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Cádiz acoge un juicio histórico contra una perrera por maltrato animal

El propietario, la directora y un veterinario de la perrera de Puerto Real han pedido la libre absolución de la acusación de sacrificar animales de manera "indiscriminada" con un paralizante

La protectora El Refugio, que denunció los hechos en 2007, celebra haber logrado el cierre del centro y la celebración "por primera vez en España un juicio por maltrato contra un perrera"

Los acusados se enfrentan a penas de hasta un año y seis meses de prisión

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Nacho Paunero, director de la protectora El Refugio, en la puerta de los juzgados.

Nacho Paunero, director de la protectora El Refugio, en la puerta de los juzgados.

La defensa animal ha vivido este miércoles un capítulo importante con el juicio que ha tenido lugar en el  Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz  por presunto maltrato contra el dueño, la directora y un veterinario de la perrera de Puerto Real, donde los animales recogidos eran supuestamente sacrificados de manera indiscriminada con Mioflex, un paralizante muscular que les ocasionaba una muerte "lenta y agónica" por asfixia.

E l abogado de la defensa del propietario, Felipe Meléndez, y la directora de la perrera ha asegurado que en el juicio "se discute que fueron o no fueron conscientes de cómo se llevaba a cabo la eutanasia de los animales por parte de los veterinarios que en su momento estuvieron contratados por la empresa". En este sentido, ha añadido que "lo que se está discutiendo es si era idóneo o no la forma de llevarse a cabo por parte de los veterinarios la eutanasia de los animales", ya que ha recordado que "era un centro que entre sus funciones estaba llevar a cabo" dicha eutanasia. Sobre si era legal o no la forma de aplicarla, ha manifestado que "lo sabrá el veterinario, que es el que conoce cómo tienen que aplicarse los medios oportunos".

Muerte "agónica"

El caso se remonta al 15 de junio de 2007, cuando el centro proteccionista El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona, iniciándose así un procedimiento penal en el Juzgado nº 2 de Puerto Real. Según este colectivo, en la perrera de Puerto Real se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular (Mioflex) que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia, que en la mayoría de las ocasiones puede durar varios minutos. En ese proceso el animal está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado, ya que afecta a los músculos respiratorios.

A las puertas del juzgado se podía ver una pancarta donde aparecían animales muertos y un mensaje: A juicio: el exterminio de la perrera de Puerto Real'. Y todas las miradas se centraban en Homer, un perro cruce de perro de aguas que fue rescatado de la perrera de Puerto Real.

Un día importante en la lucha contra el maltrato animal

Nacho Paunero, director de la protectora El Refugio, ha señalado que "estamos encantados porque por primera vez se celebra un juicio por maltrato contra un perrera. El primer logro fue que conseguimos cerrar la perrera y ahora logramos que se sienten en el banquillo el dueño, la directora y uno de los veterinarios. Por lo tanto es un día importante en la lucha contra el maltrato animal".

Al hilo de las declaraciones del abogado de la defensa del propietario y de la directora, Paunero subraya que "independientemente de que el veterinario tenga culpa, el dueño y la directiva se supone que estaban al tanto de todo". 

El director de la protectora, que está  inmersa en cerca de 100 procedimientos penales, civiles y administrativos en diferentes comunidades autónomas, hace hincapié en que "está claro que existen empresas que supuestamente protegen a los animales y que se aprovechan al poder sacrificarlos cuando los recogen. Es una práctica que genera que algunas empresas cobren un dinero a la persona que lo entrega o al Ayuntamiento para sacar máximo beneficio. El objetivo es ahorrar costes y cuanto menos tiempo estén los animales allí, mucho mejor".

Los acusados se enfrentan a penas de hasta un año y seis meses de prisión y a la
inhabilitación especial de cuatro años y seis meses para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

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