Revuelta a favor de la vida en la N-II
“Mi sobrina contó unos 10 por minuto”, dice una vecina. “No... Son unos 150 cada media hora”, dice otro, mientras engulle una galleta. Algo más allá, un hombre mayor eleva la cifra hasta 200 en las horas punta. Hablan de los camiones que cruzan su pueblo, Bàscara. Y están desayunando en medio, literalmente, de la N-II. Mientras los Mossos d'Esquadra desvían el tráfico de la concurrida carretera hacia la AP-7 que discurre a escasa distancia, ellos toman chocolate con churros. Hace 44 días que lo hacen, una hora por la mañana y una por la tarde, desde que una vecina -una más- murió cuando su coche fue embestido por un camión. Quieren que los vehículos de gran tonelaje dejen de pasar por esta carretera, porque aquí la N-II es apenas una calle ancha y el tránsito de camiones es incesante. Bàscara, de mil habitantes, está a escasos 50 kilómetros de la frontera con Francia, la puerta principal de entrada a la Península de todo el tráfico que utiliza el corredor mediterráneo y buena parte del que viaja hacia el centro.
En el tramo de las comarcas de Girona, la carretera N-II absorbe una densidad de tráfico de 22.000 vehículos al día, el 40% de los cuales son camiones. Desde hace casi dos décadas, los sucesivos ministros de Fomento han prometido que desdoblarían la vía, pero de momento solo se ha ampliado a dos carriles por sentido en 8 de los 100 kilómetros previstos. En el país de los AVE sin pasajeros y de los aeropuertos sin aviones, los gerundenses -instituciones, políticos, transportistas, usuarios y, sobre todo, familiares de víctimas- no entienden como es posible que se dé esta situación precisamente en una de las principales vías de acceso de España hacia Europa.
La siniestralidad de la carretera es muy elevada: 14 personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas graves el pasado año. En 2011, la relación fue de 13 muertos y 27 heridos de gravedad. Y sólo este año ya cuentan cuatro víctimas mortales. Según las cuentas de la Generalitat, en seis de cada diez accidentes se ve involucrado un camión. Y es que con la crisis, cada vez son más los transportistas que optan por coger la N-II cuando llegan a la Jonquera desde Francia. Por ello, la Generalitat lleva semanas negociando con Fomento y Abertis -la concesionaria de la AP-7- para que la autopista asuma el tránsito de todos los camiones.
“Quien más quien menos tiene a un amigo o un familiar que ha fallecido en la nacional”, asegura Andreu Molinas, consciente de que si se prohíbe el paso de camiones por esta carretera “ya tendríamos resuelto parte del problema”. Una victoria parcial. La densidad de tráfico de la autopista es de poco más de 40.000 vehículos diarios, un tráfico que absorbe sobradamente la AP-7, que cuenta con tres carriles desde la frontera. E incluso acaba de ampliarse a cuatro vías por sentido en la circunvalación de Girona precisamente para absorber en este tramo el tráfico de la N-II.
Mientras suena L'Estaca, de Lluís Llach, los vecinos que cortan la carretera empiezan a recoger las sillas. Volverán por la tarde, porque la desconfianza sobre una pronta solución es compartida por todos. Algunos vecinos, como Consol, de 65 años, hace “40 años” que escuchan promesas sobre una circunvalación que evitará que la carretera cruce el pueblo.
El traslado de camiones a la AP-7, previsto para abril
El traslado de camiones a la AP-7, previsto para abril
Las protestas en Bàscara empezaron el 31 de enero, cuando el hijo de una vecina de 60 años que acababa de morir tras una colisión contra un camión cerca del pueblo cogió unos cuantos neumáticos, ayudado por sus amigos, y les prendió fuego enmedio de la carretera. “Esto fue por la noche, y por la mañana volvían a estar allí, con los neumáticos ardiendo y sin intención de marcharse hasta que tuvieran una respuesta”, recuerda Andreu Molinas, uno de los impulsores de la plataforma vecinal creada para dar forma a la protesta. Él mismo se unió aquella mañana a los jóvenes. “Estuvimos más de cinco horas”, cuenta, y dice que se presentó todo el mundo: policía, políticos... Un mes después, el 4 de marzo, el conseller de Territorio y Sostenibilidad y hasta hace poco alcalde de Figueres, Santi Vila, anunciaba en TV3 que con toda probabilidad los camiones de gran tonelaje dejarían de circular por la N-II hacia Semana Santa.
