El Ayuntamiento de Coria bajo sospecha: sobresueldos y subvenciones que “desaparecen”
La Fiscalía de Sevilla tramita sendos procesos cuyo origen radican en el Ayuntamiento de Coria del Río, con una gestión bajo sospecha por estas causas. De un lado, la presunta “desaparición” de casi 200.000 euros de una subvención para construir un centro de atención a drogodependientes por el que está imputado el exalcalde, José Vicente Franco. De otro, un supuesto delito de malversación de caudales públicos por “sobresueldos” y firma de peonadas “falsas” por el que solicita cinco años de prisión para el exgerente de la empresa municipal agrícola.
El presunto fraude de subvenciones deviene de un convenio suscrito entre el consistorio coriano y la Junta de Andalucía para la construcción de un Centro Comarcal del Drogodependiente. Con un importe de 198.809 euros, el proyecto recaía en la sociedad Coria Futura Empresa Municipal de la Vivienda, actualmente en concurso de acreedores; pero nunca llegó a realizarse.
Por esta causa, y una vez iniciado el procedimiento legal, ha sido citado para declarar como imputado, en el juzgado de Coria, el diputado provincial del PSOE y exalcalde de la localidad, José Vicente Franco, también presidente del consejo de Coria Futura. El propio ayuntamiento denunció el caso –poco después de la llegada del PA a la alcaldía tras una moción de censura contra el anterior Gobierno socialista– tras emitir la Junta la orden de reintegro de la cantidad subvencionada más 39.761,80 euros de intereses.
Facturas “sin justificar”, “regalos” a trabajadores y peonadas “irregulares”
Facturas “sin justificar”, “regalos” a trabajadores y peonadas “irregulares”Por otra parte, en el juicio contra el exgerente de la empresa municipal agrícola de Coria, Emacsa, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel, nueve de inhabilitación y el pago de una indemnización de 41.190 euros por un presunto delito de malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito de falsedad en documento oficial. La acusación a A.J.B. es en concepto de facturas “sin justificar” y de peonadas “irregulares”.
Según el Ministerio Público, el imputado destinó fondos de la sociedad que gestionaba la explotación de la finca pública Dehesa La Atalaya a “sobresueldos” para trabajadores. “Con ánimo de enriquecerse a costa del capital público”, reza el escrito de acusación, se compraron diversos efectos cuyo destino “no era servir al objeto social” de la empresa “sino el de ser regalados a los trabajadores de la empresa a modo de sobresueldos”.
De igual modo, dice la Fiscalía, el acusado “firmó los documentos precisos” para facilitar “el número mínimo de peonadas necesarias para adquirir el derecho a percibir el subsidio agrario”. En ese caso, las nóminas se abonaban “mediante cheques nominativos” luego devueltos “por los trabajadores beneficiarios, incorporándolas el acusado a su patrimonio”. La empresa abonó por peonadas “falsas” un total de 13.992,67 euros en el año 2000 y 16.377,68 euros en 2001. Las facturas sobre bienes “inexistentes” supuestamente destinados a regalos ascendieron a un importe de 10.820,58 euros.
