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“Somos humanos, ¿cuánto tiempo podremos aguantar esta situación?”- Historias de los campos de refugiados de las islas griegas

Las condiciones en el campo de Souda, en Grecia son especialmente duras © Giorgos Moutafis/Amnesty International

No se engañen: aquí también es invierno. Y desde hace meses se sufre un intenso frío y una humedad que aún tardarán en desaparecer. Por eso pedimos al primer ministro griego, Alexis Tsipras, que traslade a todas estas personas al continente, donde podrán cuidarlas mejor en espera de que se decida su suerte.

En la actualidad, hay 15.000 personas atrapadas en las islas griegas, la inmensa mayoría de las cuales ha huido de la guerra en sus localidades de origen. Tras el acuerdo alcanzado en marzo de 2016 entre la Unión Europea y Turquía, miles de personas se han visto obligadas a permanecer aquí, mes tras mes, mientras las autoridades griegas se preparan para enviarlas a toda prisa a Turquía. Y es que el acuerdo parte de la premisa de que Turquía es un país seguro para los refugiados y refugiadas sirios... pero no lo es.

Muchas personas lo han considerado un éxito, ya que ha reducido el número de llegadas a Grecia. Sin embargo, no pasa de ser una maniobra más de la Unión Europea para eludir su responsabilidad con respecto a la población refugiada y hacer que la asuman otros países, condenando a miles de personas vulnerables a espeluznantes condiciones de vida.

Durante nuestra visita hemos hablado con decenas de ellas: unas han llegado solas o y otras acompañadas por familiares de corta edad, de quienes tienen que hacerse cargo. Proceden de toda la región de Oriente Medio y norte de África, o de otros lugares, como Siria, Afganistán, Kuwait, Eritrea y Somalia.

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Turquía: Surrealismo y sufrimiento

Acto para exigir la liberación de Taner frente a la embajada turca en Madrid / Amnistía Internacional

Las apariencias eran las de un tribunal: la sala pequeña y nueva, de madera; sobre la tarima los jueces y fiscales vestidos con togas negras y corbata presididos por la leyenda “la justicia es la fundación del Estado”,  y a ambos lados, abajo, los abogados de los defensores de derechos humanos y varios de los acusados de pertenencia a una organización terrorista. En video, desde Esmirna, Taner Kilic, Presidente de Amnistía Internacional, junto a su defensora, en prisión provisional desde hace ocho meses acusado de ser miembro de un grupo terrorista, se prepara para testificar.

Frente a todos ellos, separados por una barandilla, todos nosotros: diplomáticos, activistas y personal de Amnistía Internacional, familiares de procesados y periodistas, unos sobre otros en un espacio reducido, el país: Turquía.

El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç, junto a su familia // Private

El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç, junto a su familia

Nada más comenzar los procedimientos te das cuenta de que el supuesto tribunal de justicia se deteriora cada minuto hasta transfigurarse en surrealismo judicial e injusticia palmaria. Ante una expectante y desconfiada multitud, y un juez que lidera funcionarialmente el procedimiento, y un fiscal que bosteza y no hace ninguna pregunta, comparece como testigo y con ganas de irse – ni se quita el anorak- el dueño del hotel de Estambul dónde la  policía detuvo hace meses a diez defensores de derechos humanos que celebraban un taller de formación. Este hombre,  con voz baja pero sin dudas, confirma que la reunión supuestamente clandestina fue la más pública y frecuentada de la historia: los defensores reservaron, con nombres reales, una sala con ventanales que permitía que cualquier persona que pasara por ahí los pudiera ver,  y, además, permitían la entrada a camareros para servir café mientras transcurría la reunión con total normalidad.

En el caso de Taner su abogado recuerda que se han presentado cuatro informes técnicos que certifican que el Presidente de Amnistía Internacional nunca usó, en su telefono movil, una aplicación informática cuya utilización se atribuye a los golpistas del año 2016, y menciona también que la policía, después de ocho meses, ni siquiera se ha molestado en hacer su propia evaluación del celular. También aparece nombrado un testigo secreto, que es la base de la acusación a los defensores de derechos humanos, pero a quien nadie conoce y nadie puede preguntar nada desde hace casi un año, y un traductor que nadie encuentra porque dio una dirección  falsa y no puede ser localizado, y que acusa también a los defensores de conspirar en el baño de la sala del hotel dónde se celebraba la reunión.

