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La Junta andaluza, contraria a la proposición de Ley de Participación Ciudadana de IU

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El Consejo de Gobierno ha acordado este martes manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de Participación Ciudadana de Andalucía presentada por el grupo parlamentario de IULV-CA, que será sometida al Pleno del Parlamento.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado que el contenido de esta proposición de ley coincide con el anteproyecto de ley que ya está elaborando el Ejecutivo y cuyos trámites se iniciaron en julio de 2014. No obstante, este texto debe ahora adaptarse a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional en aquellos preceptos del título IV referidos a consultas generales.

Según ha explicado Vázquez, en su sentencia del 25 de febrero de 2015, que estima parcialmente un recurso contra una ley similar aprobada por el Parlamento de Cataluña, el Alto Tribunal considera que, independientemente de la denominación utilizada, una "consulta participativa" podría identificarse como un referéndum, ya que se produce una llamada al voto de la ciudadanía mediante el uso de una administración y de un procedimiento sustancialmente electoral.

Al margen de esta revisión concreta, el Gobierno andaluz subraya su coincidencia con el grupo de IULV-CA en la necesidad de regular y desarrollar la ley que permitirá a los ciudadanos andaluces mejorar y ampliar su participación en los asuntos públicos y en la toma de las decisiones que les afectan.

De acuerdo con el anteproyecto que elabora la Junta, el objetivo es impulsar en la comunidad autónoma nuevas formas de democracia directa complementarias del modelo representativo. En el borrador se regulan la ampliación de los derechos de participación y las fórmulas de gobierno abierto ya recogidas en el Estatuto de Autonomía, posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de 16 años con vecindad en Andalucía.

El texto incluye mecanismos de participación en la elaboración de los presupuestos de las administraciones autonómica y local, así como de presentación directa de propuestas e iniciativas. Este ejercicio será efectivo tanto directamente como a través de organizaciones sin ánimo de lucro, plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica. Si bien estos procesos no tendrán carácter vinculante, el anteproyecto obliga a las administraciones públicas a tomar en consideración sus resultados y, en caso de no incorporarlos, ofrecer públicamente una respuesta motivada.

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