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Siria: rendirse o morir (de hambre)

Familias sirias huyendo de Alepo © GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images

Porque lo que entonces no sabíamos es que lo que acababa de suceder en Alepo era un patrón de actuación que se ha ido repitiendo en otras ciudades con la misma cadencia, con la misma crueldad: asedio – bombardeos – negación de alimentos y medicinas – acuerdo entre las partes – evacuación.

Amnistía Internacional revela en el informe recién publicado es que fuerzas gubermentales sirias (sobre todo), aunque también grupos armados de oposición, sitiaron ciudades controladas por el adversario y habitadas en su inmensa mayoría por civiles. Durante el tiempo que duraba el asedio -meses o años- se sucedían los ataques contra civiles o bienes civiles, incluidas armas de efecto indiscriminado, como las bombas de barril, e incluso armas prohibidas internacionalmente, como las bombas de racimo.

Cuando la desesperación de la población superviviente llegaba a niveles insoportables, el gobierno sirio (a veces con el apoyo de países como Irán o Rusia) o los grupos armados de oposición proponían "acuerdos locales de reconciliación" que terminaban con el desplazamiento forzado de la inmensa mayoría de la población. Los datos demuestran que en más de una ocasión los ataques se intensificaron en los días previos al "acuerdo".

Como si viviésemos en la Edad de Piedra
Un habitante de Daraya, barrio de Damasco sometido durante cuatro años a asedio y que sufrió una de las matanzas más infames del conflicto, utilizó esta expresión para describir las condiciones que soportaron. Se podría decir que se quedó corto si se piensa que las fuerzas gubernamentales incluso quemaron los campos circundantes para evitar que pudiesen cultivarlos. En Daraya la gente comía las hierbas que crecían en las calles.

Civiles en zonas atacadas huyen con bebés en brazos © AMEER ALHALBI/AFP/Getty Images

Civiles en zonas atacadas huyen con bebés en brazos © AMEER ALHALBI/AFP/Getty Images

"Había un niño que cuando lo conocí por primera vez con cinco años, en 2014, era muy listo. En el momento de irnos en (agosto) de 2016, estaba irreconocible. Era como un cuerpo muerto con los ojos abiertos... El hambre realmente pasó factura a los niños y niñas. Era lo más duro de ver, estos  pequeños tan flacos, tan débiles... Era descorazonador escuchar sus historias – una vez uno de los niños dijo que deseaba morir como su padre para así poder comer en el cielo", contó a Amnistía Internacional un maestro que mantuvo una escuela subterránea durante todo el asedio en Daraya.

Un superviviente de Alepo relató a nuestras investigadoras la otra cara del sufrimiento: " Hacen falta meses para morir de hambre. Los ataques aéreos eran otra cosa. Podías morir por metralla en una fracción de segundo. Nadie estaba protegido contra los ataques aéreos y de artillería. Civiles, rebeldes, edificios, vehículos, puentes, árboles, huertos... todo eran objetivos".

¿Y ahora qué?
¿Qué ha sido de los miles de personas que se vieron forzadas a desplazarse a raíz de estos "acuerdos de reconciliación"? La mayoría se encuentran en condiciones calamitosas, con acceso limitado a ayuda humanitaria y con pocas oportunidades de conseguir un empleo. Sus expectativas de regresar a sus casas son casi nulas por los daños irreparables, por el miedo a represalias o porque no disponen de los documentos que demuestran su propiedad. Y los planes de reconstrucción que está anunciando el gobierno sirio parecen alejar incluso más su derecho a volver.

Un hombre sentado en los escombros en Alepo © AFP/Getty Images

Un hombre sentado en los escombros en Alepo © AFP/Getty Images

Lo peor de todo es que  esto no ha acabado. Según cifras recientes de Naciones Unidas, alrededor de 500.000 personas en Siria siguen atrapadas en zonas asediadas en su inmensa mayoría por  fuerzas gubernamentales.

El gobierno sirio y los grupos armados de oposición deben poner fin a estos asedios ilegales y a los ataques directos contra civiles, así como a los ataques desproporcionados e indiscriminados. El gobierno sirio debe cesar el desplazamiento forzado de civiles y permitir a quienes tuvieron que irse regresar a sus casas.

