Eldiario.es

Periodismo a pesar de todo

Carlos Elordi

Carlos Elordi es periodista. Trabajó en los semanarios Triunfo, La Calle y fue director del mensual Mayo. Fue corresponsal en España de La Repubblica, colaborador de El País y de la Cadena SER. Actualmente escribe en El Periódico de Catalunya.

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Ya estamos en el "todo vale" de las campañas electorales

Superado el trámite de la petición catalana en el Congreso –sin avance político alguno en la cuestión–, la campaña electoral ha comenzado. Su primer paso es el de las europeas. Pero no se interrumpirá tras éstas. Sino que empalmará con las municipales y autonómicas y luego con las generales: para los partidos, y, sobre todo, para los que más se juegan, no tiene sentido parar y luego ponerse en marcha durante tan breves intersticios. En suma, que vienen, han empezado ya, 18 meses en los que la vida política –o, cuando menos, la parte de ésta que aparece en los medios– será únicamente una batalla de imagen que arramblará con todo lo demás, o que lo deformará en gran medida.

La lógica de los partidos y la del sistema –las elecciones son el momento culminante de la vida democrática– conducen inevitablemente a eso. Pero en una democracia tan deteriorada como la española cabe preguntarse si ese paréntesis tan largo del desenvolvimiento normal de la política –es decir, del debate, la negociación y el eventual entendimiento entre las distintas posiciones– es lo que el país necesita. Y también, lo cual no es menos inquietante, si la ciudadanía está dispuesta a asumir la parte que le toca en ese juego nada menos que tres veces seguidas en un año y medio.

No tiene sentido alguno adelantar respuestas a esas cuestiones. Pueden ocurrir cosas muy distintas y ningún pronóstico es seguro, por muy claras que sean las tendencias que apuntan las encuestas. Puede producirse un aumento formidable de la abstención o puede que ésta no sea muy superior a la de anteriores comicios. El PP puede perder las europeas y, más tarde, recibir un duro varapalo en las municipales y autonómicas o, por el contrario, superar sin graves daños ambos comicios. Los expertos en demoscopia prevén ambos tipos de hipótesis. Y lo que ocurra en las generales estará muy condicionado por los resultados de las precedentes convocatorias. En todo caso, la prudencia lleva a tener muy en cuenta que un partido que tiene tanto poder, político y mediático, como el PP, parte con una ventaja importante. Con todo, puede haber sorpresas.

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De la impunidad del poder hacia el fascismo

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La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. / Efe

Hace un par de días Iker Armentia publicaba en este diario un artículo titulado En España nunca pasa nada  en el que, en pocas líneas, pero con ejemplos contundentes, describía cómo en España el Estado no solo está dejando de ser a marchas forzadas el garante de los derechos de los ciudadanos, sino que incumple sus obligaciones legales cada vez con más desfachatez a fin de que ningún incidente que no sea de agrado del Gobierno disturbe su tranquilo ejercicio del poder. Lo que viene a decir Armentia es que, siendo gravísimo el asunto, nadie, o sólo unos pocos, creen que merece la pena reaccionar ante hechos como los que se describen en su artículo. Y lo cierto es que ambos extremos –la violación de derechos y la insensibilidad, de las instituciones y de los ciudadanos, a las mismas– están configurando un escenario tenebroso: el de la ruina de nuestra democracia.

Porque cuando un servidor público desatiende su deber o se excede ilegalmente en sus supuestas atribuciones –hasta llegar a hechos tan dramáticos como los de la playa de Ceuta– y el sistema no aplica las normas que castigan esos comportamientos, lo que se está instaurando es la impunidad. Y la base sobre la que está construido todo el entramado democrático es justamente la de que nadie, por mucho poder que tenga o por mucho que luzca su uniforme, puede sustraerse a la acción de la ley y a sus procedimientos. La impunidad es, en cambio, uno de los rasgos característicos de los sistemas totalitarios.