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Burla al dolor

Familiares visitando las tumbas en el distrito de Pativilca, Perú © La República

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo en su primer mensaje a la nación ante el pueblo peruano que “en el año 2021, año del bicentenario, nuestro país será reconocido en el mundo como una democracia en donde se respetan los derechos humanos”. Poco favor ha hecho para cumplir con este compromiso al indultar, a puertas de la noche buena del año pasado, a Alberto Fujimori, quien cumplía 25 años de cárcel por su participación como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y la Universidad de la Cantuta, considerados crímenes de lesa humanidad, además de otras condenas por secuestro agravado y actos de corrupción.

Carolina Huaman Oyague, hermana de una de las víctimas de La Cantuta se manifiesta con fotos de víctimas frente al palacio de La Moneda, en Chile. // Private

Carolina Huaman Oyague, hermana de una de las víctimas de La Cantuta se manifiesta con fotos de víctimas frente al palacio de La Moneda, en Chile. // Private

Este anuncio dejó fue una bofetada para las familias de las víctimas de los casos mencionados, quienes pedían ser recibidas por el Presidente desde el mes de julio del año pasado, cuando por primera vez hiciera declaraciones sobre un posible indulto. Sin embargo, nunca fueron recibidas. Si lo hubiese hecho, el Presidente habría escuchado a Carolina Oyague -cuya hermana fue desaparecida en la Universidad de la Cantuta- decir que le ha costado muchos años perdonar, pero que eso no significa olvidar y mucho menos estar a favor de la impunidad. Habría escuchado a Rosa Rojas, quien perdió a su hijo Javier de 8 años en la matanza de Barrios Altos, gritando que es injusto que se burlen de su dolor, que podrán indultar a Fujimori pero que ella nunca olvidará a su hijo asesinado.

El juicio a Alberto Fujimori, con una aplicación impecable del debido proceso, fue un ejemplo a nivel mundial sobre cómo juzgar en el propio país a un ex presidente por graves violaciones a los derechos humanos. Hoy, este triunfo del estado de derecho sobre la impunidad ha sido fulminado por la concesión del indulto y de la gracia presidencial.

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Madres de Soacha: Diez años de lucha

Dos de las denominadas Madres de Soacha en su visita a Madrid con los carteles de sus hijos desaparecidos

Hace hoy justo 10 años que le arrebataron la vida a Fair Leonardo Porras Bernal. Ese día desapareció y no se volvió a saber nada de él hasta ocho meses después, cuando encontraron su cadáver en una fosa común en Ocaña, en el departamento del Norte de Santander.

También hace hoy justo 10 años desde que la vida de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, cambió para siempre. Desde ese día, al igual que otras madres que corrieron el mismo tipo de suerte, se convirtió en una Valiente.

Fue el 16 de septiembre del 2008 cuando Luz Marina Bernal recibió la llamada telefónica en la que le informaron de que se había encontrado el cadáver y que según la información que facilitaron fuentes del ejército sobre su muerte, su hijo era miembro de un grupo armado ilegal. Investigaciones posteriores realizadas por la Fiscalía General de la Nación establecieron la falsedad de esta información e indicaron que Fair Leonardo Porras Bernal había sido ejecutado extrajudicialmente por el ejército.

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Las Valientes

Azza Soliman, abogada que atiende a víctimas de violencia sexual en Egipto / IN-LIGHTING

El último informe publicado por Amnistía Internacional sobre asesinatos y desapariciones forzadas de defensores y defensoras de derechos humanos documenta, entre otros, los casos de 30 mujeres asesinadas por defender estos derechos en diferentes partes del mundo. Leyéndolo una se pregunta cuándo y por qué esas mujeres decidieron arriesgar su vida.  

Muchas de ellas eran abogadas o periodistas, y, quizás sin pensarlo, al hacer su trabajo se convirtieron en defensoras de derechos universales. Porque con sus crónicas sobre la violencia en Chechenia, Natalia Estemírova, secuestrada y asesinada en 2008, estaba defendiendo la libertad de expresión. Porque al formar parte de una asociación de juezas y jueces, Mireya Efigenia Mendoza, también asesinada, contribuía a fortalecer el sistema de justicia en Honduras.