La comunidad internacional no es ajena a todo esto. Amnistía Internacional insta a los Estados, en particular a Rusia, a Irán y a los países de la Unión Europea, a garantizar que toda asistencia financiera que proporcionen al gobierno sirio para la reconstrucción no contribuya a cometer nuevas violaciones de derechos humanos. La prioridad debe ser apoyar los programas orientados a garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

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Viaje en la oscuridad: Los presos rusos, tratados peor que equipaje

Interior de un vehículo de transporte de prisioneros / Tverskoi Vagonostroitelny Zavod

No hace tanto que  Aleksei Sokolov, presidente de la ONG Base Legal estuvo en España invitado por Amnistía Internacional. Vino para denunciar los abusos y las torturas a que son sometidos los presos en las cárceles rusas, y la corrupción que se vive en las mismas. En la elección de los centros donde cumplirán su condena y en sus traslados, tampoco se respetan sus derechos.

El informe que Amnistía Internacional presenta hoy en Moscú pone de relieve los derechos humanos básicos que se están violando: el derecho a la vida familiar, al desplazarlos a miles de kilómetros de sus familiares y limitar sus comunicaciones;  los tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su traslado y  su estancia en las cárceles; y las desapariciones forzadas, dado que se desconoce su paradero durante todo el trayecto.

Nikolai Didyuk, de la Komi Public Monitoring Commission muestra las dimensiones de la furgoneta donde se transporta a prisioneros / Ernest Mezak

Nikolai Didyuk, de la Komi Public Monitoring Commission muestra las dimensiones de la furgoneta donde se transporta a prisioneros / Ernest Mezak

Según el Código Penal ruso, los presos tienen que cumplir su condena en la misma región en la que residen. Pero la misma ley también permite un gran número de excepciones que, en la práctica, supone que dicho precepto no se cumpla en numerosas ocasiones. En el caso de las mujeres, el requisito inicial de cumplir codena cerca de casa desaparece: sólo 46 de las 760 instituciones penitenciarias rusas acogen a  mujeres, aunque bastaría adaptar más prisiones para mujeres. Olga (nombre ficticio) cumplió su condena en Krasnoyarsk, a 4.000  kilómetros de su familia que vivía en Khabarovsk. Tenía un bebé de 5 meses.

La situación se agrava para los presos con serios problemas de salud porque son los familiares quienes les proporcionan la medicación que la prisión no les ofrece. Amur Khakulov fue enviado 2.000 kilómetros de su casa, aunque le diagnosticaron una enfermedad de riñón en estado terminal. El ex-preso no recibió la medicación durante el traslado , (incluso denunció torturas durante el viaje) ni mientras estaba en el hospital. En octubre de 2016 murió en el hospital de la prisión. La única persona que le llevaba la medicación, a pesar de la distancia y del coste, era su madre.

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El plazo acaba, los compromisos continúan

España solo ha reubicado a 1.279 personas de las más de 9000 comprometidas © Samuel Aranda

A veces hay momentos en los que el mundo gira sobre su eje y la vida cambia para siempre. Para Amin y Marian —una pareja siria de Alepo— y sus cuatro hijos de corta edad, ese momento de transformación se produjo una fría mañana del pasado mes de febrero. Y yo tuve el privilegio de presenciarlo.

Estaba en el norte de Grecia visitando el extenso campo de refugiados de Softex. Ubicado en un almacén industrial abandonado en las afueras de Tesalónica, Softex es un lugar lúgubre en los mejores momentos. En una mañana fría y gris de febrero no es un lugar donde nadie elija estar.

Iba caminando por el piso de cemento del almacén cuando vi a Amin, de pie frente a su tienda de lona, con la capucha subida por el frío. Me acerqué y me presenté. Me miró con desaliento. Le pregunté si podía hacerle algunas preguntas y tras encogerse de hombros, me hizo pasar a la tienda, donde su esposa, Marian, estaba sentada en el suelo con su hijo de dos años.

“¿Cómo es la vida aquí, en Softex?” Le pregunté. “¿Qué puedo decirle que no esté ya a la vista?”, respondió haciendo un gesto a su alrededor. La pareja empezó a contarme un poco sobre su vida en Siria y cómo habían huido de la guerra. Desde que habían llegado clandestinamente a Grecia desde Turquía en una barca atestada, más de un año atrás, estaban atrapados en campos de refugiados en condiciones espantosas. El estrés y el cansancio de su situación eran perceptibles en sus voces y rostros.

