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"Ya hemos matado a tu hermano. Puedes salir de tu escondite y llevártelo"

En poco más de una quincena, unas 370.000 personas de etnia rohingya (un 80% de ellas mujeres y niños) se han arriesgado a viajar a Bangladesh desde el estado birmano de Rajine.// Amnistía Internacional

COX’S BAZAR, Bangladesh — A medida que una se acerca a la localidad pesquera de Shamlapur, junto a la extensa y sinuosa playa de arena de Cox’s Bazar, va creciendo la sensación de que algo marcha mal. Decenas de miles de personas exhaustas salen de las destartaladas embarcaciones en las que han cruzado el río Naf, en un peligroso viaje desde Myanmar. Agotadas y traumatizadas, buscan refugio donde pueden. De hecho, al entrar en una escuela me topo con cientos de personas congregadas en silencio en su interior. Alrededor de la mitad son niños y niñas,  pero no se oye ni un llanto, ni una risa. Hasta los bebés, desfallecidos, guardan un silencio sepulcral.

En poco más de una quincena, unas 370.000 personas de etnia rohingya (un 80% de ellas mujeres y niños) se han arriesgado a viajar a Bangladesh desde el estado birmano de Rajine. Presas del pánico, han abandonado sus viviendas para huir de la campaña de castigo del ejército en represalia por una serie de ataques de insurgentes rohingyas, en los que murieron 12 personas. Y es que las operaciones de castigo del ejército birmano no reparan en la proporcionalidad ni en la legalidad: se trata de los peores actos de violencia documentados por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos en esta convulsa región durante los últimos cinco años.

Las autoridades birmanas se han esforzado mucho por impedir la información independiente en torno a esta crisis, pero existen imágenes satélite en las que se aprecia cómo el fuego ha devorado cientos de hogares. Aunque, según informes fidedignos, algunos de estos incendios han sido obra de los propios grupos armados rohingyas, la inmensa mayoría de las casas fueron atacadas e incendiadas por el ejército birmano que, con ayuda de grupos paramilitares locales, consiguió rodear pueblos enteros. Quienes sobrevivieron a estos ataques me contaron cómo, cuando el ejército se acercaba, su llegada era anunciada por los disparos que lanzaban al aire los soldados. Por su parte, los paramilitares, blandiendo palos, varas de metal y grandes cuchillos, sitiaban los pueblos. Cuando la población intentaba huir, los soldados disparaban.

Lo que tiene lugar en el estado de Rajine no es una concienzuda operación contra la insurgencia. Lo que estamos viendo puede calificarse de limpieza étnica, de persecución contra la población rohingya por su etnia y su religión. En términos jurídicos, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad: entre otros, el desplazamiento forzado de un cuarto la población rohingya del país a causa de la violencia.

De los 15 casos de heridas de bala que documenté durante el primer día y medio posterior a mi llegada, todas las victimas menos una habían sido alcanzadas en la parte superior del cuerpo —el torso y los brazos—, con lo que sus heridas eran graves o incluso mortales. Cuando otras personas acudían a ayudar a los heridos, también ellas eran atacadas.

Al sentarme a hablar con el joven Karam, de Maungdaw, noté que se encogía de dolor mientras intentaba acomodarse en la silla. Sus heridas estaban aún frescas. Levantándose el lungui —prenda tradicional que llevan los hombres en Myanmar— dejó al descubierto un moratón perfectamente simétrico en las dos piernas. Karam había sido golpeado por intentar rescatar a su hermano, de 17 años, alcanzado en la espalda por un disparo de las fuerzas de seguridad cuando intentaba huir.

Mohammed intentaba escapar cuando le dispararon en la pierna

Mohammed intentaba escapar cuando le dispararon en la pierna

Los golpes que le propinaron fueron tan fuertes que dejaron claramente impresa, en sus piernas, la impronta de las varas de metal y los palos que utilizaron. Como le habían roto las costillas, tenía dificultades para respirar. Al final, Karam consiguió escapar de la muchedumbre que lo perseguía y llevarse a su hermano. Un grupo de hombres rohingyas intentó ayudarlos, con la esperanza de conseguir atención médica una vez en Bangladesh. Pero el hermano de Karam no resistió: murió cuando cruzaban un río cercano.