Fuentes del departamento de Territorio y Sostenibilidad aseguran que el acuerdo entre Fomento, Generalitat y Abertis para hacer realidad el desvío de camiones ya está cerrado, aunque aún tienen que firmar las partes, así que no se quiere dar por segura ninguna fecha más allá de principios de abril, como anunció el conseller. El pacto a tres establece que los vehículos de más de 12 toneladas tendrán prohibida su circulación por la N-II desde la Jonquera hasta Maçanet de la Selva -el tramo en cuestión-, hasta que la carretera no esté desdoblada. De este modo, los camiones, a no ser que tengan que cargar o descargar en algún punto de la provincia, deberán usar la AP-7, y contarán con una bonificación. Si tienen su origen o destino en las comarcas de Girona, los transportistas abonarán el 50% del peaje. Si atraviesan entera la provincia, deberán pagar el 75%. De lo demás se harán cargo Abertis y las administraciones catalana y central, en un reparto que todavía se desconoce.
Las negociaciones para trasladar los camiones se iniciaron antes de los cortes de tráfico en Bàscara, pero los vecinos quieren creer que sus medidas de presión han valido la pena. “Por eso no nos moveremos de aquí hasta que se haya ido el último camión”, dice Lluís Lloret, alcalde de la localidad. También desde el asfalto, Lloret añade que no piensa hacer más declaraciones hasta que se cumpla el objetivo.
Décadas de accidentes bajo promesas incumplidas
Décadas de accidentes bajo promesas incumplidas
Por la mañana, los vecinos de Bàscara tienen permiso para llevar a cabo la protesta, pero no por la tarde. Aunque, según una joven vecina, ellos no bloquean el tráfico, sino que hacen “un uso masivo del paso de peatones”. Esto es, cruzan una y otra vez el paso de cebra, sin dejar pasar a los coches y curiosamente con pancartas. “Lo que hacemos es llevar recados de can Sala hasta ca l'Eugènia y viceversa”, se ríe la joven. Por can Sala se refiere a la tienda de maquinaria agrícola Sala, a un lado de la carretera, y por ca l'Eugènia, a la tienda de electrodomésticos que regenta Eugenia Carbó, al otro lado. En ambas tiendas se ha sufrido la relación diaria con la N-II.
“Contra el escaparate de la tienda de mi tío [Maquinàries Sala S.L.] se estampó un tráiler”, cuenta Joan Sala, que atiende a la barra del bar de al lado. “El conductor devería llevar toda la noche conduciendo y se durmió”, recuerda el sobrino. Era temprano, pero sus tíos ya habían empezado a trabajar, aunque ninguno de los dos se encontraba cerca del mostrador y salieron ilesos. En su caso, Eugènia perdió a su marido hará cinco años. Un camión, cuyo conductor sobrepasaba el límite horario de conducción permitido, invadió el carril contrario en un punto de la N-II cerca del pueblo y colisionó de frente con el turismo que conducía el marido de camino al trabajo.
La rabia ante tantas víctimas, simbolizada por la protesta de Bàscara pero compartida en toda la región como un agravio, apunta directamente al ministerio de Fomento, el titular de la vía. Fue con Josep Borrell (PSOE) de ministro cuando se anunciaron mejoras en la carretera, en 1993. Las obras de desdoblamiento debían empezar a finales de los noventa pero no arrancaron hasta el 2004, y con distintas licitaciones por tramos muy fragmentados. Se expropiaron las tierras pertinentes a los payeses -a algunos aún se les debe dinero, según su sindicato- y se iniciaron los trabajos. Pero por ahora solo se ha concluido el tramo entre Fornells de la Selva y Caldes de Malavella, ocho de los cien quilómetros previstos, que inauguró Magdalena Álvarez (PSOE) en 2007. Del resto quedan unos 15 quilómetros con obras empantanadas que agravan, más si cabe, la difícil y peligrosa circulación por la vía.
Los transportistas no quieren pagar “los platos rotos”
Los transportistas no quieren pagar “los platos rotos”Con el acuerdo a punto de firmar entre Fomento, Generalitat y Abertis para desviar el tráfico de los camiones hacia la AP-7, los transportistas tienen la sensación de que salen perdiendo pese a no considerar que ellos no tienen la culpa. Así lo transmite Carlos Palacio, director de Asetrans, la Associació de Transports de Girona. “No podemos aceptar la obligación de pagar por culpa de una mala gestión de la infraestructura por parte del Estado”, se queja Palacio. “Son ellos los que no han cumplido sus promesas durante décadas, y ahora nosotros, que pagamos nuestros impuestos, tenemos que pagar los platos rotos”, se lamenta. Por eso pide que, si se les desvía a la autopista, sea de forma gratuita, y que sea la concesionaria la que haga el esfuerzo económico.
Con la crisis, cada vez son más los camiones que usan la N-II para ahorrar, y según las cuentas de la Generalitat, en seis de cada diez accidentes se ve involucrado un camión.