Y no hace falta ir muy lejos para saber en qué consiste: cualquier ciudadano que viviera aquellos tiempos, incluso siendo un niño, debe recordar que en el franquismo eso no sólo era moneda corriente, sino también una de las claves de su dominio sobre la gente: porque aceptando sin rechistar tal impunidad –porque creían que eso era lo que les traía más cuenta– los españoles conferían al régimen un plus de poder que lo convertía en intocable. El miedo a levantar la mano era mucho más eficaz que la represión contra las minorías que se atrevían a hacerlo.

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Digan lo que digan, crecen la exclusión y la movilización

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Manifestación de Stop Desahucios Ciudad Real. / Efe

Lo verdaderamente preocupante de los incidentes violentos que se registraron al término de la manifestación del 22M es que el Gobierno ha logrado, una vez más, imponer su agenda de comunicación, el único terreno de la vida política en que Rajoy y los suyos llevan claramente la delantera. Porque el asunto, menor tanto por sus dimensiones como por su significación, manda en los medios desde hace varios días, postergando a todos los demás, como seguramente deseaba La Moncloa. En primer lugar, al aspecto más relevante de la marcha del sábado, que fue la altísima participación, abrumadoramente superior al de cualquier otra convocatoria en muchos meses. Pero también al informe sobre la situación social española de Cáritas, que derriba de forma inapelable los mensajes de la propaganda oficial sobre la recuperación económica, al tiempo que presenta un tenebroso panorama que puede poner en cuestión las hipótesis optimistas sobre la paz social que defienden buena parte de los expertos.

Que tras casi seis años de crisis económica hayan nacido pequeños grupos decididos a enfrentarse con piedras y barras de hierro a la policía no debería sorprender a nadie. Es lo mínimo que puede ocurrir y sólo es noticia en España, cuando en cualquier otro país de nuestro entorno es moneda corriente. Lo llamativo es que el fenómeno haya tardado tanto en aparecer por nuestros lares, cuando en Gran Bretaña o en Italia, y no sólo en Grecia, se ha registrado hace ya unos años, y con dimensiones claramente superiores a las nuestras. La gran noticia en torno a los episodios violentos del 22M es el desastre de la respuesta policial a los mismos, que confirma, de nuevo, la ineptitud sin límites de la cúspide del Ministerio del Interior, cuyo titular y principales colaboradores deberían haber sido cesados automáticamente por un gobierno normal.

Observados con mínima frialdad analítica, los hechos en cuestión no expresan ningún cambio cualitativo en el ambiente social español. Mucho más significativo en ese contexto es la gran participación en la manifestación del pasado sábado, un hecho que prácticamente ha pasado desapercibido en la gran escena mediática. Y no por casualidad. Porque si era perfectamente previsible que las televisiones oficiales u oficiosas lo ocultaran, resulta cuando menos sorprendente que El País, que sigue siendo una referencia, sobre todo en estas cuestiones, se limitara por primera vez en su historia a proporcionar únicamente la estimación sobre el número de manifestantes que hizo la Policía Municipal –que lo cifró entre 35.000 y 50.000, probablemente sólo la décima parte, como poco, de los reales–, absteniéndose de hacer cálculos autónomos al respecto.

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Ucrania y unión bancaria: Europa sigue brillando por su ausencia

Merkel, a su llegada a la reunión del PPE previa a la cumbre de Bruselas.

Los últimos acontecimientos que se han producido en el territorio político de la UE no están precisamente animando a creer en la trascendencia de las próximas elecciones europeas. La incapacidad de los 28 para acordar una respuesta que esté a la altura de las iniciativas que Vladímir Putin ha adoptado en Ucrania no sólo ha confirmado patéticamente que la UE carece de algo parecido a una política exterior, sino también las enormes limitaciones que los dirigentes europeos tienen a la hora de actuar un palmo más allá de la frontera de sus estrictos intereses nacionales. Y los cicateros acuerdos adoptados en materia de unión bancaria han mostrado que, más allá de concesiones muy restringidas, los países ricos de la UE, con Alemania a la cabeza, siguen sin estar dispuestos a poner el dinero necesario para solventar los problemas de los más endeudados.

