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ARAGÓN

El Gobierno de Aragón ha cerrado 14 residencias tras morir nueve ancianos en el incendio de una de ellas

El Ejecutivo autonómico intensificó las inspecciones después de que nueve ancianos fallecieran en el incendio de la residencia Santa Fe, el 12 de julio de 2015

El Departamento de Ciudadanía ha presentado el nuevo plan de inspección en el que actuará de forma conjunta con las inspecciones de Consumo, Farmacia y Salud Púbica

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La residencia de Santa Fe tras el incendio.

La residencia de Santa Fe tras el incendio. EFE / Zaragoza

Primero la tragedia; después las medidas. Un orden de actuación que se repite con asiduidad. Uno de los últimos ejemplos es el de las residencias de ancianos de Aragón. 14 ha cerrado el Ejecutivo autonómico (PSOE) desde que, el pasado 12 de julio de 2015, nueve personas fallecieran en el incendio de la residencia privada de ancianos de Santa Fe.

El Gobierno socialista, recién aterrizado, se encontró con este suceso. Solo un día después se supo que la citada residencia tenía denegadas las licencias de actividad y de obra desde 1998. En la actualidad, la investigación continúa y la presunta autora, una residente de 62 años, está en prisión desde el mes de agosto del pasado año.

Todo ello conminó a los nuevos administradores autonómicos a acelerar un plan de inspección e intensificar las revisiones.

El corolario es que, hasta el pasado viernes 8 de julio, el Gobierno ha cerrado 14 residencias (siete hasta febrero  y otras siete en los últimos meses). Como consecuencia de este proceso extraordinario de regulación de centros, explican desde el Ejecutivo, se dio la oportunidad a las residencias de presentar planes de mejora: 18 lo hicieron y los planes de 13 de ellas fueron aprobados.

En total, se han otorgado 40 autorizaciones provisionales de apertura y 31 definitivas, se ha aprobado un cambio de ubicación física, en siete casos se les ha permitido un cambio de tipología, aumento o disminución de capacidad y se han denegado 65 solicitudes.

Plan de inspección 2016-2018

El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, presentó el plan de inspección para el periodo 2016-2018. De él destacó que se actuará de manera conjunta con las inspecciones de Consumo, Farmacia y Salud Pública. El objetivo, dijo, es comprobar “el cumplimiento por parte de los centros de las condiciones mínimas funcionales y materiales que deben cumplir este tipo de establecimientos”.

Apunto, de igual forma, “que se supervisará el uso racional de las sujeciones físicas y farmacológicas, velando por la autonomía, libertad y dignidad de las personas usuarias. También se controlará la implantación y utilización de protocolos y registros mínimos relacionados con la atención directa a los usuarios que garanticen la detección de incidencias y la adopción de medidas adecuadas en su supervisión”.

Este plan, concluyó, “es un instrumento dinámico que demuestra el compromiso del Gobierno de Aragón con el respeto de los derechos de los ciudadanos y con la mejora de la calidad de los servicios que se prestan”.

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