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ARAGÓN

El Gobierno de Aragón auditará los “efectos sociales y humanos” de los recortes del PP

Las Cortes aprueban estudiar las consecuencias de las políticas austericidas en los ciudadanos de la comunidad

La cámara reclama que La Moncloa pague los más de 500 millones de euros que debe para el sistema de dependencia

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Luisa Fernanda Rudi, con sus responsables de Hacienda y de Economía en 2014, Javier Campoy y Francisco Bono.

Luisa Fernanda Rudi, con sus responsables de Hacienda y de Economía en 2014, Javier Campoy y Francisco Bono. Cortes de Aragón

¿Afectan a la salud y al tejido social las políticas de austeridad y de control del déficit? Próximamente, si el Gobierno de Aragón cumple el mandato de las Cortes autonómicas, habrá un dictamen político sobre el asunto.

El ejecutivo autonómico tiene sobre la mesa una resolución en la que la cámara le insta a “auditar las consecuencias, no sólo económicas, sino sobre todo sus efectos sociales y humanos, para la ciudadanía aragonesa de los recortes ejecutados” en las consejerías de Educación, de Sanidad y de Servicios Sociales en el ejercicio de 2014.
El mandato forma parte de las 35 resoluciones que las Cortes aprobaron al dar el visto bueno al informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión presupuestaria del ejecutivo en el ejercicio de 2014, entre las que se incluyen otras que instan al actual Gobierno a “no comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”, a “elaborar las ‘memorias del coste y rendimiento de los servicios públicos’ y la ‘memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados”, a negociar con La Moncloa una compensación por la infradotación económica de las competencias de Sanidad y a exigirle que cumpla sus compromisos en materia de dependencia y pague los atrasos.

Tajos multimillonarios

Solo este último capítulo supondría la transferencia de 535 millones de euros, que es la suma de las mermas en las aportaciones estatales en los diez años de vigencia de la Ley de Dependencia. Solo en 2014, los recortes en esta materia provocaron un centenar de quejas al Justicia (equivalente del Defensor del Pueblo), una veintena de las cuales referentes a personas que morían sin haber llegado a recibir las prestaciones económicas que tenían reconocidas.

Los recortes en Educación avanzaron a un ritmo de 200 millones anuales la pasada legislatura.

Entre 2009 y 2015, en plena crisis y bajo los gobiernos PSOE-Par y PP-Par de Marcelino Iglesias y Luisa Fernanda Rudi, en ambos casos con José Ángel Biel como presidente del socio minoritario, las políticas sociales sufrieron un sostenido tajo de 3.200 millones de euros, a razón de más de 500 por año.

Recortes y descuadre

Sin embargo, la propuesta de auditar los efectos de los recortes solo sería aplicable al ejercicio de 2014, ya que a ese es al que se refiere el informe de la Cámara de Cuentas en cuyo debate fueron aprobadas las 35 resoluciones.

No obstante, la misión tiene algunos aspectos paradójicos, ya que los recortes coincidieron con un descuadre del presupuesto de 591 millones de euros, 327 por encima de los 264 que autorizó el Ministerio de Hacienda. Es decir, que hubo al mismo tiempo restricción del gasto y aumento incontrolado del mismo.

Este último fue de tal magnitud que la Cámara de Cuentas acordó remitir su dictamen al Tribunal de Cuentas para que este determine si varios altos cargos del ejecutivo deben responder con su patrimonio personal por la autorización de gastos por valor de 268 millones de euros sin respaldo presupuestario.

Rudi activó en abril de 2014 su tercer equipo económico, con el relevo de José Luis Saz por Javier Campoy, que encargó la Dirección General de Presupuestos a Blanca Soláns. Campoy es hoy el presidente provincial de los conservadores. Soláns, que acabó dándose de baja en su partido, se mantuvo en el puesto durante un año con el ejecutivo PSOE-Cha.

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