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¿Qué nombre pongo en Facebook? Los bebés robados del franquismo

Manifestación para exigir verdad, justicia y reparación por los casos de bebés robados// Fuente facebook SOS BEBES ROBADOS MADRID

Puede (y debe) sonar frívolo, pero cuando contacté por primera vez con Lily, un bebé robado en Madrid en el 68 que creció en México, recuerdo que lo primero que me impresionó fue que confesó que no sabía qué nombre poner en Facebook: si Lily, como es conocida en México; o si María Diana, su verdadero nombre dado en España.

Y es que en general, la historia de Lily me impresionó mucho desde el principio. Ella se enteró a los 33 años de que en realidad no se llamaba Lily, que no era mexicana, y que ni siquiera era hija biológica de sus padres. Su vida dio un vuelco absoluto. Sus padres de crianza le confesaron que la habían ido a buscar a Madrid, tras unas gestiones de los Arzobispos de Yucatán y Madrid; que se quemaron sus papeles de identidad al llegar a México vía Miami, y que crearon otros distintos, bajo el nombre de Lily.

Desde que tuvo los primeros indicios de su verdadera historia, ella misma emprendió una intensa búsqueda en México y en España para conocer su verdadera identidad; para conocer quiénes eran Rafael y Marta, quienes figuraban como padres biológicos en su verdadera partida de nacimiento.

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Los gobiernos y los grupos armados implicados en conflictos deben poner fin al reclutamiento de niños y niñas soldados

Un niño pasa por delante de un soldado en Toribio, Colombia / AP Photo/Zoe Selsky

No hay cifras exactas del número de niños y niñas soldado, pero 535 millones –casi uno de cada cuatro– viven en países afectados por conflictos o desastres. Viven en condiciones de inseguridad y violencia, que, unidas a la pobreza, el desplazamiento o la falta de oportunidades educativas y laborales, son algunas de las causas de formar parte de los grupos armados. Viven en un mundo donde estar en estos grupos es la diferencia entre tener, o no, comida y protección. Muchos otros son directamente reclutados a la fuerza. 

La existencia de niños y niñas soldado es una violación grave de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Colombia es uno de esos casi 20 países en los que esta práctica tiene lugar. En el informe de Amnistía Internacional 2015/2016 sobre la situación de los derechos humanos, se señala que los grupos guerrilleros y los paramilitares seguían reclutando a niños y niñas como combatientes. Según UNICEF, desde 1999 a 2015, cerca de 6.000 niños y niñas colombianos se escaparon de los grupos armados o fueron liberados por los militares. En los últimos cinco años l a edad media de reclutamiento de menores de edad en Colombia ha sido de 14,1 años para los niños y de 13,4 para las niñas.

El punto 3 del Acuerdo de Paz señala que los niños y niñas que salgan de los campamentos de las FARC serán objeto de medidas de especial atención y protección. El Gobierno y las FARC también firmaron en mayo de 2016 un acuerdo que establecía el proceso de salida de los menores de 15 años del grupo armado. Sin embargo, hasta el momento, pocos han sido entregados.

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¿Cuál debe ser la respuesta de quienes creen en los derechos humanos ante la era Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Copyright 2016 The Associated Press.

Analistas de todas las tendencias políticas llevan años avisando de que, tras la crisis económica global, hay una creciente ira por los niveles de desigualdad que existen tanto entre los países como dentro de cada país. Oxfam publicó hace unos días un informe según el cual ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En este marco, estos líderes han popularizado ideas que convierten al otro en chivo expiatorio,  pero que en realidad no son soluciones a nuestros problemas.

Mientras, existe el peligro de que los activistas de derechos humanos parezcan quedarse al margen condenando cuestiones tales como las medidas represivas contra la libertad de expresión y el uso de la tortura. Todo esto será ignorado por un líder fuerte, que afirma actuar con el mandato popular. Hay quien advierte que es algo aún más serio que la posible irrelevancia temporal del proyecto de derechos humanos, y que es posible que en los años venideros veamos desaparecer el apoyo a los derechos básicos universales, especialmente si se cree que lo que más nos preocupa es lo que algunos podrían describir como cuestiones más etéreas. Si bien estas causas siguen siendo críticas, el hecho de que nos centremos en ellas hace que parezca que no estamos en contacto con el día a día de la mayoría de la gente, y que se nos acuse de debilitar la seguridad.

