de migrantes del país y construir una gran muralla en la frontera con México para prevenir la entrada de personas, le está guiñando el ojo a la administración Peña Nieto para que haga lo mismo en la frontera sur como forma de detener el creciente fluyo de personas provenientes principalmente de Centroamérica.

Lo que ambos convenientemente deciden ignorar es que la gran mayoría de estas personas provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, tres de los países más violentos del planeta – con tasas de homicidios mucho más altas que en zonas de guerra, escapan buscando protección internacional.

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El legado de Obama: sombras que hoy casi parecen luces

El presidente Obama durante su discurso de despedida en Chicago AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Martes, 4 de noviembre de 2008. Aún recuerdo con absoluta claridad aquella noche de invierno en Massachusetts. Fuera hacía mucho frío y todo apuntaba a que la resolución de la contienda iba a ser larga. Un buen grupo nos habíamos reunido ante un televisor para seguir en directo los resultados de aquella emocionante jornada electoral.

Aquella noche Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos y a mi alrededor todo eran estudiantes llenos de emoción y de esperanza que se sabían testigos de la historia. A pesar del clima, se lanzaron a la calle a celebrarlo, pues la victoria de Obama traía muchas promesas consigo: la recuperación económica, cerrar Guantánamo, arreglar el sistema sanitario del país, mejorar la educación, reducir la desigualdad, acabar con la discriminación y el racismo, conseguir el reconocimiento de más derechos para las minorías, etc.

Han pasado más de ocho años de aquella fría noche y ahora toca evaluar en qué se ha transformado aquella lista tan grande de ilusiones y esperanzas y ver en qué quedaron todas aquellas buenas intenciones.

Guantánamo,  seguramente uno de los símbolos más emblemáticos de lo no logrado, ha cumplido hace pocos días su decimoquinto aniversario. Una de las primeras acciones del Presidente Obama fue ordenar su cierre en un año, pero todavía hoy 41 hombres permanecen encerrados allí, 35 de los cuales ni han recibido cargos ni se han enfrentado a un juicio. Otros diez se enfrentan a comisiones militares en vez de a juicios justos y podrían ser condenados a pena de muerte.

Y es que el problema con Guantánamo no ha sido sólo la imposibilidad de cerrarlo sino también que durante estos ocho años el gobierno de Obama no ha planteado estas detenciones como una cuestión de derechos humanos y, en cambio, han seguido aplicando una doctrina muy próxima a la de la “Guerra contra el terror” de Bush, dejando que los vaivenes de la política nacional se antepusieran a sus obligaciones bajo los tratados internacionales y las normas de derechos humanos.

Apenas quedan horas para que Obama logre cerrar Guantánamo con una orden ejecutiva de último momento, pero el legado de falta de rendición de cuentas, de ignorar los derechos humanos y de oscurantismo será una mancha que puede tener consecuencias muy negativas en las decisiones que pueda tomar la siguiente administración del país. Si hasta ahora ha reinado la más absoluta impunidad, ¿qué les impedirá volver a recurrir a la tortura? La falta de rendición de cuentas de los culpables y los impedimentos puestos para que las víctimas hayan podido acceder a la verdad y la reparación forman parte del lado más oscuro del legado de Obama. Este secretismo se ha extendido a otras acciones del gobierno, como por ejemplo al programa de uso de drones, lo cual ha impedido que se haya podido realizar una verdadera evaluación de su impacto en derechos humanos.

Gases lacrimógenos en una manifestación en Baltimore por la muerte del joven negro Freddie Gray bajo custodia policial © Press Association/AP Photo/Patrick Semansky

Gases lacrimógenos en una manifestación en Baltimore por la muerte del joven negro Freddie Gray bajo custodia policial © Press Association/AP Photo/Patrick Semansky

En otras cuestiones como la inmigración o garantizar el acceso a la salud, la herencia es más compleja. Por un lado, se han producido avances significativos que han tenido un impacto directo en la vida de muchas personas: se han ofrecido algunas protecciones nuevas para los migrantes, la reforma sanitaria incluyó muchos avances que han acercado a los EEUU a cumplir sus obligaciones, etc. Por otro, el número de deportaciones ha aumentado y falta mucho para que verdaderamente el acceso a la salud sea un derecho plenamente reconocido en el país.

De la misma manera, se han dado avances en cuestiones como el reconocimiento de los efectos de la discriminación y las prácticas racistas de la policía, la cantidad desorbitada de población carcelaria del país y su impacto desproporcionado sobre las minorías, el reconocimiento de más derechos para la población LGBTI (incluyendo leyes antidiscriminatorias a nivel federal), etc. pero por desgracia es mucho el camino por recorrer para que realmente podamos dar por resueltos estos problemas.

Este viernes, 20 de enero de 2017 se acabarán estos ocho años de luces y sombras del Presidente Obama al frente de la Casa Blanca, y se cerrará una etapa crucial en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos no se detendrá. El futuro presidente Trump ya ha mostrado su intención no sólo de no solucionar lo que Obama deja a medias, sino incluso de retroceder en algunos aspectos, defendiendo el uso de la tortura y su propósito de volver a llenar Guantánamo de “gente mala”. Por eso es más necesario que nunca que ahora tengamos en cuenta la importancia de defender los derechos humanos y reclamemos que los gobiernos no creen excusas legales para no cumplir con sus obligaciones.

Chelsea Manning había sido condenada a 35 años de prisión por revelar documentos clasificados cuando era analista del ejército estadounidense destinada en Iraq. Sin duda, la liberación de Chelsea Manning el próximo 17 de mayo es una victoria para la justicia, pero no olvidemos que ha estado más de 7 años recluida, en condiciones que incluso han merecido la condena por parte de la ONU, y que nadie ha respondido por las violaciones de derechos humanos que sacó a la luz. Además de Chelsea, ¿quién pagará?

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La política migratoria de la Unión Europea es cruel y disparatada

Una mujer en burro pasando un control en el norte de Darfur, Sudán, donde ha habido alegaciones por parte de organizaciones de derechos humanos de violaciones a mujeres. El gobierno ha encargado la implementación de varios aspectos del control migratorio © AP Photo/Abd Raouf, File

Seguramente nadie representa todo lo que no funciona en las actuales políticas migratorias de la Unión Europea (UE) mejor que Noori, refugiado sirio que permanece recluido en una comisaría de policía en la isla griega de Lesbos, esperando angustiado a saber si será enviado a Turquía.

Si lo devuelven, otro refugiado conseguirá una plaza en Europa, y Turquía recibirá dinero por mantener al grueso de la población refugiada en su territorio, así como la promesa de un conjunto de medidas compensatorias.

Así es el acuerdo entre la UE y Turquía. Noori corre el riesgo de ser utilizado como moneda de cambio humana en una política exterior de la UE basada en comerciar con derechos para obtener beneficios políticos muy cortos de miras.
 
La tendencia a movilizar recursos de política exterior de la UE para contener la inmigración ha despegado a una velocidad de vértigo, y el Consejo Europeo parece estar dispuesto esta semana a afianzarla todavía más en la normativa.

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