“Ha sido la PAH la que ha hecho el plan de choque durante los últimos siete años”

El Parlament de Catalunya aprobó en julio una ley, la 24/2015, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética. Desde entonces sus impulsores no descansan para garantizar que se aplique y también que pueda llegar al resto del Estado para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las garantías que ofrece. Entre otras cosas, la ley obliga a las entidades bancarias a garantizar el realojo de familias desahuciadas y a ceder a la administración sus pisos vacíos, y a las compañías suministradores a consultar a servicios sociales antes de ejecutar cualquier corte de suministros básicos con el llamado principio de precaución.

Este martes los promotores de la ley envían una carta al nuevo presidente de la Generalitat Carles Puigdemont –como ya hicieron con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau– para pedir un encuentro con los responsables del Govern y exigir la aplicación de la ley. Mientras, siguen con atención las negociaciones en el Congreso, donde la PAH ha puesto sobre la mesa cinco exigencias de mínimos para cualquier pacto de Gobierno, y son especialmente críticos con la postura del PSOE, que rechaza ahora propuestas que asumía en 2013 cuando se debatió en el Congreso la ILP de la PAH, bloqueada por la mayoría absoluta del PP. Hablamos de todo ello con Carlos Macías de la PAH y María Campuzano de la APE.

Este martes envían una carta con demandas al nuevo presidente de la Generalitat. ¿Creen que con este nuevo gobierno se abren nuevas posibilidades?

Carlos Macías: Enviamos la carta con todo un trabajo previo. Se aprueba la ley en julio, entra en vigor la primera semana de agosto, y nosotros sabíamos que aprobar una ley no cambia la realidad de inmediato, así que en septiembre nos ponemos a trabajar con la Generalitat y hacemos guías para los ayuntamientos, para los usuarios, hacemos nueve formaciones en todo el territorio a mil funcionarios. A partir de aquí, mano tendida para colaborar, pero hacen falta resultados y la aplicación integral de la ley. Este Govern lo que tiene que hacer es desplegar inmediatamente el reglamento de segunda oportunidad porque si no las entidades financieras lo que están haciendo es extorsión a las familias. Haciéndolas elegir entre dación en pago y alquiler social. Blackstone incluso hace firmar unos documentos a las familias conforme renuncias a la ley 24/2015, que eso es ilegal.También hace falta que se hagan las cesiones obligatorias de manera inmediata. La Generalitat ha hecho un censo de viviendas vacías, que de momento es voluntario para las entidades propietarias, pero ya tienen 47.000 viviendas. No nos vale la excusa de que su función es subsidiaria, de que primero debe hacer el ayuntamiento.

María Campuzano: Para la pobreza energética es urgente el convenio con las empresas suministradoras que obligue a poner ayudas o descuentos muy significativos en las facturas. Ahora mismo con los cortes de suministro que se están parando, que no son todos ni mucho menos, le garantizas a aquella familia que tendrá acceso a los suministros, pero va acumulando una deuda. Lo que no tiene sentido es que se haga como el fondo de solidaridad de la Generalitat, que darán 1,1 millones de fondos públicos para garantizar a estas empresas el cobro de facturas impagadas. Al final esto le soluciona más el problema a la empresa que a la familia que se encuentra en esta situación. Por otra parte las empresas suministradoras no están cumpliendo con esta ley. Se siguen produciendo cortes de suministro y la Generalitat debe sancionar a las empresas porque es la única manera para que se den cuenta de que hay una ley que las obliga.

Ponen énfasis en que la Generalitat debe actuar sin esperar a los ayuntamientos.

CM: Mientras no hagamos el reglamento de segunda oportunidad la administración catalana estará colaborando con la extorsión que está haciendo la banca, porque les estamos dando carta blanca. Mientras no se hagan cesiones obligatorias podremos hacer leyes muy bonitas pero no tendremos un parque público de vivienda para dar respuestas. Tenemos un parque público de un 1%, 130 mil familias que están en proceso de pérdida de vivienda, 70 mil que ya la han perdido, y a la vez 480 mil pisos vacíos. Con estos 480 mil pisos vacíos llegaríamos a la media europea del 18% de parque público. Otra vez estamos ante un problema de falta de voluntad política si desde la Generalitat y desde los ayuntamientos, de todos, pero especialmente de los grandes, no se ha hecho la cesión, no hay excusa. Y la Generalitat aquí no se puede excusar en el principio de subsidiariedad, porque lo que no podemos decir es que si un ayuntamiento pequeño del Pallars no hace la cesión obligatoria es porque no quiere, porque en muchas ocasiones no tendrán recursos y quizás tienen voluntad, y aquí la Generalitat tiene recursos. En Vivienda hay 500 trabajadores, que se pongan a disposición del derecho a la vivienda.

MC: En el caso de las suministradoras con los convenios pasa lo mismo. No puede ser que cada ayuntamiento catalán vaya a negociar con las empresas negociadoras y en función de si es más grande o más pequeño conseguir más o menos cosas. Quien debe asumir esta responsabilidad es la Generalitat, y tener un convenio para todos los catalanes que sea igual y que garantice los mismos derechos para todos.

¿Qué es lo que sí se está aplicando de esta ley?

MC: En materia de pobreza energética, en muchos municipios las empresas están cumpliendo con la obligación de pasar los datos a servicios sociales antes de que se produzcan los cortes de suministro, pero coincide que normalmente es en aquellos ayuntamientos donde hay fondos para pagar estas facturas. Donde saben que cobrarán la factura impagada sí hacen el procedimiento, pero si no es así, no.