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México debe dar la espalda a la retórica antirefugiados de Trump

Control fronterizo en Huixtla, Chiapas, México © Amnesty International

La influencia de las políticas norteamericanas en todo el mundo, y en particular en Latinoamérica, es innegable.

Cuando Trump dice, por ejemplo, que va a deportar a millones de migrantes del país y construir una gran muralla en la frontera con México para prevenir la entrada de personas, le está guiñando el ojo a la administración Peña Nieto para que haga lo mismo en la frontera sur como forma de detener el creciente fluyo de personas provenientes principalmente de Centroamérica.

Lo que ambos convenientemente deciden ignorar es que la gran mayoría de estas personas provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, tres de los países más violentos del planeta – con tasas de homicidios mucho más altas que en zonas de guerra, escapan buscando protección internacional.

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El legado de Obama: sombras que hoy casi parecen luces

El presidente Obama durante su discurso de despedida en Chicago AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Martes, 4 de noviembre de 2008. Aún recuerdo con absoluta claridad aquella noche de invierno en Massachusetts. Fuera hacía mucho frío y todo apuntaba a que la resolución de la contienda iba a ser larga. Un buen grupo nos habíamos reunido ante un televisor para seguir en directo los resultados de aquella emocionante jornada electoral.

Aquella noche Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos y a mi alrededor todo eran estudiantes llenos de emoción y de esperanza que se sabían testigos de la historia. A pesar del clima, se lanzaron a la calle a celebrarlo, pues la victoria de Obama traía muchas promesas consigo: la recuperación económica, cerrar Guantánamo, arreglar el sistema sanitario del país, mejorar la educación, reducir la desigualdad, acabar con la discriminación y el racismo, conseguir el reconocimiento de más derechos para las minorías, etc.

Han pasado más de ocho años de aquella fría noche y ahora toca evaluar en qué se ha transformado aquella lista tan grande de ilusiones y esperanzas y ver en qué quedaron todas aquellas buenas intenciones.

Guantánamo,  seguramente uno de los símbolos más emblemáticos de lo no logrado, ha cumplido hace pocos días su decimoquinto aniversario. Una de las primeras acciones del Presidente Obama fue ordenar su cierre en un año, pero todavía hoy 41 hombres permanecen encerrados allí, 35 de los cuales ni han recibido cargos ni se han enfrentado a un juicio. Otros diez se enfrentan a comisiones militares en vez de a juicios justos y podrían ser condenados a pena de muerte.

Y es que el problema con Guantánamo no ha sido sólo la imposibilidad de cerrarlo sino también que durante estos ocho años el gobierno de Obama no ha planteado estas detenciones como una cuestión de derechos humanos y, en cambio, han seguido aplicando una doctrina muy próxima a la de la “Guerra contra el terror” de Bush, dejando que los vaivenes de la política nacional se antepusieran a sus obligaciones bajo los tratados internacionales y las normas de derechos humanos.

Apenas quedan horas para que Obama logre cerrar Guantánamo con una orden ejecutiva de último momento, pero el legado de falta de rendición de cuentas, de ignorar los derechos humanos y de oscurantismo será una mancha que puede tener consecuencias muy negativas en las decisiones que pueda tomar la siguiente administración del país. Si hasta ahora ha reinado la más absoluta impunidad, ¿qué les impedirá volver a recurrir a la tortura? La falta de rendición de cuentas de los culpables y los impedimentos puestos para que las víctimas hayan podido acceder a la verdad y la reparación forman parte del lado más oscuro del legado de Obama. Este secretismo se ha extendido a otras acciones del gobierno, como por ejemplo al programa de uso de drones, lo cual ha impedido que se haya podido realizar una verdadera evaluación de su impacto en derechos humanos.

Gases lacrimógenos en una manifestación en Baltimore por la muerte del joven negro Freddie Gray bajo custodia policial © Press Association/AP Photo/Patrick Semansky

Gases lacrimógenos en una manifestación en Baltimore por la muerte del joven negro Freddie Gray bajo custodia policial © Press Association/AP Photo/Patrick Semansky

En otras cuestiones como la inmigración o garantizar el acceso a la salud, la herencia es más compleja. Por un lado, se han producido avances significativos que han tenido un impacto directo en la vida de muchas personas: se han ofrecido algunas protecciones nuevas para los migrantes, la reforma sanitaria incluyó muchos avances que han acercado a los EEUU a cumplir sus obligaciones, etc. Por otro, el número de deportaciones ha aumentado y falta mucho para que verdaderamente el acceso a la salud sea un derecho plenamente reconocido en el país.