Cuando mujeres valientes como ellas se oponen a leyes y prácticas injustas de los gobiernos, cuando  informan y sensibilizan a la ciudadanía, cuando apoyan a personas en entornos difíciles, o cuestionan la opinión pública discriminatoria, o interfieren en intereses poderosos, están en riesgo su profesión, el desarrollo de su actividad, e incluso su vida. Y con ellos, los derechos en nuestras sociedades. Porque cuando se silencia la causa que se investiga desaparece el problema. Y cuando se acalla una agresión sexual la discriminación de género se hace invisible. Y cuando la impunidad se extiende, la vulneración de los derechos humanos se generaliza

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Líbano: Historias de encuentros y desencuentros

Heba Meri, una refugiada palestino-siria en el campo de Shatilla, Beirut, Líbano © Moises Saman / Magnum Photos

Atrapada en un taxi en uno de esos infernales atascos que bloquean Beirut, llevaba 20 minutos escuchando en la radio a un hombre hablar y hablar, sin entender nada. Mi compañera me aclaró que se trataba de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbolá, convocando una protesta masiva que se produciría en los días siguientes. En los cafés aledaños la gente seguía el largo discurso con sumo interés. Imposible evitar comparar este modo de comunicación con los tweets de Trump.

Manifestación en Líbano / Bilal Hussein

Manifestación en Líbano / Bilal Hussein

Con más de medio millón de palestinos, los barrios del sur de la capital libanesa han presenciado una de las mayores movilizaciones contra la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel y de desplazar ahí la sede de su embajada en ese país. Cualquier decisión sobre los territorios palestinos tiene aquí una especial caja de resonancia, al igual que otros conflictos y tensiones regionales.

Beit Beirut, un centro para la memoria
Los edificios marcados por los proyectiles, algunos de ellos meros esqueletos que parecen a punto de desmoronarse, bastarían para recordar la guerra que desgarró Líbano entre 1975 y 1990. Sin embargo, la arquitecta Mona El Hallak opina que no hay un deseo popular ni una voluntad política de preservar la memoria.

Mona pasó en Beirut todos los días de la guerra. Creció con ella. Y como arquitecta afirma que el plan de reconstrucción de Beirut no ha sido tal, sino un borrón de barrios enteros. Luchando contracorriente, lleva 23 años tratando de convertir un edificio condenado a la demolición en un centro para la memoria. Es Beit Beirut (Casa de Beirut).

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Personas refugiadas en Libia: atrapadas en una espiral de explotación con la complicidad europea

Una persona refugiada llora en Tripoli, Libia, tras ser capturada por policía anti-migración en un bote con destino a Italia © TAHA JAWASHI

“En la cárcel nos golpeaban a menudo”, contaba Ousman, quien había pasado cinco meses en un centro de detención de Trípoli en 2016. “ Mataron a muchos chicos. Vi morir a muchas personas en la cárcel, porque caían enfermas o porque las golpeaban.

Ousman es una de las centenares de miles de personas refugiadas y migrantes que se han atrevido a hacer el viaje hasta Libia cruzando África y sólo una de las decenas de miles que han acabado atrapadas en un compleja red de abusos y extorsión.

Las personas refugiadas y migrantes sufren de manera habitual violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios libios, así como abusos infligidos por grupos armados y bandas criminales, que a menudo actúan en estrecha colaboración y por conveniencia económica mutua. En un país sin ley, las personas refugiadas y migrantes se han convertido en un recurso que se puede explotar, en un bien alrededor del cual se ha formado toda una industria, como pusieron de relieve el mes pasado las terribles imágenes mostradas en la CNN de una actividad que parecía ser una subasta de esclavos.

Por la reacción de los líderes mundiales ante esas granuladas imágenes, cualquiera diría que se trata de algo inesperado y que es un problema propio de África. Pero nada podría estar más lejos de la verdad.