Justo entonces sonó el teléfono de Amin. Respondió y enseguida quedó claro que no era una llamada normal. Amin escuchaba atentamente, con la cara tensa por la concentración. “¿Este jueves?”, preguntó. “¿Tengo que estar en la embajada de Irlanda en Atenas?... ¿Este jueves?... Gracias, gracias, gracias”. La tensión había desaparecido y empezó a sonreír y luego a llorar. “Nos han aceptado en Irlanda. Nos vamos de aquí. Por fin vamos a empezar una nueva vida”, dijo Amin, abrazando con fuerza a su esposa y a su hijo.

Una de las imágenes colocadas en los locales de los alrededores del Congreso / Samuel Aranda y María Jou Sol

Una de las imágenes colocadas en los locales de los alrededores del Congreso / Samuel Aranda y María Jou Sol

Aman, Miriam y sus hijos son algunas de las personas afortunadas. En virtud del plan de dos años de reubicación de emergencia de la UE que termina hoy, los Estados europeos han aceptado a menos del 30 por ciento de las personas solicitantes de asilo a las que se comprometieron a reubicar en septiembre de 2015. De hecho, de las 66.400 personas solicitantes de asilo que están en Grecia y de las 39.600 de Italia que los países europeos prometieron acoger, sólo se han beneficiado del plan 19.740 de Grecia y a 8.839 de Italia.

Salvo pocas excepciones, la mayoría de los Estados europeos no se ha tomado en serio el plan. No han ofrecido plazas conforme a sus compromisos o han aceptado a solicitantes de asilo a un ritmo muy lento, agravando así el sufrimiento innecesario de hombres, mujeres y niños y niñas atrapados que ya han soportado experiencias traumáticas en sus peligrosas travesías para llegar a Europa.

Entre los peores infractores figuran Polonia y Hungría, que se han negado a aceptar a una sola persona solicitante de asilo de Italia y Grecia. Eslovaquia, que impugnó sin éxito el plan de reubicación ante el Tribunal Europeo, sólo ha aceptado a 16 de las 902 personas solicitantes de asilo que le fueron asignadas, y la República Checa a 12 de 2.691.

España ha cubierto sólo el 13,7% de su cuota; Bélgica, el 25,6%; Países Bajos, el 39,6% y Portugal, el 49,1 %.

Malta es el único país de la UE que ha cumplido sus compromisos. Cabe destacar que Finlandia ha acogido a 1.951 solicitantes de asilo (el 94% de su compromiso), mientras que Alemania es el país que más personas ha reubicado: más de 8.000. Por su parte, Irlanda ha recibido a 459 solicitantes de asilo (el 76,5% de su compromiso). Noruega y Liechtenstein entraron en el plan de forma voluntaria y ambos han cumplido sus compromisos de reubicar a 1.500 y 10 personas, respectivamente.

Mapa de la ruta fotográfica.

Mapa de la ruta fotográfica. Amnistía Internacional

El plan de reubicación de la UE acordado en 2015 distaba de ser perfecto. Sólo estaba abierto a solicitantes de asilo de nacionalidades con un índice alto de aceptación en Europa (sobre todo sirios y eritreos), lo que dejaba sin ninguna opción segura para ir a otros países de Europa a miles de personas que necesitaban protección que llegaban a Grecia e Italia. Pero a pesar de los defectos, era un primer intento de establecer un sistema temporal basado en la solidaridad interna entre los Estados europeos. Este tipo de iniciativas son muy necesarias, pero aun así no abordan toda la magnitud del problema.

En Grecia, tras el cierre de la frontera entre ese país y Macedonia —lo que se conoce como ruta de los Balcanes—, la “reubicación” en otros países europeos se convirtió en la única alternativa para trasladarse en condiciones seguras a otros países de Europa para miles de personas atrapadas en condiciones terribles.

Europa no puede eludir su responsabilidad de proteger a las personas que huyen de la violencia y la persecución a través de la reubicación y por otros medios, como los visados de trabajo y los procedimientos rápidos de reagrupación familiar.

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Un caballo de Troya para los derechos de las mujeres

Día Internacional de la Mujer en Brasil // Andre Penner

“Brasil lleva el estigma de la flagelación en su alma”. Esta frase de la investigadora Sonia Correa llama la atención sobre las ideas y prácticas de castigo, violencia y tortura como métodos de control y dominación de determinados segmentos de la población. No me refiero solo a las millones de las personas negras esclavizadas y a sus actuales descendientes relegados a la marginalidad y expuestos a todo tipo de violencia en Brasil. Me refiero también a las amenazas que las propuestas de reformas legislativas en el Congreso Nacional significan para las mujeres brasileñas de todas las razas.