Lamentablemente, testimonios como éste son ahora muy comunes en Bangladesh. Desde 1978, sucesivas oleadas de refugiados y refugiadas rohingyas han abandonado sus hogares a causa de los ataques del ejército, embarcándose en desesperados viajes en busca de una seguridad y una dignidad difíciles de encontrar. Los campos de la agencia de la ONU para los refugiados ya se llenaron hace tiempo. Incluso los improvisados refugios construidos por otras personas para dormir se encuentran al máximo de su capacidad. Parece que los recién llegados no tienen adónde ir. Es aterrador comprobar cómo sus testimonios coinciden con lo documentado por Amnistía Internacional el pasado mes de diciembre, cuando la organización concluyó que los ataques de naturaleza sistemática perpetrados contra la población rohingya constituían crímenes de lesa humanidad.

No se trata de una nueva crisis. Es algo que lleva decenios gestándose. El calvario de los rohingyas tiene su origen en un sistema discriminatorio que les niega reconocimiento y dignidad. En concreto, la ley de ciudadanía birmana de 1982 los despojó de derechos que todo el mundo debería poder dar por descontado. En Myanmar, la población rohingya y otras minorías étnicas han sido sistemáticamente marginadas. La sociedad birmana está fracturada hace tiempo, y la violencia que vemos ahora es resultado de ello.

Puede que Aung San Suu Kyi esté el mando del gobierno, pero no tiene el control. Ha pedido tiempo y paciencia, mientras trabaja a la sombra de un arrogante ejército que aún controla ministerios clave, un cuarto del Parlamento y la seguridad interna. Sin embargo, los rohingyas no disponen de tiempo. Aung San Suu Kyi tiene, sin lugar a dudas, una responsabilidad moral de la que se ha desentendido hace tiempo. Lejos de hablar en defensa de la castigada población rohingya o de guardar, al menos, silencio, ha optado por prestar su voz —antaño digna de crédito— para justificar los abusos que se están cometiendo Así, ha calumniado a los trabajadores y trabajadoras humanitarios, a los que ha acusado de ayudar a “terroristas”, negando al mismo tiempo las violaciones de derechos humanos que se están produciendo.

La responsabilidad de esta crisis es, sobre todo, del ejército birmano, que ha creado y ejecutado una política de castigo contra toda la comunidad rohingya. Por tanto, el ejército debe rendir cuentas por los crímenes que ha cometido. A menos que la comunidad internacional aborde con determinación lo que está sucediendo, no habrá forma de impedir que cientos de casas más sean incendiadas, y que cada vez más personas se vean obligadas a huir.

Mohammed, uno de los refugiados, me enseñó una herida de bala en la pierna izquierda. Intentaba escapar cuando le dispararon. Escondido tras unos árboles, vio cómo los soldados ataban a su hermano las manos a la espalda con una cuerda. Más tarde, Mohammed llamó al teléfono de su hermano para ver si se encontraba bien. El militar que respondió le dijo: “Ya hemos matado a tu hermano. Puedes salir de tu escondite y llevártelo”. Si la comunidad internacional no actúa de inmediato, no quedarán más que cadáveres y casas en ruinas para la población rohingya.

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Secretos que matan la Esperanza

Imagen del barco Esperanza de Greenpeace atracado en Bilbao, septiembre de 2017

Son 72 metros de eslora. Es lo que oímos decir en las películas sobre los barcos: palabras como eslora. Y nos imaginamos: esas ventanillas redondas y enmarcadas en madera típicas de un camarote, el viento azotando los abrigos y la melena de quienes pasean mirando al mar infinito por cubierta. No es cualquier buque, es uno que navega “salvando vidas”, librando un tipo de batalla contra la que algunos pretenden mirar hacia otro lado. Es el Esperanza, el barco de Greenpeace que recorre estos días la costa norte española y que hoy se ha detenido en Bilbao para denunciar, junto a Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y FundiPau, el secretismo y la falta de control por parte del gobierno de España en la venta de armas.

Muy lejos, a seis mil kilómetros de distancia, a tres mares si contamos el que baña los alrededores de Bilbao, está Yemen. Un país de 24 millones de habitantes que ha perdido al menos a 5.144 de ellos y ellas desde que comenzó en 2015 un conflicto en el que ambas partes enfrentadas han cometido graves violaciones del derecho internacional, y que parece algo más olvidado que el de Siria, especialmente para las autoridades españolas.

Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Greenpeace y Fundipau en la presentación del nuevo informe de la campaña Armas Bajo Control

Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Greenpeace y Fundipau en la presentación del nuevo informe de la campaña Armas Bajo Control

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Nada es igual si alguien desaparece

Campaña de Amnistía Internacional para el Día de la Víctimas de Desapariciones Forzadas // Amnistía Internacional

“Siempre me pregunto: ¿habrá tenido hoy comida suficiente? ¿Estará herido? Pero quizás nada de esto importe. Quizás esté muerto”. Puedo ponerme en la piel de esta madre cuyo hijo desapareció en en 2011. No importa el país, no importa cuándo se cometió esa desaparición forzada, con los relatos de los familiares se podría construir una sola historia.

Puedo sentir la tristeza de María Guadalupe Fernández cuando entra en el dormitorio de su hijo. Impecablemente limpio, intacto desde la tarde de enero en la que los relojes se pararon en esos pocos metros cuadrados. Una llamada en la puerta de su casa le trajo la terrible noticia. José Antonio Robledo Fernández, su único hijo de 32 años, había sido secuestrado por un grupo de hombres armados en Monclova, a 1000 kilómetros de México D.F. Intactos siguen sus DVD, sus CD, sus fotos de graduación y de viajes.

Lo peor es seguir sin saber qué le sucedió. Lo peor para ella y para las familias de las 32.096 personas que se hallan en paradero desconocido en México, según datos del propio Gobierno hasta junio de 2017.  El Ejecutivo mexicano no especifica cuántas son víctimas de desaparición forzada.

Noura Ghazi no era optimista con la suerte que su marido, Bassel Khartabil, hubiera podido correr en prisión. La última vez que pudo hablar con él, el 3 de octubre de 2015, el propio Bassel le contó que le trasladaban a un lugar desconocido. Llevaban viéndose tres veces al mes desde 2012, cuando fue encarcelado. Incluso se casaron cuando él estaba en prisión. A partir de esa llamada, Bassel se convirtió en una de las más de 78.000 personas desaparecidas en Siria desde 2011 hasta junio de 2017, según datos de la Red Siria de Derechos Humanos.

El pasado 1 de agosto la familia de Bassel, activista sirio, anunciaba su muerte

El pasado 1 de agosto la familia de Bassel, activista sirio, anunciaba su muerte

Noura había oído rumores de que podría haber sido condenado a muerte y las informaciones que llegaban de las cárceles sirias no eran alentadoras. Sólo en la prisión de Saydnaya entre 2011 y 2015 hasta 13.000 personas habrían sido ahorcadas después de juicios sin garantías que les condenaron a muerte.

“Pero pensar en la posibilidad de pudiera estar vivo me animaba a seguir denunciando lo que pasa en las cárceles sirias”. El pasado 1 de agosto, la familia de Bassel anunciaba su muerte. Dos largos años han pasado desde que en 2015 fuera “juzgado”, “condenado a muerte” y ejecutado. Dos años para dar una noticia. El cuerpo no se ha entregado a la familia todavía.

“Nunca me olvidaré de él, pero las cosas serían diferentes si al menos tuviera un lugar donde presentarle mis respetos”, cuenta María Guadalupe.

Un lugar donde puedan descansar juntos es lo que quiere Antonio Narváez para sus padres. “Tenía tres años cuando ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre le habían matado un mes antes, fue de los primeros que cayeron en Marchena (Sevilla). Hoy sigue enterrado en una fosa”. La madre de Antonio no figura en ningún listado como víctima o fallecida. Antonio tiene 83 años y además de querer darles un entierro digno, como María Guadalupe o como Noura también quiere justicia.

En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

Antonio Narváez quiere enterrar a sus padres, ambos desaparecidos durante la Guerra Civil // Amnistía Internacional

Antonio Narváez quiere enterrar a sus padres, ambos desaparecidos durante la Guerra Civil // Amnistía Internacional

Con la desaparición forzada, las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) los detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional. Muchas de estas personas nunca son puestas en libertad y no llega a conocerse qué ocurrió con ellas.

La desaparición forzada no es un hecho puntual, en la medida en la que las familias no tienen respuesta sigue prolongándose en el tiempo. No importa que sean recientes como en el caso de Siria o México, o se hayan producido hace décadas como en España; en todos los casos hay un denominador común: sus familiares serán sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica. Tienen que enfrentarse a extorsiones a cambio de información, a amenazas por seguir buscando la verdad, o a una situación económica complicada porque tienen que presentar un certificado de defunción para poder optar a ayudas o pensiones económicas.