Personas migrantes y refugiadas esperan en el centro de Gharyan, a unos 80 kilómetros al sur de Tripoli, Libia © TAHA JAWASHI

Personas migrantes y refugiadas esperan en el centro de Gharyan, a unos 80 kilómetros al sur de Tripoli, Libia © TAHA JAWASHI

La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros –Italia en particular– se han centrado en su objetivo de restringir la afluencia de migrantes a través del Mediterráneo sin pensar apenas en las consecuencias para las personas atrapadas en Libia debido a ello o sin que parezcan preocuparles mucho.  Se han puesto a firmar acuerdos de cooperación con autoridades libias que son responsables de graves violaciones de derechos humanos, en particular la Guardia Costera y la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal.

Aparentemente, estos acuerdos concebidos para aumentar su capacidad para hacer frente a los contrabandistas, efectuar operaciones de búsqueda y salvamento e impedir las salidas irregulares han dado buen resultado. El número de llegadas a Italia ha descendido un 67% entre julio y el 7 de noviembre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado, y las muertes en el mar se han reducido de manera similar. Pero los países de la UE no deberían fingir asombro o indignación ante la evidencia del coste humano de estos acuerdos.

Las autoridades de la UE e italianas son poco convincentes cuando afirman no tener conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo algunos de los funcionarios de los centros de detención y agentes de la Guardia Costera libia con los que cooperan tan asiduamente. Ni son tampoco muy creíbles cuando dicen que han exigido insistentemente a sus interlocutores libios mecanismos y garantías de protección de derechos clave. Debido a ello, con cómplices en esos abusos e incumplen sus propias obligaciones en materia de derechos humanos.

La penalización de la entrada irregular en la legislación libia, sumada la ausencia absoluta de normas jurídicas o de infraestructura práctica para la protección de las personas solicitantes de asilo y las víctimas de tráfico, ha convertido la detención masiva, arbitraria e indefinida en el sistema primario de gestión de la migración del país.

Las personas refugiadas y migrantes que la Guardia Costera intercepta son enviadas a centros de detención de la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal donde reciben un trato terrible. Hasta 20.000 personas se hallan recluidas actualmente en estos centros de detención en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Las personas migrantes y refugiadas que entrevistamos contaban haber sufrido o haber visto cometer abusos como detención arbitraria, tortura, trabajo forzoso, extorsión y homicidio ilegítimo, perpetrados por autoridades, traficantes, grupos armados y milicias por igual.

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El asesinato de Karla en México: la puerta de cristal no fue la única culpable

La madre de Karla Pontigo con un retrato de su hija, asesinada hace cinco años en San Luis Potosí, México

Para asegurarse de que la puerta de cristal era la única asesina de Karla los empleados del local limpiaron de posibles evidencias el lugar de su muerte antes de que llegara la policía, que tardó 29 horas en inspeccionar el escenario del crimen. Por si esta tarea no fuera suficiente para garantizar la impunidad, varias de las pruebas clave en la investigación se perdieron y hubo demoras injustificadas en el procesamiento y análisis de evidencias físicas, químicas y genéticas clave en la investigación de la muerte de Karla, y que ha hecho que hoy en día no existan razones científicas, físicas y psicológicas suficientes para esclarecer los hechos y establecer sin duda la causa de muerte.

Sólo se ha acusado al dueño del local dónde murió Karla de homicidio culposo, es decir, de tener esa puerta en el lugar equivocado. No contaban, eso sí, con la determinación de la madre de Karla, que lleva al menos un par de años recibiendo amenazas y visitas intimidatorias en su casa por intentar saber, sin descanso, qué ocurrió con su hija aquel 28 de octubre del año 2012 y el nombre de los responsables de su muerte.

Amnistía Internacional ha denunciado la impunidad que rodea al asesinato de Karla Pontigo

Amnistía Internacional ha denunciado la impunidad que rodea al asesinato de Karla Pontigo

Estas amenazas se recrudecieron cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo gubernamental, emitió la recomendación 55/2015 el 30 de diciembre de 2015 reconociendo violaciones al derecho de acceso a la justicia en el caso de Karla, así como, a los derechos de las víctimas, y solicitando al Gobernador del Estado de San Luis Potosí reparar el daño por las irregularidades en la averiguación previa. Tan escandalosa ha sido la falta de investigación de la muerte de Karla que, en un giro insólito de los acontecimientos dado el nivel de impunidad en México del feminicidio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza ahora si el ministerio público garantizó a los familiares de Karla Pontigo el derecho de acceso a la justicia a través de un recurso adecuado y efectivo que asegurase una investigación con perspectiva de género orientada a conocer la verdad de lo ocurrido.