Recientemente hemos seguido de cerca una propuesta de enmienda a la Constitución cuyo supuesto propósito es proporcionar importantes beneficios a la salud reproductiva de las mujeres. El proyecto de ley propone extender el período de licencia por maternidad en los casos de parto prematuro, con el objetivo de mejorar la salud de los recién nacidos.

Sin embargo, este proyecto de ley es un caballo de troya que oculta una trampa peligrosa: la propuesta de reforma de los artículos 1° y 5° de la Constitución plantea extender la idea de inviolabilidad de la vida al momento de la concepción. De esta manera, el embrión gozaría de la misma protección que el recién nacido. Al establecer que la vida es inviolable desde la etapa embrionaria, esta maniobra prohíbe interrumpir el embarazo en cualquier situación, incluso en aquellos casos en que la ley lo permite: cuando el embarazo es el resultado de una violación, cuando el feto no puede sobrevivir después del parto y cuando constituye un riesgo para la salud o para la vida de la madre.

Mientras vemos que Chile, un país de tradición conservadora, da un paso hacia adelante para garantizar el derecho de las mujeres al libre acceso al aborto legal y seguro en los tres casos anteriores, el Congreso brasileño tramita rápidamente esta enmienda que propone un retroceso a ideas y principios del siglo pasado. Un retroceso que, en última instancia, supone el establecimiento de una jerarquía, según la cual algunas vidas tienen más importancia que otras y el embrión es considerado como una entidad jurídica de mayor importancia que la mujer que lo gesta. Tal propuesta aumentaría aún más la vulnerabilidad de las niñas y mujeres en un país en el que cada once minutos una mujer es violada, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Policía interviniendo en Brasil / Leo Correa

Policía interviniendo en Brasil / Leo Correa

El resultado de esta propuesta de reforma es algo muy serio para una joven democracia como la nuestra. Prácticamente en todas las familias brasileñas hay una mujer a la que se le ha practicado un aborto -clandestino o legal- en alguna ocasión, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Aborto 2016, y cada dos días una muere como consecuencia de ello, debido principalmente a las condiciones precarias e insalubres de los abortos ilegales y clandestinos, según la Organización Mundial de la Salud. Si el Congreso aprueba este proyecto de ley, se transmitirá a la sociedad la idea de que las mujeres deben ser castigadas, maltratadas, humilladas y criminalizadas por buscar ayuda para tomar una de las decisiones más difíciles de sus vidas.

Es fundamental recordar que en 2011, más de la mitad de los casos de violación en el país, alrededor de 250.000, se cometieron contra mujeres y niñas negras, según datos del Ministerio de Salud/SINAN. En el 70% de estos casos, las víctimas fueron niñas y adolescentes. Negarles el derecho a interrumpir un embarazo resultante de una violación es, en realidad, prolongar este acto de violencia. Es un trato cruel e inhumano, un acto de tortura. ¡Es inaceptable!

Al negar el acceso al aborto, incluso en los casos en que actualmente está permitido, la reforma legislativa propuesta constituye un ataque directo contra los derechos individuales de la mujer, contra la autonomía sobre su cuerpo y su derecho de decidir. Ninguna mujer debe ser criminalizada, arrestada, acusada, procesada o condenada por someterse o tratar de someterse a un aborto. Si no somos capaces de garantizar los derechos ya conquistados, ¿es correcto proponer como solución un retroceso?

La función constitucional del Congreso brasileño es promover los derechos y consolidar la democracia en el país. Eso es lo que esperamos y necesitamos. Debemos decirle al Congreso Nacional que los derechos no se liquidan, no retroceden, sino que se expanden. Necesitamos garantizar y reafirmar que no perderemos ningún derecho.  ¡No vamos a quedarnos impasibles ante este ataque a nuestros derechos!

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"Ya hemos matado a tu hermano. Puedes salir de tu escondite y llevártelo"

En poco más de una quincena, unas 370.000 personas de etnia rohingya (un 80% de ellas mujeres y niños) se han arriesgado a viajar a Bangladesh desde el estado birmano de Rajine.// Amnistía Internacional

COX’S BAZAR, Bangladesh — A medida que una se acerca a la localidad pesquera de Shamlapur, junto a la extensa y sinuosa playa de arena de Cox’s Bazar, va creciendo la sensación de que algo marcha mal. Decenas de miles de personas exhaustas salen de las destartaladas embarcaciones en las que han cruzado el río Naf, en un peligroso viaje desde Myanmar. Agotadas y traumatizadas, buscan refugio donde pueden. De hecho, al entrar en una escuela me topo con cientos de personas congregadas en silencio en su interior. Alrededor de la mitad son niños y niñas,  pero no se oye ni un llanto, ni una risa. Hasta los bebés, desfallecidos, guardan un silencio sepulcral.