Nuestras vidas no habían sido iguales si nuestra madre, nuestro abuelo o nuestra tía no hubieran existido, si nunca les hubiéramos conocido. Por eso, este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional lanza la campaña:  Nada es igual si alguien desaparece. Se trata de una acción digital, en la que a través de series de televisión preguntamos: ¿qué pasaría en tu serie favorita si uno de los personajes claves no hubiera formado parte de ella?

Con esta acción queremos recordar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo y a sus familias, casos que siguen estando vigentes. Con esta campaña pedimos al Gobierno español que se realicen las investigaciones necesarias para aclarar el paradero de estas personas.

Cuando un familiar, un amigo, alguien cercano desaparece, nos afecta para toda la vida, especialmente si no hay respuesta de que pasó. Así que párate por un momento a pensar como habría sido la tuya si alguna persona cercana a ti hubiera desaparecido de manera forzada. ¿Querrías saber?

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Desmontando mitos sobre personas refugiadas: 5 razones por las que es necesario que respondas

Rescate en el Mediterráneo por parte de la ONG Proactiva Open Arms / David Ramos/Getty Images

Miles de personas que huyen del conflicto, la persecución y la violencia tratan de alcanzar la seguridad en Europa. Otras escapan de la pobreza. A pesar del riesgo que entraña la travesía del Mediterráneo, muchas viajan por mar. La ruta del Mediterráneo hasta Europa sigue siendo la más peligrosa y letal del mundo. Sin embargo, las personas refugiadas y migrantes no van a dejar de tomarla. Las impulsa a hacerlo el peligro al que se enfrentan en sus países de origen, las penurias que siguen sufriendo en los países vecinos de acogida, el cierre de las rutas terrestres y la insuficiencia de los canales regulares de migración. Mientras los gobiernos europeos no ofrezcan unas rutas adecuadas, seguras y regulares hacia Europa, la gente seguirá emprendiendo viajes peligrosos.  


Los Estados europeos han dado progresivamente la espalda a una estrategia de búsqueda y salvamento que estaba reduciendo las muertes en el mar en favor de otra con la que se han ahogado miles de personas. En el Mediterráneo central la tasa de muertes se ha triplicado pasando del 0,89% en la segunda mitad de 2015 a 2,7% en 2017. Además, los países de la UE están priorizando sin rubor alguno acuerdos temerarios con países terceros, en un intento desesperado por impedir que personas refugiadas y migrantes lleguen a Europa. En esta línea están aumentando la cooperación con Libia, donde las personas refugiadas son detenidas y sufren abusos, incluidas torturas y violaciones.

2. “Salvar las vidas está bien, pero no queréis dejarlos en su sitio de partida, queréis traerlos por las bravas ilegalmente, y eso un delito.”


Las personas refugiadas huyen de sus países de origen porque sus vidas están amenazadas. Necesitan un lugar seguro para volver a empezar y una oportunidad para hacer una contribución positiva. Los Estados deben acatar su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de cooperar en las operaciones de búsqueda y salvamento y evitar que se pierdan vidas en el mar. Las medidas de control de las fronteras y la inmigración no deben tener prioridad sobre la búsqueda y el salvamento de personas.  

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Lo que también pasa en Nigeria

Esther Koibel © Amnesty International

La historia se remonta a la explotación que durante años fue llevada a cabo por Shell en el delta del Níger, contaminando la zona durante decenios y dejando tras de sí la devastación de comunidades locales, algunas de las cuales se unieron formando movimientos de protesta, la mayoría aplastados por el propio gobierno.

Cuando Shell puso en conocimiento del gobierno la “incomodidad” que le suponía esta oposición, sabía que con esta declaración marcaba a sus oponentes, que serían detenidos, torturados e incluso abatidos a tiros y que las mujeres y niñas además podrían ser víctimas de violaciones.

Detuvieron y acusaron de implicación en el homicidio de cuatro jefes ogoni (pueblos indígenas de la región) a 14  miembros del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni, entre los que se encontraba Barinem Kiobel, el marido de Esther.

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Liu Xiaobo y el problema de enfermar en las cárceles chinas

Liu Xia y Liu Xiabo © Privado

El preso de conciencia más famoso de China, Liu Xiaobo, ha sido  trasladado a un hospital con un cáncer de hígado que parece ser está en un avanzado grado de desarrollo. Ciertamente estamos hablando de una enfermedad que a veces tarda en dar la cara, ¿pero ha sido así o se le habría podido tratar antes? ¿Se ha negado tratamiento médico a Xiaobo igual que se ha hecho anteriormente con otros defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados?

