El sector pide a la nueva Ley de Agricultura simplificar burocracia, orden y reconocimiento

Simplificar la burocracia, poner orden o dar valor a un sector vital para Andalucía, son algunas de las peticiones generales que las organizaciones agrarias le hacen a la nueva Ley de Agricultura y Ganadería que aún se encuentra dando los primeros pasos.

El Consejo de gobierno andaluz ha dado el visto bueno a la tramitación del anteproyecto de ley y, aunque algunas organizaciones agrarias no han recibido el texto hasta dos días después, las ideas son claras sobre lo que se le pide a la primera Ley andaluza de Agricultura y así se lo han puesto de manifiesto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en una reunión.

COAG: por un marco jurídico amplio

En COAG se muestran ilusionados y esperan que los grupos parlamentarios le den un empujón, porque es en ese ámbito donde ahora hay que discutir el tema, darle transparencia y poner sobre el papel cosas que ya se están haciendo, quizás de forma desordenada. Para que todo el mundo cumpla con su obligación.

Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, recordaba en declaraciones a eldiario.es/andalucia que la ley obedece a una propuesta que llevaban en la anterior campaña y que al final solo recoge un compromiso establecido en el Estatuto de Autonomía y una promesa de la presidenta en su discurso de investidura.

Se trata de reconocer la importancia de la Agricultura, una encomienda para modernizarla, para darle el valor real que tiene, porque ha habido tiempos en los que ser agricultor era algo despectivo.

“No tenemos estructuras productivas tan potentes como las de otros países como puede ser Estados Unidos o Canadá”, asegura, “pero tenemos un modelo social muy profesionalizado, y que respeta los derechos humanos” frente a otros países donde la situación de los trabajadores es distinta. “Creo que tenemos que valorar, que poner en valor lo que tenemos y esto lo mejor es ponerlo en un marco jurídico”, asegura López.

Asimismo, se muestran de acuerdo con los controles, pero hace falta coordinación, menor tramitación y menos burocracia… Y el Parlamento tiene ahora la voz para encauzar de una forma adecuada este asunto. Según COAG, el sector agrario necesita un impulso que es vital, y “todo lo que seamos capaces de organizar. Estamos en una situación cambiante que necesita un marco conjunto en el que tenemos que implicar a todo el mundo y desde el diálogo”.

UPA y la “defensa de los eslabones más débiles”

Para Francisco Moreno, secretario de organización de UPA Andalucía, se trata de una ley vital, fundamental, porque el sector agroalimentario no es uno más dentro de Andalucía. El objetivo principal es la defensa de los eslabones más sensibles de la cadena que son además los más indefensos.

“Es verdad que es un sector muy regulado” con leyes que tratan muy diversos aspectos pero “no está demás darle el valor que tiene, darle rango de ley me parece interesante para situar al sector en el nivel de importancia que tiene”.

Cree que la ley está bastante avanzada tras varias reuniones entre la consejería y el sector. En el trámite parlamentario harán llegar a los distintos grupos sus reivindicaciones, tal y como lo han hecho con la presidenta, entre las que se encuentra la desterrada idea de un banco de tierras, pero cree que si hay voluntad la ley se podrá aprobar dentro de esta legislatura.

Asaja: simplificar trámites

Para el director general de Asaja Andalucía, Vicente Pérez, si esta nueva normativa viene para simplificar los trámites y para de verdad conseguir que se respete el equilibrio en la cadena de valor, respetando los precios desde el origen al consumidor, “será más que suficiente y estará justificada”.

En este sentido destaca que la agricultura y la ganadería van más allá de unos cultivos o unos centros ganaderos, hay todo un ecosistema alrededor que se mueve gracias a ellos como talleres, logística, medio ambiente, turismo..., todo un mundo muy importante que hay que tener en cuenta.

Finalmente, por parte de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Rafael Leal, cree que esta ley es una “buena” iniciativa, que incluye el funcionamiento de meses de interlocución para implementarla y que cumple con el compromiso adquirido al respecto por la presidenta andaluza en su discurso de investidura.

Las organizaciones agrarias están de acuerdo en lo más importante, en la idea general de la ley, o en la necesidad de acabar con la venta a pérdidas, pero será a partir de ahora cuando habrá que buscar consensos en ciertos puntos que no tienen la misma importancia para todos. Entre ellos el banco de tierras, que no aparece en este anteproyecto y que reivindica UPA.

Tramitación

El anteproyecto se reparte en 13 títulos con un total de 117 artículos; 5 disposiciones adicionales; 1 disposición transitoria (adaptación sistemas de control DOP e IGP) ; 4 disposiciones finales (modificación de Ley Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, Ley de Calidad de los Vinos, Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias).

La nueva ley viene a derogar a la ley andaluza de Reforma Agraria de 3 de julio de 1984, que fue considerada entonces como la más ambiciosa del Gobierno andaluz, con un claro carácter social, pero que vivió un farragoso calvario jurídico tras ser recurrida por 53 senadores de la entonces Alianza Popular, a los que el Tribunal Constitucional les quitó la razón tres años después. Tampoco fue bienvenida por la patronal del sector, la Federación de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (Fasaga), que recurrió todas las medidas ante los tribunales.

Con esta ley se creó el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), desaparecido en 2010, con el objetivo de realizar estudios relacionados con la elaboración de planes de reforma agraria. Además, se expropiaron algunas tierras.

 En el anteproyecto de ley presentado destacan, entre otras, disposiciones contra las prácticas comerciales abusivas; un régimen de protección del uso agrario en las zonas donde esta actividad es relevante por su función social o ambiental; el reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas Agricultoras y Ganaderas, y la introducción de medidas para aprovechar excedentes alimentarios para fines sociales, obligando a industrias y establecimientos a donarlos o reutilizarlos.

También se recoge la creación de dos nuevos órganos: el Consejo Asesor Agrario de Andalucía (formado por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y la federación de cooperativas agroalimentarias más representativas, y el Consejo Agroalimentario Andaluz, en el que además de las OPAS y cooperativas, estarán sindicatos y organizaciones empresariales, ambientales y de trabajo autónomo, distribución, consumidores y mujeres.