De la misma manera, se han dado avances en cuestiones como el reconocimiento de los efectos de la discriminación y las prácticas racistas de la policía, la cantidad desorbitada de población carcelaria del país y su impacto desproporcionado sobre las minorías, el reconocimiento de más derechos para la población LGBTI (incluyendo leyes antidiscriminatorias a nivel federal), etc. pero por desgracia es mucho el camino por recorrer para que realmente podamos dar por resueltos estos problemas.

Este viernes, 20 de enero de 2017 se acabarán estos ocho años de luces y sombras del Presidente Obama al frente de la Casa Blanca, y se cerrará una etapa crucial en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos no se detendrá. El futuro presidente Trump ya ha mostrado su intención no sólo de no solucionar lo que Obama deja a medias, sino incluso de retroceder en algunos aspectos, defendiendo el uso de la tortura y su propósito de volver a llenar Guantánamo de “gente mala”. Por eso es más necesario que nunca que ahora tengamos en cuenta la importancia de defender los derechos humanos y reclamemos que los gobiernos no creen excusas legales para no cumplir con sus obligaciones.

Chelsea Manning había sido condenada a 35 años de prisión por revelar documentos clasificados cuando era analista del ejército estadounidense destinada en Iraq. Sin duda, la liberación de Chelsea Manning el próximo 17 de mayo es una victoria para la justicia, pero no olvidemos que ha estado más de 7 años recluida, en condiciones que incluso han merecido la condena por parte de la ONU, y que nadie ha respondido por las violaciones de derechos humanos que sacó a la luz. Además de Chelsea, ¿quién pagará?

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La política migratoria de la Unión Europea es cruel y disparatada

Una mujer en burro pasando un control en el norte de Darfur, Sudán, donde ha habido alegaciones por parte de organizaciones de derechos humanos de violaciones a mujeres. El gobierno ha encargado la implementación de varios aspectos del control migratorio © AP Photo/Abd Raouf, File

Seguramente nadie representa todo lo que no funciona en las actuales políticas migratorias de la Unión Europea (UE) mejor que Noori, refugiado sirio que permanece recluido en una comisaría de policía en la isla griega de Lesbos, esperando angustiado a saber si será enviado a Turquía.

Si lo devuelven, otro refugiado conseguirá una plaza en Europa, y Turquía recibirá dinero por mantener al grueso de la población refugiada en su territorio, así como la promesa de un conjunto de medidas compensatorias.

Así es el acuerdo entre la UE y Turquía. Noori corre el riesgo de ser utilizado como moneda de cambio humana en una política exterior de la UE basada en comerciar con derechos para obtener beneficios políticos muy cortos de miras.
 
La tendencia a movilizar recursos de política exterior de la UE para contener la inmigración ha despegado a una velocidad de vértigo, y el Consejo Europeo parece estar dispuesto esta semana a afianzarla todavía más en la normativa.

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Una deuda con las mujeres

Mujeres en la concentración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género en Bogotá, Colombia, en 2009 © AP Photo/Fernando Vergara

Uno de los pilares del Acuerdo es el referido a las víctimas del conflicto en el que se detalla cómo se garantizará el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación mediante un sistema de justicia transicional. En el acuerdo se reconoce como víctimas a quienes han sufrido desplazamiento forzado, a víctimas de homicidio, desaparición y a sus familias y, como menos visibles, a las víctimas de violencia sexual, entre otras.

En los informes “Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia” e “Invisibles ante la justicia", Amnistía Internacional daba voz a sobrevivientes de violencia sexual en Colombia y evidenciaba que las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas   que han sufrido esta violencia durante el largo conflicto armado.