Liu Xiaobo tenía una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos en China, cuando fue condenado a 11 años de prisión, por participar en la escritura y difusión de escritos en favor de la democracia.

A su esposa la poetisa Liu Xia, en arresto domiciliario ilegal, se le negó el tratamiento indicado por los médicos para su dolencia cardiaca. Las autoridades solo cedieron a que se le tratara tras una enorme presión internacional. Su enfermedad cardiaca y su depresión se desarrollan durante años de arresto incomunicado al que fue sometida cuando se le concedió a Liu Xiaobo el Nobel de la Paz. Sobre ella no pesa ninguna acusación.

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Un año después, Duterte sigue siendo una pesadilla para los derechos humanos

Un cura enciende una vela frente a un muro con eslóganes contra la "guerra contra las drogas" iniciada por el presidente, Rodrigo Duterte. 22 de febrero de 2017. AP Photos/ Bullit Márquez

No podemos decir que no estábamos advertidos. Durante su campaña para la presidencia de Filipinas, Rodrigo Duterte dejó bien patente su desprecio por los derechos humanos y por el Estado de derecho. Juró que llegaría a matar a 100.000 personas, llenando la bahía de Manila de tantos cadáveres que los peces "engordarán".

En el año transcurrido desde que Duterte asumió la presidencia, miles de personas han perdido la vida en la llamada guerra contra las drogas. Cada mañana, las personas que viven en algunos de los barrios más pobres del país encuentran al despertar nuevos cuerpos abandonados en las calles, con señales de heridas de bala. En algunos casos se dejan carteles sobre los cuerpos, en los que se denuncia a los muertos como "traficantes".

En su campaña contra las drogas, Duterte ha incitado a la gente a tomarse la justicia por su mano y matar a cualquier persona sospechosa de consumir o vender drogas. "Si conoces a algún adicto, adelante, mátalo tú mismo", dijo el año pasado ante una multitud de simpatizantes. Propenso a la destemplanza, Duterte no intenta barnizar sus palabras ni ocultar sus intenciones. "Mi orden es disparar para matarte", advirtió a los presuntos autores de delitos relacionados con las drogas. "No me importan los derechos humanos, será mejor que me creas."

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Yo también #SoyRefugio

Refugiados en el campo de Mytilene, en Lesbos, Grecia // Giorgos Moutafid for AMNESTY INTERNATIONAL

Las fotos de Aylan, el niño refugiado tristemente hallado muerto en una playa turca, o la de Omran, sentado en una ambulancia con la mirada perdida y el rostro cubierto de polvo por los bombardeos en Alepo, son algunas de las imágenes recurrentes que me vienen a la mente cuando pienso en las personas refugiadas. Pero también algunas historias bonitas, como la que compartió mi colega periodista, Meritxell Martorell, en el programa 21 días, que se enamoró de un refugiado que conoció grabando en Lesbos. O de grandes luchas, como la que llevaron a cabo Allan y Gyan, dos hermanos con una discapacidad que hicieron en silla de ruedas todo el trayecto hasta Europa y cuyo esfuerzo se vio "recompensado" por fin al poder asistir a un partido de su equipo, el Real Madrid.

Cuando las compañeras de Amnistía Internacional me propusieron participar en esta campaña, 21 días por las personas refugiadas, para hacer del 20 de Junio una fecha especial de una vez por todas, accedí sin pensarlo. Qué son tres semanas en mi vida, ajetreada, pero sin los riesgos a los que se enfrentan estas personas desde que salen de sus países por la guerra o la persecución y tratan de llegar a un lugar seguro, que no siempre lo es.

Alan y Gyan consiguieron su sueño: ver jugar a su equipo favorito // Amnesty International

Alan y Gyan consiguieron su sueño: ver jugar a su equipo favorito // Amnesty International

Para mí, que, como ya he contado otras veces, ser madre es una experiencia tan bonita como dura y compleja, imaginarme dar a luz en un campo y cuidar a tus hijos, como explicaban algunas madres afganas a Amnistía Internacional, me parece increíble. Sin saber cuál será su futuro y si éste pasará por la protección de sus pequeños. Unas mujeres y niñas que, además, tienen necesidades especiales que muchas veces no son atendidas y por las que ni siquiera se les pregunta, además de unos riesgos concretos por su condición de género.