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El Archivo César y las fotos del infierno en Siria

"En Siria se han cometido los peores crímenes del siglo XXI", ha dicho Stephen Rapp// Max Black

De Siria (personas desaparecidas, torturas, crímenes de lesa humanidad), de las fotografías de "César", del caso sirio en la Audiencia Nacional, de justicia universal.... De todo esto se habló ayer en el acto organizado por la Fundación Abogacía Española, el despacho Guernica 37 y Amnistía Internacional. Pero al final, una pregunta queda siempre en el aire: ¿hay alguna manera de que las víctimas obtengan justicia?

Stephen Rapp, a la derecha; e Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, durante el acto sobre la búsqueda de justicia fuera de Siria / Amnistía Internacional

Stephen Rapp, a la derecha; e Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, durante el acto sobre la búsqueda de justicia fuera de Siria / Amnistía Internacional

Stephen Rapp, ex embajador itinerante de Estados Unidos contra los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, alguien que tuvo el privilegio de formar parte de los tribunales especiales que consiguieron arrancar algo de justicia para las víctimas de los conflictos de Ruanda y de Sierra Leona, no dudó en afirmarlo: en Siria se han cometido los peores crímenes del siglo XXI. Y, según los expertos, en más del 90% la responsabilidad es del régimen de Bashar al-Assad. No es una acusación fortuita e infundada; lo demuestran cientos de miles de documentos en los que, en su afán burocrático, el gobierno lo registraba todo, hasta lo peor, y que después quedaron abandonados. Las pruebas, dice Rapp, son más sólidas que las que llevaron a la cárcel a los criminales de Ruanda o de Sierra Leona.

Archivo César
Entre esas pruebas destaca un conjunto de fotos conocido como el "archivo César". César (nombre ficticio por razones de seguridad) trabajaba como fotógrafo forense de la Policía Militar siria. A partir de 2011 le empezaron a llegar decenas, hasta un centenar de cadáveres al día, con señales de tortura, amputaciones, heridas de sustancias químicas, personas muertas de hambre... Todo muertos en los centros de detención gubernamentales. Sobre todo eran hombres, pero también había mujeres, menores y ancianos.

En un momento dado empezó a darse cuenta de que conocía a algunas de esas personas. No eran rebeldes ni miembros de grupos armados. Quizás, en algunos casos, habían sido críticas con el gobierno o manifestantes, pero a veces ni siquiera eso.

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El Chocó: entre la esperanza, la desolación y el olvido

Niños jugando en la región de Bojaya, Chocó/ AI

El Chocó –con un 10% de su población indígena y un 88% afrodescendiente- es una de las regiones colombianas más duramente castigadas por el conflicto, con diferentes actores armados en constante disputa por el control del territorio. En el centro de todo el enfrentamiento, se encuentra, como siempre, la población civil. Muertes, desplazamiento forzados, víctimas de minas antipersona, violencia sexual, son algunas de las vulneraciones de derechos humanos que se han producido en una región en la que el 60% de la población  está registrada como víctima del conflicto armado.

Recientemente tuve la oportunidad de viajar al Chocó y  conocer de cerca cuál es la situación de algunas de sus comunidades, más concretamente las ubicadas en la región de la cuenca del Bajo Atrato y constituidas como zonas humanitarias. Cuando viajas por este departamento, cuya geografía se puede trazar en función a las masacres que en ella se han cometido, lo primero que se hace presente, paradójicamente, es una ausencia: la ausencia del Estado. El total olvido institucional que sufre la región y sus habitantes por parte del gobierno colombiano y la falta de políticas públicas se hace evidente a cada paso.

Mujeres indígenas desplazadas en Colombia

Mujeres indígenas desplazadas en Colombia

Es difícil encontrar a una persona que no haya perdido a uno o varios miembros de su familia, haya sido desplazada o despojada de sus tierras, le hayan amenazado, haya sentido miedo a perder la vida. Todas las comunidades tienen su “casa de la memoria”: su humilde “monumento” en recuerdo a los que ya no están. Necesitan contar lo que han sufrido, darlo a conocer: es su derecho a la verdad, un derecho que en ocasiones parece que solo pueden tener frente a observadores internacionales.

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