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Sobre este blog

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.

Prueba de fuego para el Consejo de Europa: es hora de reconocer y proteger el derecho a un medio ambiente sano en la Cumbre de Reikiavik

Un joven en una marcha a favor de medidas contra el cambio climático.

Amnistía Internacional / Sébastien Duyck, del Centro de Derecho Ambiental Internacional; Amy Jacobsen, de Greenpeace Internacional; Katharina Rall, de Human Rights Watch; Chiara Liguori, Amnistía Internacional.

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Los días 16 y 17 de mayo de 2023, las naciones del Consejo de Europa se reúnen en una cumbre en Reikiavik (Islandia). Creado hace más de setenta años, el Consejo de Europa se ha visto sacudido por la invasión rusa de Ucrania. Para demostrar su unidad frente a esta guerra devastadora, los gobiernos europeos se reúnen para reafirmar su compromiso con los valores europeos fundamentales, como el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Pero para ello hará falta algo más que una foto de familia en la que aparezcan los Jefes de Estado: Los Estados europeos deben aprovechar esta oportunidad para llenar un vacío enorme en el marco europeo de derechos humanos y dar un paso decisivo hacia la protección efectiva del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Durante décadas, el marco europeo de derechos humanos ha desempeñado un papel fundamental en Europa y en todo el mundo en la protección de los derechos humanos. Pero las amenazas medioambientales de origen humano ponen cada vez más en peligro la protección de esos mismos derechos. Y, sin embargo, hasta ahora los gobiernos europeos no han abordado adecuadamente estas amenazas a través de las instituciones políticas del Consejo de Europa.

Vivimos una triple crisis planetaria: la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad amenazan nuestro medio ambiente, nuestra salud, nuestros derechos y nuestras vidas. Cada año, la contaminación atmosférica mata prematuramente a unos 1.200 niños en Europa. Las temperaturas extremas y los fenómenos meteorológicos extremos siguen ilustrando los efectos devastadores del cambio climático sobre los derechos humanos y el planeta, como se describe en los últimos informes climáticos del IPCC. Y los daños medioambientales de la guerra en Ucrania son tan graves que se espera que duren mucho más allá de la guerra actual y sigan pasando factura a las generaciones futuras.

La mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales ya han reconocido que el disfrute efectivo de los derechos humanos exige la protección del derecho a un medio ambiente sano. Tras la movilización de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó en una votación histórica en julio de 2022 que toda persona tiene el derecho humano a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

A estas alturas, el marco europeo de derechos humanos sigue siendo el único sistema regional de derechos humanos cuyas instituciones políticas aún no reconocen explícitamente este derecho.

La Cumbre de Reikiavik ofrece una oportunidad histórica para que los Estados miembros reafirmen los compromisos que ya han contraído en otros foros para proteger a las personas y el medio ambiente, reconociendo el derecho y comprometiéndose a su protección efectiva mediante la redacción de un protocolo específico del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Establecer la protección jurídica del derecho a un medio ambiente sano por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de un protocolo ayudará a catalizar una protección medioambiental significativa y una acción climática más ambiciosa en todo el continente. Promoverá la seguridad jurídica y la coherencia en toda Europa, incluso para las empresas. Además, contribuirá al reconocimiento vital de activistas medioambientales como defensores y defensoras de los derechos humanos, mejorando su protección.

En resumen, los beneficios están claros: lo único que hace falta es voluntad política. El siguiente paso necesario, tras el reconocimiento político del derecho por parte de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa en la ONU, es el reconocimiento práctico y aplicable de este derecho en casa.

El mundo se encuentra en una carrera contrarreloj para evitar los peores resultados de la triple crisis planetaria, y ya es hora de que los gobiernos europeos estén a la altura de sus responsabilidades. Entonces, ¿a qué esperan los Estados del Consejo de Europa?

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