Hasta los analistas menos osados coinciden en que la UE ha actuado mal desde el inicio de la actual crisis ucrania. Que propició lo que iba a ser el elemento desencadenante de la misma –el acuerdo de asociación de Ucrania a la UE, que sacaba al país de la esfera de influencia de Rusia– sin poner un solo euro para hacerlo viable. Que cuando el poder entonces dominante en Kiev rechazó dicho acuerdo, provocando una protesta popular que no dejaría de crecer, algunas cancillerías europeas y, particularmente, sus servicios secretos, se dedicaron, en secreto, a apoyar dicha protesta sin tener un plan para hacer frente a las consecuencias que un eventual éxito de la misma podría provocar y, más en concreto, la inevitable respuesta por parte de Moscú.

Los acontecimientos se fueron precipitando –el Maidán ganó la partida al presidente Yanukovich, le depuso sin mayores miramientos constitucionales, se declaró fervientemente antirruso y finalmente Putin ocupó Crimea– sin que a Bruselas se le ocurriera convocar una cumbre para acordar una posición en torno a la peor crisis que el continente ha vivido desde la desintegración de Yugoslavia y que, si los peores escenarios futuros se verificaran, sería bastante más grave que aquella, porque, puestos a lo peor, podría llevar a soluciones militares de amplio espectro. O, cuando menos, a que se plantearan sobre el papel.

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Ahora es el PSOE el que se indigna porque un juez ha tocado a uno de los suyos

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La exministra Magdalena Alvárez. \ EFE

La petición de una fianza de más de 24 millones a la exconsejera andaluza Magdalena Álvarez ha abierto un nuevo capítulo de la esperpéntica relación entre política y justicia en España. Con ingredientes idénticos a los de los muchos que le han precedido, fueran los acusados del PP o del PSOE, como ocurre en este caso. Y los mismos que se rasgan las vestiduras por la corrupción en la política y prometen, o piden, medidas tajantes para acabar con ella han salido en tromba a defender la inocencia de su compañera, o amiga, y a acusar a la jueza que la ha inculpado, la magistrada Mercedes Alaya, de las peores aberraciones jurídicas.

En el debate de estos últimos días al respecto se han oído a bienpensantes que advierten, de una u otra forma, que la osadía acusatoria de algunos de nuestros jueces puede acabar con el sistema democrático. Que no puede ser que la familia real, los partidos, los sindicatos y los empresarios y otros pilares de nuestro sistema institucional estén el punto de mira de los magistrados y puedan terminar, uno detrás de otro, condenados si alguien no lo remedia.

Y se han quedado tan tranquilos confirmando algo que ya se sabía de hace tiempo: que en los ambientes del establishment no es la corrupción lo que más preocupa sino que algún poderoso implicado en esos tráficos pueda pagar por ella. Y si para impedirlo hay que hundir la carrera de un magistrado antes de que concluya su procedimiento y sea demasiado tarde, a algunos no les temblará la mano para contribuir a ello: lo que le ocurrió al juez Garzón es un precedente que a más de uno no le importaría que se repitiera.

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Rajoy no gobierna, sólo hace propaganda tramposa

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Rajoy navega con el viento a favor de los medios.

Está en curso una formidable operación para ocultar la realidad económica a los españoles, para hacerles creer que las cosas van mejor y que el gobierno lo está haciendo bien. Rajoy ha confiado a esa patraña la suerte de su partido en las elecciones europeas y no repara en límites a ese fin. Hasta el punto de que, por primera vez en la historia de la democracia española, no pocos expertos tienen serias sospechas de que algunas estadísticas oficiales pueden estar siendo manipuladas. Se habla de ello desde hace meses, pero este viernes, cuando el INE anunciaba que el PIB había crecido sólo un 0,17 % en el cuarto trimestre de 2013 –y no el 0,3 % del que Rajoy había alardeado dos días antes, en el debate sobre el estado de la nación– las dudas se han reafirmado hasta convertirse casi en certezas.

Porque el motivo oficial de ese ajuste de las cifras –en casi un 50% de las ofrecidas inicialmente– es que el consumo público se ha desplomado hasta un 4% en términos anuales durante el 4º trimestre. Y las preguntas han surgido casi automáticamente. ¿Cómo es posible que el INE no hubiera detectado esa caída antes de decidir que el crecimiento del PIB iba a ser del 0,3% en ese periodo? ¿Por qué hemos de creernos que hemos salido de la recesión –esto es que el PIB ha vuelto a crecer- cuando el gasto público ha caído de forma tan notable? ¿Quién puede asegurarnos que las demás magnitudes no han sido manipuladas?

