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ARAGÓN

El algodón de Montoro sí engaña

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La modificación del art. 135 de la Constitución, la intervención de Cataluña y de los ayuntamientos de los comunes son tres hechos que parecen distantes pero que no son tan distintos. La crisis de valores económica y social está llevando a buscar salidas diferentes según el entorno.

Por un lado, en Cataluña mucha gente piensa que una independencia puede dar mayor nivel de vida a sus habitantes, algo que está por demostrar. Por otro lado, los ayuntamientos de los comunes ya han demostrado que se puede gestionar en favor de la población y con recursos escasos. Recordemos que además de estar muy endeudados por las políticas previas de PP y PSOE, se encuentran intervenidos por las leyes de Montoro. En esta situación es tan difícil demostrar una buena gestión, que haberlo hecho es un éxito sin precedentes en la democracia española. La transparencia no sólo permite un control de la actividad política en las instituciones, sino que es fundamental para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.

La regla de gasto está vigente desde 2012.  Impide a todas las administraciones aumentar su presupuesto anual, con respecto al año anterior, por encima de la cifra de crecimiento económico medio de España que se estime. Es una norma estúpida, ya que premia el despilfarro. Una ciudad que no haya ahorrado nada, al año siguiente puede gastar lo mismo más el porcentaje permitido (2,1 % para 2017). Otra ciudad que haya ahorrado un año, sólo podrá presupuestar al siguiente lo que gastó más el porcentaje, es decir, ya nunca podrá volver al gasto previo aunque tenga las cuentas saneadas.

En España, ni Gobierno central, ni la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos cumplen la regla de gasto. Sin embargo, el gobierno no se interviene a sí mismo ni a las comunidades autónomas y sí interviene a algunos ayuntamientos. El primero ha sido el de Madrid pero ya está amenazado el de Cádiz y después vendrán más amenazas, pero todas con un patrón común: hacia ayuntamientos que desalojaron del poder a PP o PSOE, hacia ayuntamientos que han puesto a la población en el centro de sus políticas y que, por tanto, impiden que las grandes empresas estén omnipresentes en la gestión pública. Sólo esto ya está permitiendo sanear las cuentas municipales y no lo está haciendo quien lo prometía, elección tras elección, y que nunca lo hizo.

Cuando un ayuntamiento prevé incumplir la regla de gasto, presenta un plan económico financiero (PEF) en el que plasma cómo va a cumplir dicha regla en un futuro próximo. Así lo ha hecho Madrid y, aunque en un principio fue aceptado, Montoro ha decidido finalmente que sea intervenido y se paralicen 275 millones de euros en inversiones que ya estaban siendo ejecutadas en buena parte.

Lo aberrante no acaba aquí. Aún es peor que el ministro haya nombrado como controlador de esta acción al secretario de Estado de Hacienda y nº 2 de Montoro, José Enrique Fernández Moya, anterior alcalde de Jaén entre 2011 y 2015 y que dejó el ayuntamiento en quiebra técnica.

Las cifras son muy testarudas. Mientras que el ayuntamiento de Madrid ha rebajado la deuda en más de 2.000 millones en el corto periodo de gobierno que lleva (lo que demuestra que sí era posible), la del gobierno central ha aumentado en 80.000 millones. Mientras la deuda de Madrid se ha reducido un 36% en el último año, quedándose en el 75'79 % de su presupuesto, la del gobierno central ha aumentado, llegando al 347 % de su presupuesto (100 % del PIB). Mientras, el ayuntamiento del PP de Jaén ha aumentado su deuda hasta el 329%, sufriendo un déficit estructural de 40 millones anuales.

Jaén, con una deuda de 550 millones de euros, es el municipio con mayor endeudamiento per cápita del país: 4.593 € por habitante. En Madrid es de 1.222 € y en el gobierno central de más de 24.000 € por habitante (digresión: si a esta deuda que parece impagable, le añadimos la deuda privada familiar y empresarial, debemos unos 100.000 € por cabeza).

Como podemos observar, tanto la situación de Jaén (por ejemplo) como la del gobierno central son mucho más preocupantes que la de Madrid. Aunque Madrid y Jaén presentaron sus respectivos PEF y no han sido aprobados por Montoro (aunque el primero sí lo fue inicialmente), Madrid ha sido intervenida y Jaén no. Y esto a pesar de las sospechas de mala gestión y corrupción que recaen en el ayuntamiento jienense mientras era gobernado por el mencionado actual secretario de Estado de Hacienda.

Es una paradoja tragicómica, casi machadiana (trepadores y cucañistas, decía), que el ministro de Hacienda elija al peor alcalde de España para llevar las cuentas y controlar a uno de los mejores concejales de Hacienda actual, Carlos Sánchez Mato. Hay que predicar con el ejemplo antes de exigirlo. Usar las cuentas de Madrid para sanear las españolas a costa de impedir a su ayuntamiento invertir en mejoras sociales es un engaño. Vestirlo de intervención ante una mala gestión es trilerismo demagógico.

El propio Estado ha incumplido la regla de gasto en los tres últimos ejercicios. Tampoco cumple el objetivo europeo de déficit desde 2011. Y, aunque Europa ha amenazado en 2016 y 2017 con sanciones a España, lo dice sin intención de hacerlo porque, realmente, cumple el viejo proyecto de las élites globales de sumisión permanente del poder político al poder financiero. Con este fin, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Por un lado, se recorta en derechos sociales para pagar deuda e intereses y por otro, se impide que disminuya esa deuda ya que son los mismos poderes financieros los que la ostentan y obtienen réditos ciertos. Una administración endeudada es rehén de los intereses del acreedor. Piensan que cualquier movimiento contrario podría desestabilizar este negocio. De ahí su reacción violenta contra el gobierno catalán o contra los ayuntamientos de los comunes y su decisión de atarlo todo con la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Montoro sólo pasa el algodón cuando quiere y por donde quiere, evitando los lugares mugrientos por donde ha pasado su partido. Su limpieza (de las cuentas) es un engaño. Pero esto no importa mientras cumpla la función encomendada, aunque deje muy sucio el futuro de la gente común.

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