En poco más de una quincena, unas 370.000 personas de etnia rohingya (un 80% de ellas mujeres y niños) se han arriesgado a viajar a Bangladesh desde el estado birmano de Rajine. Presas del pánico, han abandonado sus viviendas para huir de la campaña de castigo del ejército en represalia por una serie de ataques de insurgentes rohingyas, en los que murieron 12 personas. Y es que las operaciones de castigo del ejército birmano no reparan en la proporcionalidad ni en la legalidad: se trata de los peores actos de violencia documentados por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos en esta convulsa región durante los últimos cinco años.

Las autoridades birmanas se han esforzado mucho por impedir la información independiente en torno a esta crisis, pero existen imágenes satélite en las que se aprecia cómo el fuego ha devorado cientos de hogares. Aunque, según informes fidedignos, algunos de estos incendios han sido obra de los propios grupos armados rohingyas, la inmensa mayoría de las casas fueron atacadas e incendiadas por el ejército birmano que, con ayuda de grupos paramilitares locales, consiguió rodear pueblos enteros. Quienes sobrevivieron a estos ataques me contaron cómo, cuando el ejército se acercaba, su llegada era anunciada por los disparos que lanzaban al aire los soldados. Por su parte, los paramilitares, blandiendo palos, varas de metal y grandes cuchillos, sitiaban los pueblos. Cuando la población intentaba huir, los soldados disparaban.

Lo que tiene lugar en el estado de Rajine no es una concienzuda operación contra la insurgencia. Lo que estamos viendo puede calificarse de limpieza étnica, de persecución contra la población rohingya por su etnia y su religión. En términos jurídicos, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad: entre otros, el desplazamiento forzado de un cuarto la población rohingya del país a causa de la violencia.

De los 15 casos de heridas de bala que documenté durante el primer día y medio posterior a mi llegada, todas las victimas menos una habían sido alcanzadas en la parte superior del cuerpo —el torso y los brazos—, con lo que sus heridas eran graves o incluso mortales. Cuando otras personas acudían a ayudar a los heridos, también ellas eran atacadas.

Al sentarme a hablar con el joven Karam, de Maungdaw, noté que se encogía de dolor mientras intentaba acomodarse en la silla. Sus heridas estaban aún frescas. Levantándose el lungui —prenda tradicional que llevan los hombres en Myanmar— dejó al descubierto un moratón perfectamente simétrico en las dos piernas. Karam había sido golpeado por intentar rescatar a su hermano, de 17 años, alcanzado en la espalda por un disparo de las fuerzas de seguridad cuando intentaba huir.

Mohammed intentaba escapar cuando le dispararon en la pierna

Mohammed intentaba escapar cuando le dispararon en la pierna

Los golpes que le propinaron fueron tan fuertes que dejaron claramente impresa, en sus piernas, la impronta de las varas de metal y los palos que utilizaron. Como le habían roto las costillas, tenía dificultades para respirar. Al final, Karam consiguió escapar de la muchedumbre que lo perseguía y llevarse a su hermano. Un grupo de hombres rohingyas intentó ayudarlos, con la esperanza de conseguir atención médica una vez en Bangladesh. Pero el hermano de Karam no resistió: murió cuando cruzaban un río cercano.

Lamentablemente, testimonios como éste son ahora muy comunes en Bangladesh. Desde 1978, sucesivas oleadas de refugiados y refugiadas rohingyas han abandonado sus hogares a causa de los ataques del ejército, embarcándose en desesperados viajes en busca de una seguridad y una dignidad difíciles de encontrar. Los campos de la agencia de la ONU para los refugiados ya se llenaron hace tiempo. Incluso los improvisados refugios construidos por otras personas para dormir se encuentran al máximo de su capacidad. Parece que los recién llegados no tienen adónde ir. Es aterrador comprobar cómo sus testimonios coinciden con lo documentado por Amnistía Internacional el pasado mes de diciembre, cuando la organización concluyó que los ataques de naturaleza sistemática perpetrados contra la población rohingya constituían crímenes de lesa humanidad.