Marcha por la vida en Bogotá, Colombia, marzo de 2015 © AP Photo/Fernando Vergara

Marcha por la vida en Bogotá, Colombia, marzo de 2015 © AP Photo/Fernando Vergara

En el escenario de las negociaciones de paz y con la expectativa de saber cómo se decidirá finalmente el sistema de justicia, cabe preguntarse si aquellas mujeres a las que dimos voz, como Angélica, cautiva más de 10 años como esclava doméstica y sexual de un hombre, que se cree, pertenecía o colaboraba con las FARC; o si la familia Galárraga a la que los paramilitares secuestraron cuatro hermanas y posteriormente aparecieron sus cuerpos sin vida; o si Clara o Lisbeth que sufrieron una agresión sexual a manos de un grupo de soldados; o Shirley y Andrea violadas por grupos de paramilitares; o Raquel violada por tres guerrilleros de las FARC; o Dora violada por un agente de la policía; o Leidy secuestrada, drogada y violada por miembros de un grupo paramilitar, podrán por fin tener acceso a la justicia y a reparación.

La violación y otras formas de violencia sexual han sido uno de los rasgos característicos del conflicto y las han perpetrado todas las partes enfrentadas –fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrillas. La Corte Constitucional de Colombia  definió la violencia sexual como “una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”. Al igual que en otros ámbitos del conflicto, los niveles de  impunidad por los delitos sexuales son alarmante y muy pocos de sus responsables han sido identificados, no digamos ya procesados.

Si bien es cierto que en los acuerdos de paz se establece que la violencia sexual no será objeto de amnistía ni de indulto ni de beneficios, y se define la existencia de un Tribunal para la paz que entre otras novedades contará con equipo de investigación especial para casos de violencia sexual dentro de la Unidad de Acusación e Investigación, no es posible obviar que la práctica habitual del sistema de justicia colombiano en relación a este tipo de delitos ha estado cargada de estigma, discriminación y de pocas mejoras que puedan garantizar que la violencia sexual siga estando tan extendida y siga sin ser castigada.

Cuando conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, debemos tener en mente que Colombia arrastra una deuda pendiente con Angélica, Clara, Lisbeth, Shirley, Andrea, Raquel, Leidy  y con miles de mujeres y niñas que han sido víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual y mujeres que siguen siendo objeto de este y otros tipos de violencia de forma generalizada y sistemática.

Una mujer envuelta en la bandera colombiana durante la marcha a favor del proceso de paz en Colombia © AP Photo/Ivan Valencia

Una mujer envuelta en la bandera colombiana durante la marcha a favor del proceso de paz en Colombia © AP Photo/Ivan Valencia

Agresiones como la que muestra el hecho de que por primera vez en la historia del Sistema de información contra agresiones a defensores de DDHH en Colombia – SIADDHH, en el tercer trimestre del año las mujeres superaron a los hombres en los registros de agresión en un 30%. También es impactante el dato que revela en su último informe el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en relación a que en Colombia cada día son violadas por lo menos 21 niñas con edades entre los 10 y los 14 años, son una muestra más de que las mujeres y las niñas son escogidas como víctimas por razones de género y como represalia por su labor como defensoras de derechos humanos o como líderes comunitarias y sociales.

Todas las sobrevivientes y víctimas de violencia tienen derecho a la verdad, la justicia y a una reparación completa (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y es necesario volver a recordar que el Estado colombiano tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de adoptar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia sexual, facilitar servicios a las sobrevivientes e investigar a los autores y hacer que comparezcan ante la justicia, y el gobierno tiene la obligación de mostrar suficiente voluntad política para abordar las numerosas causas de impunidad porque entre otras razones, no puede haber una paz duradera sin justicia.

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Las mujeres refugiadas quieren un lugar seguro

Ilustraciones para el Día de la Eliminación de la Violencia de Género © Asia Alfasi/PositiveNegatives/Amnesty International

“Permanecemos en grupos y sólo dormimos cuando realmente nos vence el sueño. Por la noche no salimos de nuestras tiendas, y nuestros hijos tienen que hacer sus necesidades dentro”.

Es el  relato de una mujer que vive con su hija de seis años en uno de los campos habilitados en Grecia para quienes huyen de Siria. La falta de retretes y duchas separadas por sexo, la mala iluminación y la falta de protección, hacen que las mujeres vivan permanentemente con el miedo a ser acosadas y a sufrir todo tipo de violencia por el sólo hecho de ser mujeres.