Esas cuestiones no son banales, no estamos ante un debate académico. Porque toda la estrategia propagandística del gobierno se basa justamente en ese dato, en que la evolución del PIB ha cambiado de signo, en que ya estamos creciendo y que ese designio va a ser imparable, hasta llegar a un crecimiento del 1% a final de 2014 –los corifeos más enardecidos de Rajoy empiezan a decir sin recato que es incluso posible que más- para llegar al 2% en 2014. Y si resulta que los datos de este momento están trucados, todo el montaje de las previsiones oficiales –que no son más que previsiones, es decir, a la postre, inventos- puede venirse abajo.

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El riesgo de una salida populista en la España de hoy

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La crónica de la vida pública española es un relato de fracasos, desatinos, despropósitos y, sobre todo, de la incapacidad de los que mandan, o de los que tienen un mandato representativo, para resolver en beneficio de la colectividad los graves problemas que tiene el país. La sensación de que la ineptitud es generalizada, o de que esos problemas superan a quienes habrían de hacerles frente, hace imposible un debate mínimamente racional sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que debería hacerse para que dejara de ocurrir.

El espacio público ha quedado en manos de la propaganda o de los tribunales –cuyas peripecias ha sustituido ya casi todo a la acción política y a la información política misma–, mientras, como era de esperar, crece el coro de los ciudadanos que piensan que lo mejor que podía pasar es que todo el entramado público se viniera abajo, aun cuando no tengan ni mucho menos claro qué podría sustituirle.

Ese estado de ánimo, que confirman hasta la saciedad todas las encuestas, por amañadas que estén, es una condición necesaria para que se abra paso lo que se ha venido a llamar "solución populista". Un término que tiene una fuerte carga negativa, porque, hasta ahora, sus manifestaciones concretas han terminado por identificarse con las posiciones de la ultraderecha, las de los partidarios de suprimir las libertades, al menos para amplios sectores de la sociedad, al tiempo que, a la postre, sus líderes y su acción política confluyen con los intereses de las clases poseedoras o más favorecidas. Pero que por mucha animadversión que produzca no puede despreciarse, y menos en estos momentos.

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Además de brutal, éste es un Gobierno de inútiles

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Rajoy inaugura el metro de Ankara en un acto electoral de Erdogan. / Efe

Más allá del rechazo que produce este nuevo episodio de la política de inmigración del PP, los hechos de Ceuta –"tragedia", según la vicepresidenta Sáenz, o crimen, según todos los indicios– son un nuevo capítulo de la ineptitud de este Gobierno. Porque el desprecio absoluto a los emigrantes o las consignas brutales que el Ministerio del Interior ha impartido hace ya tiempo como normas de la acción policial no explican del todo lo ocurrido: hay un plus de incapacidad de gestión y de resolución de conflictos que sólo puede atribuirse a la insolvencia de las personas encargadas de hacerles frente.

Y lo de Ceuta se añade a una larga lista de fallos en este sentido. Hasta el punto de que lo que más caracteriza la acción de este Gobierno son sus fallos, sus desatinos, cuando no sus estupideces.

En principio cabe descartar que el objetivo de la Guardia Civil y de sus jefes en Ceuta fuera provocar la muerte de 14 subsaharianos. Aunque sólo fuera por las consecuencias que podía traer, que cualquier otro motivo más edificante está por demostrar.

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Europa se hunde por el rechazo de la gente

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El presidente francés, François Hollande. / Efe

Mientras se empaña un tanto el optimismo sobre la marcha de los mercados financieros –aunque no se atisban tormentas en el horizonte, al menos mientras la crisis de los países emergentes no vaya a más–, el panorama político europeo se ennegrece cada día que pasa, sobre todo en el flanco sur de la UE, España incluida. Y no tanto porque se prevean grandes convulsiones a corto plazo, aunque los posibles y probables triunfos del partido izquierdista Syriza griego y del ultraderechista Frente Nacional francés en las elecciones europeas serían importantes aldabonazos en esa dirección. Sino porque todos los gobiernos de ese conjunto de países son rechazados mayoritariamente por sus poblaciones y porque en todos ellos cobra cada vez más fuerza la hipótesis, o cuando menos la sensación, de que un día el entramado político e institucional puede saltar por los aires. En esas condiciones, y aunque los poderes europeos no quieran hablar de ello, la idea de una estabilidad política europea –en la que está basada, entre otras cosas, el euro– suena cada vez más irreal.