No se trata de una nueva crisis. Es algo que lleva decenios gestándose. El calvario de los rohingyas tiene su origen en un sistema discriminatorio que les niega reconocimiento y dignidad. En concreto, la ley de ciudadanía birmana de 1982 los despojó de derechos que todo el mundo debería poder dar por descontado. En Myanmar, la población rohingya y otras minorías étnicas han sido sistemáticamente marginadas. La sociedad birmana está fracturada hace tiempo, y la violencia que vemos ahora es resultado de ello.

Puede que Aung San Suu Kyi esté el mando del gobierno, pero no tiene el control. Ha pedido tiempo y paciencia, mientras trabaja a la sombra de un arrogante ejército que aún controla ministerios clave, un cuarto del Parlamento y la seguridad interna. Sin embargo, los rohingyas no disponen de tiempo. Aung San Suu Kyi tiene, sin lugar a dudas, una responsabilidad moral de la que se ha desentendido hace tiempo. Lejos de hablar en defensa de la castigada población rohingya o de guardar, al menos, silencio, ha optado por prestar su voz —antaño digna de crédito— para justificar los abusos que se están cometiendo Así, ha calumniado a los trabajadores y trabajadoras humanitarios, a los que ha acusado de ayudar a “terroristas”, negando al mismo tiempo las violaciones de derechos humanos que se están produciendo.

La responsabilidad de esta crisis es, sobre todo, del ejército birmano, que ha creado y ejecutado una política de castigo contra toda la comunidad rohingya. Por tanto, el ejército debe rendir cuentas por los crímenes que ha cometido. A menos que la comunidad internacional aborde con determinación lo que está sucediendo, no habrá forma de impedir que cientos de casas más sean incendiadas, y que cada vez más personas se vean obligadas a huir.

Mohammed, uno de los refugiados, me enseñó una herida de bala en la pierna izquierda. Intentaba escapar cuando le dispararon. Escondido tras unos árboles, vio cómo los soldados ataban a su hermano las manos a la espalda con una cuerda. Más tarde, Mohammed llamó al teléfono de su hermano para ver si se encontraba bien. El militar que respondió le dijo: “Ya hemos matado a tu hermano. Puedes salir de tu escondite y llevártelo”. Si la comunidad internacional no actúa de inmediato, no quedarán más que cadáveres y casas en ruinas para la población rohingya.

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Secretos que matan la Esperanza

Imagen del barco Esperanza de Greenpeace atracado en Bilbao, septiembre de 2017

Son 72 metros de eslora. Es lo que oímos decir en las películas sobre los barcos: palabras como eslora. Y nos imaginamos: esas ventanillas redondas y enmarcadas en madera típicas de un camarote, el viento azotando los abrigos y la melena de quienes pasean mirando al mar infinito por cubierta. No es cualquier buque, es uno que navega “salvando vidas”, librando un tipo de batalla contra la que algunos pretenden mirar hacia otro lado. Es el Esperanza, el barco de Greenpeace que recorre estos días la costa norte española y que hoy se ha detenido en Bilbao para denunciar, junto a Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y FundiPau, el secretismo y la falta de control por parte del gobierno de España en la venta de armas.

Muy lejos, a seis mil kilómetros de distancia, a tres mares si contamos el que baña los alrededores de Bilbao, está Yemen. Un país de 24 millones de habitantes que ha perdido al menos a 5.144 de ellos y ellas desde que comenzó en 2015 un conflicto en el que ambas partes enfrentadas han cometido graves violaciones del derecho internacional, y que parece algo más olvidado que el de Siria, especialmente para las autoridades españolas.

Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Greenpeace y Fundipau en la presentación del nuevo informe de la campaña Armas Bajo Control

Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Greenpeace y Fundipau en la presentación del nuevo informe de la campaña Armas Bajo Control

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Nada es igual si alguien desaparece

Campaña de Amnistía Internacional para el Día de la Víctimas de Desapariciones Forzadas // Amnistía Internacional

“Siempre me pregunto: ¿habrá tenido hoy comida suficiente? ¿Estará herido? Pero quizás nada de esto importe. Quizás esté muerto”. Puedo ponerme en la piel de esta madre cuyo hijo desapareció en en 2011. No importa el país, no importa cuándo se cometió esa desaparición forzada, con los relatos de los familiares se podría construir una sola historia.