Este año, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, Amnistía Internacional quiere hacer visible la violencia a la que se ven sometidas las mujeres y niñas refugiadas, en lo que podemos llamar el círculo de los abusos, en sus países de origen en el conflicto, durante el viaje, y en los países de acogida. La organización entrevistó a varias mujeres yazidíes en el campo de Nea Kavala, en Grecia. Habían huido de los ataques del Estado Islámico contra las comunidades minoritarias del norte de Irak, en los que las mujeres y las niñas eran torturadas, violadas y sometidas a matrimonios forzados o a esclavitud sexual.

España ha acogido a 687 personas de las 17.337 comprometidas. Sólo 139 son mujeres  © Asia Alfasi/PositiveNegatives/Amnesty International

España ha acogido a 687 personas de las 17.337 comprometidas. Sólo 139 son mujeres © Asia Alfasi/PositiveNegatives/Amnesty International

La falta de vías legales y seguras hacia los países de acogida aumenta los riesgos de violencia para las mujeres en tránsito, ya que su única opción depende de las mafias. Hala, una mujer de 23 años natural de Alepo, relató a Amnistía Internacional la extorsión sexual sufrida en su largo viaje hacia el norte de Europa: “en el hotel de Turquía, uno de los hombres que trabajaba con el traficante, un sirio, me dijo que si me acostaba con él no pagaría o pagaría menos. Por supuesto que me negué, era algo repugnante. Lo mismo nos pasó a todas en Jordania.”

Las niñas no escapan a la violencia de género y el desplazamiento supone un mayor riesgo de violación y de matrimonios forzados. En Turquía las niñas refugiadas sirias son vistas como posibles segundas y terceras esposas de hombres mayores. Estos días hemos oído la noticia de que el Parlamento de ese país pretendía aprobar una ley por la que los violadores de una menor quedaban sin castigo si se casaban con ellas. Afortunadamente, la presión de las mujeres turcas y de los organismos internacionales de derechos humanos ha impedido la tropelía y el gobierno retira la ley.

La llegada al país de acogida tampoco acaba con la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Maryan (pseudónimo), una mujer siria de Homs que ahora vive en Líbano con su familia, contó a Amnistía Internacional: “un pariente mío murió en agosto. La policía nos tomó declaración a mi hermana y a mí. Nos tomaron todos los datos: nombres, domicilios y números de teléfono. Al cabo de un tiempo, esos policías se pasaban por nuestra casa o nos llamaban y nos pedían que saliéramos con ellos. Como no tenemos permiso legal (de residencia), los agentes nos amenazaron y nos dijeron que, si no salíamos con ellos, nos encarcelarían.”

La guerra no es el único motivo de huida de las mujeres. En países como Honduras, El Salvador y Guatemala, la violencia ejercida por las maras hace que el desplazamiento hacia México y Estados Unidos no tenga sólo una causa económica, sino salvar la vida. La tasa de homicidios de mujeres entre 2008 y 2015 aumentó un 60 por ciento en El Salvador y en Honduras un 37 por ciento. Diana salió de Honduras en 2004 porque a su hermano lo mató una mara, ella lo vio y presentó una denuncia, pero aunque la policía detuvo a los asesinos, no fueron a la cárcel y empezaron a amenazarla. Ahora vive en México donde ha pedido asilo.

Pero estas vulneraciones de derechos humanos no son sólo responsabilidad de los países mencionados. Si los gobiernos europeos no establecen vías legales y seguras de asilo, si se niegan a acoger a las personas que se hacinan en Jordania, Líbano, Turquía, Grecia e Italia, países actualmente saturados, las formas de violencia aquí descritas continuarán.

España ha acogido a 687 personas de las 17.337 comprometidas. Sólo 139 son mujeres. Amnistía Internacional exige al estado español que tenga en cuenta en la política de asilo la situación vulnerable de las mujeres y niñas refugiadas que ahora malviven en los países limítrofes con Siria, o las que esperan salir de los campos de Grecia e Italia. Nuestro país, con su sistema de asilo discriminatorio e ineficaz tampoco está dando la bienvenida que se merecen las personas refugiadas que ya están aquí.

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Como la utopía de Galeano

Antonio, con la fotografía de sus padres desaparecidos © AI

Y es que lo están intentando todo: han reclamado justicia en la Audiencia Nacional, en juzgados territoriales; han llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y nada. De hecho, en 2012 el Tribunal Supremo español fue contundente en afirmar que las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo no podían ser investigadas en España. Llegó a afirmar que investigar esto era una tarea de los historiadores y no de la justicia.

