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ARAGÓN

Un mundo rural vivo

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El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y en este caso no solo de buenas intenciones, sino también de buenas acciones mal gestionadas. El problema de la despoblación no es nuevo en España y las soluciones a este llevan ensayándose ya desde hace más de veinte años, sin resultado a la vista. Las políticas hasta ahora llevadas a cabo han centrado su actuación en golpes de efecto a base de subvenciones estatales y europeas mal empleadas en proyectos que se asemejan más al origen del problema que a una posible salida.

Desde los años sesenta, los españoles entendimos que encontraríamos el progreso y la prosperidad en unas preciosas urbes en pleno proceso de modernización. A golpe de ladrillo y hormigón construimos un sistema económico, el desarrollismo, nutrido con los emigrados rurales. Con estos, las ciudades empezaron a crecer y crecer,  económica y demográficamente. Para adaptarse a la nueva situación,  desde los despachos de urbanismo de los ayuntamientos se empezaron a diseñar lo que más adelante se denominaría “la ciudad máquina”, un ente habitacional puramente funcionalista y rentable que desterraba cualquier carácter humano o social del entorno.

Mientras tanto, empezamos a cerrar las casas de los pueblos, obviamente muchos se asustaron ante la perspectiva de dejar morir nuestras raíces y clamaron a las autoridades que pusieran freno a este fenómeno. Estas, en un gesto amable, empezaron a desarrollar programas, fondos, subvenciones… que tuvieron mayor o menor éxito y cuya aplicación principal consistía en intentar emular esa “ciudad máquina” a base de hormigón y macroproyectos de elevado coste económico, escasa repercusión demográfica y un estupendo rédito electoral en medio del páramo rural. 

Bien entrados en el siglo XXI, y para sorpresa de nadie, la mayoría de estos proyectos fracasan en la lucha contra la despoblación, ya que no hay aeropuerto ni circuito de carreras que multiplique habitantes. Sin servicios básicos, ni infraestructuras, ni una protección y explotación de las potencias propias del campo, la huida hacia la ciudad continúa.

Este éxodo ha convertido nuestras comarcas en desiertos demográficos cuyas tristes densidades de población excusan la falta de inversiones en estructuras mínimas. A falta de colegios, ambulatorios, servicios sociales, atención a la dependencia y vías de comunicación, el éxodo continúa. Es la situación de desigualdad lo que vacía el mundo rural y perpetúa esa injusticia que nos deja de lado como ciudadanas y ciudadanos de segunda.

No queremos limosnas, sino construir un tejido productivo propio con la ayuda de instituciones democráticas y pegadas al territorio. Explotando las posibilidades agrícolas, forestales, culturales, patrimoniales y sociales, sí se pueden revivir pueblos. Modernizando y democratizando comarcas y ayuntamientos mediante una ley de administración local realista lejos de los argumentos falaces sobre la inviabilidad de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes.  No se trata de aplicar recetas mágicas, hay mucho que podemos hacer aplicando la actual Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en vigor desde el 2007 y abandonada en aras de la estabilidad presupuestaria elevada a la Constitución por el infame artículo 135.

Solo si comprendemos y apreciamos el medio rural por lo que es y no como una copia maltrecha de la ciudad podemos recuperarlo y disfrutar de un mundo rural vivo.

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