Puedo sentir la tristeza de María Guadalupe Fernández cuando entra en el dormitorio de su hijo. Impecablemente limpio, intacto desde la tarde de enero en la que los relojes se pararon en esos pocos metros cuadrados. Una llamada en la puerta de su casa le trajo la terrible noticia. José Antonio Robledo Fernández, su único hijo de 32 años, había sido secuestrado por un grupo de hombres armados en Monclova, a 1000 kilómetros de México D.F. Intactos siguen sus DVD, sus CD, sus fotos de graduación y de viajes.

Lo peor es seguir sin saber qué le sucedió. Lo peor para ella y para las familias de las 32.096 personas que se hallan en paradero desconocido en México, según datos del propio Gobierno hasta junio de 2017.  El Ejecutivo mexicano no especifica cuántas son víctimas de desaparición forzada.

Noura Ghazi no era optimista con la suerte que su marido, Bassel Khartabil, hubiera podido correr en prisión. La última vez que pudo hablar con él, el 3 de octubre de 2015, el propio Bassel le contó que le trasladaban a un lugar desconocido. Llevaban viéndose tres veces al mes desde 2012, cuando fue encarcelado. Incluso se casaron cuando él estaba en prisión. A partir de esa llamada, Bassel se convirtió en una de las más de 78.000 personas desaparecidas en Siria desde 2011 hasta junio de 2017, según datos de la Red Siria de Derechos Humanos.

El pasado 1 de agosto la familia de Bassel, activista sirio, anunciaba su muerte

El pasado 1 de agosto la familia de Bassel, activista sirio, anunciaba su muerte

Noura había oído rumores de que podría haber sido condenado a muerte y las informaciones que llegaban de las cárceles sirias no eran alentadoras. Sólo en la prisión de Saydnaya entre 2011 y 2015 hasta 13.000 personas habrían sido ahorcadas después de juicios sin garantías que les condenaron a muerte.

“Pero pensar en la posibilidad de pudiera estar vivo me animaba a seguir denunciando lo que pasa en las cárceles sirias”. El pasado 1 de agosto, la familia de Bassel anunciaba su muerte. Dos largos años han pasado desde que en 2015 fuera “juzgado”, “condenado a muerte” y ejecutado. Dos años para dar una noticia. El cuerpo no se ha entregado a la familia todavía.

“Nunca me olvidaré de él, pero las cosas serían diferentes si al menos tuviera un lugar donde presentarle mis respetos”, cuenta María Guadalupe.

Un lugar donde puedan descansar juntos es lo que quiere Antonio Narváez para sus padres. “Tenía tres años cuando ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre le habían matado un mes antes, fue de los primeros que cayeron en Marchena (Sevilla). Hoy sigue enterrado en una fosa”. La madre de Antonio no figura en ningún listado como víctima o fallecida. Antonio tiene 83 años y además de querer darles un entierro digno, como María Guadalupe o como Noura también quiere justicia.

En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

Antonio Narváez quiere enterrar a sus padres, ambos desaparecidos durante la Guerra Civil // Amnistía Internacional

Antonio Narváez quiere enterrar a sus padres, ambos desaparecidos durante la Guerra Civil // Amnistía Internacional

Con la desaparición forzada, las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) los detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional. Muchas de estas personas nunca son puestas en libertad y no llega a conocerse qué ocurrió con ellas.

La desaparición forzada no es un hecho puntual, en la medida en la que las familias no tienen respuesta sigue prolongándose en el tiempo. No importa que sean recientes como en el caso de Siria o México, o se hayan producido hace décadas como en España; en todos los casos hay un denominador común: sus familiares serán sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica. Tienen que enfrentarse a extorsiones a cambio de información, a amenazas por seguir buscando la verdad, o a una situación económica complicada porque tienen que presentar un certificado de defunción para poder optar a ayudas o pensiones económicas.

Nuestras vidas no habían sido iguales si nuestra madre, nuestro abuelo o nuestra tía no hubieran existido, si nunca les hubiéramos conocido. Por eso, este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional lanza la campaña:  Nada es igual si alguien desaparece. Se trata de una acción digital, en la que a través de series de televisión preguntamos: ¿qué pasaría en tu serie favorita si uno de los personajes claves no hubiera formado parte de ella?

Con esta acción queremos recordar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo y a sus familias, casos que siguen estando vigentes. Con esta campaña pedimos al Gobierno español que se realicen las investigaciones necesarias para aclarar el paradero de estas personas.

