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Albert Noguera

Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València. Antes lo ha sido en la Universidad de Extremadura y en la Universitat Rovira i Virgili. Miembro del grupo Ruptura. Autor de numerosos textos de carácter científico. Su último libro publicado es El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo (Trotta, 2017).

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La República Catalana después del 21-D: de la constitución política a la constitución social

Se habla mucho de las elecciones del 21-D pero poco del día después ¿Cuál debe ser la estrategia del movimiento republicano catalán en caso de que vuelva a revalidar la mayoría absoluta en el Parlament?

El actual escenario caracterizado, por un lado, por la activación de un Derecho de guerra y de una segunda transición de blindaje del régimen por parte del Estado y, por el otro, por la ausencia de estructuras de Estado por parte de la República catalana; obliga al movimiento republicano catalán a redefinir el marco jurídico-conceptual desde el que hasta ahora había pensado construir República y Proceso constituyente. Veámoslo.

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El 1-O, la oportunidad para la Transición que nunca fue

Durante estos últimos días, el Gobierno del Estado repite, constantemente, que el referéndum catalán vulnera los derechos de los españoles y la democracia. Creo, más bien, que es todo lo contrario. Al margen de lo que ocurra el 1-O, lo único cierto es que este día constituye una oportunidad, sin precedentes en lo últimos cuarenta años, para garantizar más derechos y construir más democracia en todo el Estado. Y explico por qué.

La Constitución de 1978 incorpora una lista de derechos. Sin embargo, nuestras vidas cotidianas están llenas de situaciones en las que éstos son total o parcialmente ineficaces. A grandes rasgos, podemos diferenciar, en España, dos factores de desactivación de la eficacia de los derechos constitucionales: un factor extraconstitucional y uno intraconstitucional. Entender el elemento de desactivación intraconstitucional de los derechos permite ver, claramente, porqué el 1-O abre una oportunidad democratizadora.

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Sobre las garantías del referéndum catalán

Desde la convocatoria unilateral del referéndum del 1-O, venimos escuchando a una parte de la izquierda estatal y catalana posicionarse en contra del mismo porque, según se afirma, se trata de un proceso que no tiene garantías suficientes.

En concreto, al hablarse de la falta de garantías del referéndum, se combinan dos aspectos: en primer lugar, se afirma que no existen garantías en un sentido procedimental de las mismas; esto es que no existirían garantías de que se puedan abrir todos los colegios electorales, de que todas las personas puedan votar libremente, de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc. Y, en segundo lugar, lo anterior se combina afirmando que tampoco hay garantías en un sentido sustantivo de las mismas; esto es, que el proceso no garantiza que a su fin se protejan los derechos a las mayorías sociales, sino más bien lo contrario. Al ser, supuestamente, un proceso dirigido por la burguesía neoliberal catalana, se acabaría imponiendo un régimen de desmantelamiento de servicios y derechos sociales más salvaje que el actual.

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La relación entre corrupción y régimen del 78, ¿cómo acabar con el saqueo de lo público?

Cada vez que estalla un nuevo caso de corrupción asistimos a la misma secuencia de hechos: por un lado, los dirigentes del partido afectado, en el mejor de los casos, apartan al culpable del cargo, se desvinculan públicamente de él y lo critican por actuar de espaldas al partido. Por otro lado, sus oponentes políticos reclaman la dimisión inmediata del corrupto y exigen asumir responsabilidades al líder del partido afectado o a quienes pusieron al corrupto en su cargo.

El caso se soluciona, en unos supuestos, con el enjuiciamiento y encarcelamiento del sujeto, y en otros, para mejor suerte del individuo, con su recolocación a otro cargo donde pase desapercibido.

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Corrupción, derecho penal del amigo y desmontaje del Estado democrático

La historia del Estado Constitucional, desde las revoluciones liberales hasta la segunda mitad del siglo XX, fue una historia de progreso político-social plasmado en lo que Bobbio llamó la superposición acumulativa de tres dimensiones: primero, el Estado como fuerza; segundo, como Estado de derecho; y, tercero, como Estado democrático y social.

Vivimos, sin embargo, desde hace algunas décadas, un proceso histórico regresivo de desmontaje que invierte el orden de las tres dimensiones señaladas.

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El 15M y la mutación constitucional

Todo proceso de transformación social es la relación dialéctica entre, por un lado, un Poder instituyente, es decir, un poder implícito capaz de instituir en los ciudadanos nuevos imaginarios y representaciones colectivas que confrontan con el orden económico, político y social oficial, y, por otro lado, un Poder constituyente explícito que adapte la realidad jurídico-política material a la nueva voluntad social, operando cambios en la Constitución política entendida como ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas.

El 15-M de 2011 fue una explosión participativa que instituyó en amplías masas de la población, hasta aquel momento no ideologizadas, nuevos imaginarios y representaciones colectivas de los que brotaron sospechas ideológicas respecto al régimen del 78 y sus actores políticos y económicos, exigiendo cambios. Se trató, sin embargo, de un Poder instituyente parcial, sin la fuerza suficiente para activar un Poder constituyente, sino tan sólo una mutación constitucional.