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Hora de acabar con los secretos que matan

Acto de las organizaciones para denunciar las violaciones de derechos humanos que se producen como consecuencia de la falta de control en el comercio de armas

Así se expresaba un diputado del PSOE en 1987 en una conversación en los pasillos del Congreso con Juan Mari Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra, al hilo de unas preguntas parlamentarias presentadas por Bandrés relacionadas con unas polémicas ventas de armas españolas a Marruecos e Irak en aquellas fechas. Los grupos parlamentarios de IU y CDS presentaron entonces diversas iniciativas parlamentarias al respecto, en busca de mayor transparencia en el comercio de armas español.

¿Cuál fue entonces la respuesta del Gobierno? El 12 de marzo de 1987, el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, acordó clasificar como secretas las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo gubernamental responsable de aprobar o denegar las licencias de exportación de armas, apoyándose en la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Han pasado 30 años y poco ha cambiado. Tras la campaña de las ONG que luego impulsarían “Armas Bajo Control”, el Gobierno publica informes sobre las exportaciones de armas desde el final de la década de los 90. La Ley 53/2007, obliga al Ejecutivo a rendir cuentas anualmente ante la Comisión de Defensa, que debe aprobar un dictamen con recomendaciones para el Gobierno. Sin embargo, las actas de la JIMDDU siguen siendo secretas y no existe control parlamentario previo de las exportaciones. En un reciente informe hemos pedido el cese de las ventas armas a Arabia Saudí e Irak, por el riesgo manifiesto de que estas armas se puedan utilizar para cometer atrocidades en la cruenta guerra de Yemen y el conflicto interno iraquí. 

De hecho, estas exportaciones son ilegales porque violan la legislación española, la normativa europea y el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe específicamente la venta de armas para cometer atrocidades. A menos que las actas de la JIMDDU dejen de ser secretas, es imposible saber cómo este organismo evaluó el riesgo de que las armas exportadas en los dos últimos años a Irak y Arabia Saudí se puedan emplear para cometer o facilitar crímenes de derecho internacional.

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17.000 personas refugiadas

El #PuzzleDeSoraya en la sede de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional está montando un puzzle para la Vicepresidenta del Gobierno. Uno gigante, del tamaño de nuestra preocupación por la pasividad que está mostrando el gobierno ante la grave crisis de personas refugiadas. Una crisis humanitaria que tiene el rostro de miles de hombres, mujeres, niños y niñas que se han jugado la vida para llegar a Europa buscando un lugar seguro donde poder, simplemente, vivir.

Con este puzzle, la idea es representar la cantidad de personas que quieren que España sea un lugar acogedor. Para ello se coloca una pieza por cada 1.000 firmas que se suman a la petición a Soraya Sáenz de Santamaría. Y con cada firma, se le envía una carta con un mensaje: que cumpla con su palabra.

En 2015, el gobierno se comprometió con la Unión Europea a acoger a 17.337 personas refugiadas. Y en diciembre de 2016, el Ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó públicamente su intención de cumplirlo.

Activistas de Amnistía Internacional con #ElPuzzleDeSoraya

Activistas de Amnistía Internacional con #ElPuzzleDeSoraya

Son muchas las promesas que han girado en torno a la crisis de refugiados más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Desde enero de 2015, más de 400.000 personas, la mayoría refugiadas, se han embarcado en peligrosas travesías en busca de refugio en Europa. Más de 2.900 han muerto en el intento, muchas de ellas, niños y niñas. Y las promesas no se han cumplido.

Y desde el mismo lugar desde donde me estremecen estas cifras, veo las fichas que faltan por colocar. Amontonadas, esperando a ser colocadas en el lugar donde deberían estar.

El contador suma 1.000 nuevas firmas. Una pieza más en el puzzle, que quema en nuestras manos.

Quema, porque el tiempo se acaba. Se acaba para las personas refugiadas, víctimas de esta crisis humanitaria que podría acabar hoy si los gobiernos europeos compartieran un poco de responsabilidad y abrieran un poco los ojos para ver que sus decisiones no son una cuestión de cifras. Que es el futuro de miles de personas lo que tienen en sus manos y que tienen el poder y la capacidad de protegerlas y que no lo están haciendo.

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