Por eso, muchas víctimas fueron a tocar la puerta de la justicia argentina, pidiéndole que haga lo que no hacía España. Esto gracias a una herramienta jurídica llamada “jurisdicción universal”, que permite a la jueza argentina investigar crímenes cometidos en España, por españoles, contra españoles. Algo parecido a lo que había hecho la justicia española, allá por 1998, en el caso del General chileno Pinochet.

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Facebook, Microsoft, LinkedIn y otros deben resistirse a la visión orwelliana de Internet de China

Conferencia Mundial de Internet © Imaginechina via AP Images

La nueva Ley de Seguridad Cibernética promulgada en China la semana pasada va más lejos que nunca en el endurecimiento del control ya represivo que ejerce el gobierno en Internet, representado por su “Gran Muralla Cortafuegos”, un enorme sistema humano y tecnológico de censura en Internet sin parangón en el mundo.

La nueva ley codifica las prácticas abusivas existentes y trata de convertir las empresas tecnológicas que operan en China en agentes de vigilancia estatales de hecho al obligarlas a entregar enormes cantidades de datos, incluida información personal, y a censurar las publicaciones de los usuarios sin que existan suficientes salvaguardias para proteger la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Las empresas podrían ser acreedoras de importantes sanciones si no lo hacen, y no hay transparencia sobre cómo usarán los datos las autoridades.

Censura
El presidente Xi Jinping ha insistido en que “si no hay seguridad cibernética no hay seguridad nacional”, pero las empresas no tienen que buscar muy lejos para ver la escalofriante realidad de lo que puede significar “seguridad nacional” en las disposiciones legales, generales y poco precisas, de China. A lo largo de los años, el gobierno ha detenido a cientos, si no miles, de personas por cargos de seguridad nacional, a menudo sólo por expresar en Internet opiniones críticas hacia el gobierno.

Un caso que pone de manifiesto la renovada intransigencia de las autoridades, es el de los blogueros Lu Yuyu y Li Tingyu, detenidos este año por los inverosímiles cargos penales de “provocar peleas y crear problemas” por compilar y publicar datos públicos sobre las protestas sociales en China.

Para el bloguero tibetano Druklo, una simple publicación en Internet en la que comentaba una foto que mostraba una gran presencia de soldados armados en un importante centro budista tibetano desencadenó su detención. Por esto y por reproducir una noticia sobre conversaciones entre el gobierno chino y el Dalai Lama, fue condenado a tres años de prisión so pretexto de haber “incitado el separatismo”.

La nueva ley amplía sustancialmente el poder del Estado para vigilar Internet. La información que las empresas de Internet deben eliminar y sobre la que deben informar a las autoridades incluiría los datos sobre protestas publicados en los blogs de Lu Yuyu y Li Tingyu, y los mensajes de Druklo sobre libertad religiosa, junto con información personal, incluso antes de que lo pida la policía. Esta práctica no se limita a personas como Lu Yuyu, Li Tingyu y Druklo, que estaban en el radar del gobierno, sino que incluye también a aquellas cuyas actividades aún no han llamado la atención de las autoridades.

Es una visión orwelliana de Internet, una emboscada para atrapar a las personas a las que el gobierno considera problemáticas, donde el derecho a la libertad de expresión solamente existe a discreción de los censores. Dados el actual endurecimiento político del presidente Xi Jinping y la inexistencia de un poder judicial independiente, no se sabe dónde trazará la línea el gobierno mañana.

Las empresas tecnológicas deben aprovechar la oportunidad que les brinda la reunión de Wuzhen para preguntarse seriamente si quieren hacer negocios en estas condiciones. ¿Están dispuestas a ser cómplices de los abusos contra el derecho de las personas a la libertad de expresión y a la intimidad en Internet?

Para evitar multas, la suspensión o el cese de la actividad, o el cierre de sitios web, la ley exigirá que las empresas de Internet se autocensuren o censuren a sus usuarios en un grado sin precedentes, incluso en China.

Si las empresas de Internet cumplen las disposiciones de la nueva ley, los usuarios que se nieguen a inscribirse con su nombre real no tendrán acceso a redes telefónicas, Internet, redes sociales o servicios de mensajería instantánea. La censura no se detendrá en las publicaciones en las redes sociales, sino que incluirá también los mensajes privados.

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