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La República como llave para abrir el proceso constituyente

Publicar un artículo sobre la República una semana después del 14 de abril parecerá a muchos lectores desfasado y fuera de lugar. Ello es fruto de una imperante concepción posmoderna en el uso de conceptos políticos como el de República que es necesario cambiar.

Los conceptos políticos no solo están hechos para describir realidades, sino también para cambiarlas y crearlas. Todo concepto político admite distintos usos con consecuencias distintas con respecto a su potencial movilizador y transformador. La izquierda puede abordar el concepto de República desde una racionalidad posmoderna o moderna. Solo en el segundo caso se conforma como un concepto útil para cambiar la realidad.

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Sobre la reforma constitucional exprés: ¿de qué hablamos cuando hablamos de regeneración democrática?

Durante los últimos años y, especialmente, en los últimos meses, los episodios de corrupción estallan uno tras otro. Con el objetivo de combatir esta corrupción generalizada y empezar a implementar la llamada “regeneración democrática”, el punto 2 del apartado VII del documento de  acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos (C’s) se titula “Reforma urgente de la Constitución”. A grandes rasgos, establece el mandato de llevar a cabo, en el primer mes de ejercicio de un supuesto nuevo Gobierno, una reforma constitucional exprés en los siguientes términos: supresión del aforamiento de parlamentarios estatales y autonómicos, limitación del cargo de presidente del Gobierno a dos legislaturas, reducción a 10 el número actual (20) de vocales del Consejo General del Poder Judicial, supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y reducción a 250.000 firmas el mínimo exigido para presentar una Iniciativa Legislativa Popular, hoy situado en 500.000.

A menudo se dice que la lucha contra corrupción y la regeneración democrática es un tema transversal y neutral donde todos los partidos, independientemente de su ideología, deberían estar de acuerdo y unidos. De hecho, esta es una reforma que el PSOE vende públicamente como al margen de cualquier ideología y transversal a la izquierda y la derecha. Sin embargo, esta no es una cuestión tan sencilla. Las explicaciones acerca de las causas de la corrupción y las medidas de lucha contra la misma no son neutrales ni transversales, sino funcionales a objetivos políticos conservadores o transformadores, y no hay duda de que detrás de la propuesta de reforma constitucional del PSOE y C’s existe un objetivo claramente conservador.

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Pacto de Gobierno y restauración del binomio izquierda-derecha

España es un modelo de democracia representativa pura donde el instrumento fundamental de participación política son los partidos. Así se desprende del art. 6 de la Constitución. Ello hace que la sociedad española se estructure políticamente en dos espacios autónomos separados por un punto intermedio común a ambos: los partidos políticos.

En el primer espacio es donde tiene lugar la relación entre la sociedad civil (los ciudadanos y/o electores) y el partido. Este es el espacio de la organización popular, de la movilización, de la discusión colectiva de alternativas. Una de las finalidades tradicionales de los partidos de izquierdas ha sido movilizar políticamente a la población. Para ello disponían de organizaciones afines (sindicatos, asociaciones de diverso tipo, etc.) que actuaban como agentes de socialización y acción en el espacio público.

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El anexo de la Declaración catalana: un ejemplo a seguir por los alcaldes y gobiernos 'del cambio'

La Declaración aprobada por el Parlamento catalán el pasado lunes 9 de noviembre incorporaba un anexo donde se establecía un conjunto de medidas que habrá de aplicar el nuevo gobierno catalán destinadas a blindar derechos humanos vulnerados o suspendidos por decisiones de las instituciones del Estado. Concretamente, se establece que el nuevo gobierno adoptará medidas contra la pobreza energética, de garantía de acceso a una vivienda digna y realojamiento inmediato de personas desahuciadas y a una atención sanitaria universal, pública y de calidad. A la vez, se fija la obligación de dar acogida y asilo al máximo número de personas refugiadas más allá de las decisiones y límites que fije el Estado o a no implementar la ley mordaza, la ley de “racionalización” y “sostenibilidad” de la Administración local, así como garantizar el derecho al aborto y establecer una financiación de un plan de choque social y de gestión de la deuda.

Inmediatamente después de su aprobación, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió tanto la Declaración como el citado anexo por ser, ambos, “íntegramente” inconstitucionales. Durante los últimos años, el TC ha convertido en habitual la práctica de suspender o derogar, total o parcialmente, decisiones adoptadas por el Parlamento catalán, algunas de las cuales ratificadas incluso en referéndum como el Estatut. Tal práctica ha abierto de nuevo un debate clásico en la doctrina constitucional, el de la llamada objeción contramayoritaria. ¿Pueden unos jueces, que no han sido directamente elegidos por los ciudadanos y, por tanto, no tienen legitimidad democrática directa, imponer su voluntad por encima de decisiones políticas tomadas directamente por los ciudadanos o por instituciones electas democráticamente, como un Parlamento? ¿Choca ello con el principio democrático?

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