Cuando un familiar, un amigo, alguien cercano desaparece, nos afecta para toda la vida, especialmente si no hay respuesta de que pasó. Así que párate por un momento a pensar como habría sido la tuya si alguna persona cercana a ti hubiera desaparecido de manera forzada. ¿Querrías saber?

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Desmontando mitos sobre personas refugiadas: 5 razones por las que es necesario que respondas

Rescate en el Mediterráneo por parte de la ONG Proactiva Open Arms / David Ramos/Getty Images

Miles de personas que huyen del conflicto, la persecución y la violencia tratan de alcanzar la seguridad en Europa. Otras escapan de la pobreza. A pesar del riesgo que entraña la travesía del Mediterráneo, muchas viajan por mar. La ruta del Mediterráneo hasta Europa sigue siendo la más peligrosa y letal del mundo. Sin embargo, las personas refugiadas y migrantes no van a dejar de tomarla. Las impulsa a hacerlo el peligro al que se enfrentan en sus países de origen, las penurias que siguen sufriendo en los países vecinos de acogida, el cierre de las rutas terrestres y la insuficiencia de los canales regulares de migración. Mientras los gobiernos europeos no ofrezcan unas rutas adecuadas, seguras y regulares hacia Europa, la gente seguirá emprendiendo viajes peligrosos.  


Los Estados europeos han dado progresivamente la espalda a una estrategia de búsqueda y salvamento que estaba reduciendo las muertes en el mar en favor de otra con la que se han ahogado miles de personas. En el Mediterráneo central la tasa de muertes se ha triplicado pasando del 0,89% en la segunda mitad de 2015 a 2,7% en 2017. Además, los países de la UE están priorizando sin rubor alguno acuerdos temerarios con países terceros, en un intento desesperado por impedir que personas refugiadas y migrantes lleguen a Europa. En esta línea están aumentando la cooperación con Libia, donde las personas refugiadas son detenidas y sufren abusos, incluidas torturas y violaciones.

2. “Salvar las vidas está bien, pero no queréis dejarlos en su sitio de partida, queréis traerlos por las bravas ilegalmente, y eso un delito.”


Las personas refugiadas huyen de sus países de origen porque sus vidas están amenazadas. Necesitan un lugar seguro para volver a empezar y una oportunidad para hacer una contribución positiva. Los Estados deben acatar su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de cooperar en las operaciones de búsqueda y salvamento y evitar que se pierdan vidas en el mar. Las medidas de control de las fronteras y la inmigración no deben tener prioridad sobre la búsqueda y el salvamento de personas.  

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Lo que también pasa en Nigeria

Esther Koibel © Amnesty International

La historia se remonta a la explotación que durante años fue llevada a cabo por Shell en el delta del Níger, contaminando la zona durante decenios y dejando tras de sí la devastación de comunidades locales, algunas de las cuales se unieron formando movimientos de protesta, la mayoría aplastados por el propio gobierno.

Cuando Shell puso en conocimiento del gobierno la “incomodidad” que le suponía esta oposición, sabía que con esta declaración marcaba a sus oponentes, que serían detenidos, torturados e incluso abatidos a tiros y que las mujeres y niñas además podrían ser víctimas de violaciones.

Detuvieron y acusaron de implicación en el homicidio de cuatro jefes ogoni (pueblos indígenas de la región) a 14  miembros del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni, entre los que se encontraba Barinem Kiobel, el marido de Esther.

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Liu Xiaobo y el problema de enfermar en las cárceles chinas

Liu Xia y Liu Xiabo © Privado

El preso de conciencia más famoso de China, Liu Xiaobo, ha sido  trasladado a un hospital con un cáncer de hígado que parece ser está en un avanzado grado de desarrollo. Ciertamente estamos hablando de una enfermedad que a veces tarda en dar la cara, ¿pero ha sido así o se le habría podido tratar antes? ¿Se ha negado tratamiento médico a Xiaobo igual que se ha hecho anteriormente con otros defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados?

Liu Xiaobo tenía una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos en China, cuando fue condenado a 11 años de prisión, por participar en la escritura y difusión de escritos en favor de la democracia.

A su esposa la poetisa Liu Xia, en arresto domiciliario ilegal, se le negó el tratamiento indicado por los médicos para su dolencia cardiaca. Las autoridades solo cedieron a que se le tratara tras una enorme presión internacional. Su enfermedad cardiaca y su depresión se desarrollan durante años de arresto incomunicado al que fue sometida cuando se le concedió a Liu Xiaobo el Nobel de la Paz. Sobre ella no pesa ninguna acusación.

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