Este jueves, el editorial de Le Monde, un periódico no precisamente radical, decía estas cosas: "Francia atraviesa una inquietante crisis política y de sociedad. Los franceses se encuentran en un estado de depresión y de desconfianza. La impotencia de los partidos de gobierno para formular un diagnóstico sobre el mal francés y para convencer de su capacidad para remediarlo alimenta el escenario. El contrato en el que está basada la república se tambalea. ¿Estamos asistiendo al ascenso concomitante de la intolerancia y de un fundamentalismo del tipo Tea Party a la francesa, que prepararía para mañana el éxito electoral de una derecha extrema y populista?".

François Hollande está con el agua al cuello. Sigue cayendo en los sondeos y aparece como un presidente encogido, temeroso de la calle, de la gente y de los poderosos. Salvadas todas las distancias, se parece cada vez más a Mariano Rajoy, con el que también coincide en que sus índices de impopularidad superan el 80 %. Hace dos semanas renunció a todas las veleidades programáticas de izquierdas, afirmó, como hacen los neoliberales, que la política de oferta ha de mandar en la gestión económica e hizo sustanciales concesiones a la patronal. Ahora acaba de anunciar que su proyecto de ley sobre la familia, moderadamente avanzado, se posterga sine die. Si antes cedió a la presión populista y tomó escandalosas medidas contra los inmigrantes, ahora ha bajado la cabeza ante la protesta de una derecha cristiana, autónoma pero cada vez más poderosa.

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Al Gobierno ya sólo le importan las europeas

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a los asistentes a la Convención Nacional del PP. / Efe

La inquietud vuelve a mandar en el ambiente económico internacional y en los medios de referencia: no sólo porque los inversores siguen retirando dinero a espuertas de los países emergentes –tras Argentina, que es el que está peor, ahora los temores se agudizan en torno a las monedas de Turquía, Sudáfrica, Rusia, Hungría y hasta Polonia–, sino porque el nuevo descenso de la inflación en la eurozona parece confirmar la debilidad de la recuperación.

Al tiempo, China crece cada mes más despacio y la situación financiera de Grecia vuelve a agitar Bruselas. Pero en la escena política española nada de eso parece existir. Aquí, con promesas de dudoso cumplimiento, el PP ha lanzado la campaña electoral y ninguno de los demás partidos parece dispuesto a seguir otro guión que no sea ese.

La lectura de los boletines económicos internacionales no genera la sensación de que se esté en puertas de una catástrofe, al menos por el momento, pero sí que los países que tienen su estabilidad financiera cogida con alfileres podrían llevarse un susto si los procesos apuntados empeoran, lo cual es una posibilidad real. España es uno de ellos. No sólo porque sus cifras macroeconómicas son muy malas –y por mucho que se esfuerce el Gobierno en convencer de lo contrario, ni mejoran ni tienen pinta de hacerlo a medio plazo–, sino porque los problemas que nuestro país tiene en el terreno justamente financiero siguen sin resolverse.

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  • Mirada al mundo

    La crisis puede provocar la inestabilidad política del sistema

    La explicación que yo doy al interés por España de los diarios que Vd. cita -y que no viene de las últimas semanas, sino de más atrás- es que España es el punto débil por donde puede romperse todo el entramado del euro y, si eso ocurriera, por donde podría empezar a producirse, lo dicen los expertos, un cataclismo similar al de Lehman Brothers. En definitiva, que es el sitio al que hay que mirar y, de hecho, al que miran no sólo esos periódicos, sino to el mundo económico y financiero. Si hubiera otros motivos menos claros, yo los desconozco y tampoco se me ocurren. Carlos Elordi

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