CM: Otra voluntad de la carta también es la de poner sobre la mesa y aclarar qué es la ley 24/2015, y las confusiones intencionadas o no intencionadas del nuevo presidente de la Generalitat que habla como si la ley estuviera impugnada en el Tribunal Constitucional y no estuviera vigente, y esta ley está plenamente vigente. Siempre se juega a confundir con que está recurrida en el Constitucional, cuando no lo está. Durante la campaña y ahora se habla mucho de plan de choque, pero a nosotros nadie nos ha consultado, y somos nosotros los que hemos hecho el plan de choque durante los últimos siete años, que hemos parado los desahucios que ellos no paraban, parando los cortes de suministro, forzando las daciones en pago, ... Hablan de cero desahucios, pero lo que hace falta es una aplicación integral de la ley 24/2015, y esto es también garantía de realojamiento y movilizar la vivienda vacía, y poner sobre la mesa este cambio de paradigma. No debe ser la administración que asuma siempre el coste económico de los cortes de suministro o de los desahucios. Lo que decimos es que tanto con suministros como con vivienda estás haciendo negocio con un bien de interés general, y por lo tanto te toca asumir tu responsabilidad y la deuda de las familias y el alquiler social.

En referencia al plan de choque, durante la negociación Junts pel Sí ofreció a la CUP cuestiones que ya están incluidas en la ley 24/2015.

ya están incluidas en la ley 24/2015

CM: Es una tomadura de pelo, porque podrían haber puesto en el plan de choque todas las leyes que están vigentes. Entiendo que un plan de choque no debe ser un compendio de leyes. Lo que tienen que hacer es aplicar la ley, no hacer un plan de choque donde un titular muy bonito dice “cero desahucios”. Ni siquiera nos han consultado qué creíamos que hacía falta en materia de vivienda. Al final el mensaje que están enviando es “estamos aplicando las leyes que castigan la ciudadanía, que recortan derechos, pero las leyes que han venido para garantizar sus derechos, ya veremos, y las pondremos en un plan futuro”. La vigencia es actual.

Hay quien dice que a pesar de estar vigente no hay recursos para aplicar esta ley.

CM: Esta ley precisamente lo que hace es reducir el gasto de la administración garantizando derechos, porque lo que hace es que quien está desahuciando, cortando suministros, en general quien está haciendo negocio con bienes básicos, es quien debe asumir la responsabilidad. No hay ninguna excusa, no estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de que sea el otro quien lo asuma.

Dicen que el nuevo Govern no les ha contactado para hablar sobre la ley.

CM: Primero hacen un planteamiento confuso sobre si la ley está recurrida en el Constitucional, después el plan de choque condiciona la ley a futuro, cuando es una ley que está vigente hoy, y se hace un planteamiento también de que no hay recursos presupuestarios. Esto quiere decir que no han entendido la ley que ellos mismos han aprobado. No se han puesto en contacto con nosotros ni para calcular qué presupuesto necesita la ley, ni para ver qué necesitaba en materia de vivienda el plan de choque. En cambio, cuando vamos a Catalunya Ràdio este lunes y en el programa de máxima audiencia decimos que no se han puesto en contacto con nosotros, diez minutos después tenemos una llamada de la consejera diciendo que a ver cuando nos reunimos para hablar de la ley.

Hay muchos ayuntamientos que han expresado la voluntad de aplicar esta ley. También dicen que se encuentran dificultades. ¿Cómo valoran el trabajo que se hace a nivel municipal?

CM: Primero hemos hecho todas las formaciones y el material para que nadie pueda tener la excusa de que no sabe cómo se debe aplicar, o de que no tienen formación. Las formaciones eran abiertas, han venido muchísimos ayuntamientos, muchos trabajadores de la administración con mucho interés, y ahora ya no hay excusa, se aplicará sí o sí. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado el inicio de la cesión de 1.400 viviendas, pero ahora ya no toca hacer la solicitud sino hacer efectiva la cesión de todas las viviendas. ¿Y en pobreza energética?

MC: En pobreza energética sí han desplegado los protocolos de aplicación de la ley, han abierto tres oficinas de pobreza energética, pero la realidad es que se han producido cortes de suministro en Barcelona y todavía no hemos visto ninguna sanción. Las medidas que han hecho han ido muy encaradas a la rehabilitación y eficiencia energética, que realmente es una pata importante, es una de las causas de la pobreza energética, pero no aborda la emergencia, el problema más inmediato. Ya van tarde en aplicar el principio de precaución, sancionar a las empresas que lo incumplan, y el convenio que tienen que hacer con las suministradoras, porque hicieron una reunión en octubre con las compañías y todavía no tenemos respuestas de cómo han ido estas negociaciones.

CM: En general está costando que se aplique. Más allá de declaraciones de intenciones. El otro día salía Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet, y nos decía que están aplicando la ley 24/2015. Que nos diga donde porque en L'Hospitalet de momento no se ha iniciado ninguna cesión obligatoria, no se está realojando a las familias, se están alargando procesos, no se está haciendo. Y si vas a El Prat, donde lleva 30 años gobernando ICV, nos dicen que no tienen como realojar a las familias que no tienen un parque público de alquiler suficiente. ¡Es porque no lo han hecho ellos, que llevan 30 años! Tenemos clarísimo que presionaremos a todos, se ha acabado el periodo de mano tendida, que siempre estaremos dispuestos a colaborar, pero ahora también toca empezar a señalar y hacer presión a aquellos que no están aplicando la ley cuando sus propios partidos la han aprobado por unanimidad. Nadie tiene excusas para no aplicar la ley.

Mientras tanto en el Congreso se negocia cuál será el futuro gobierno y la PAH ha puesto cinco demandas de mínimos sobre la mesa.

la PAH ha puesto cinco demandas de mínimos sobre la mesa

CM: El Congreso anterior bloqueó la ILP con la mayoría absoluta del PP. Teníamos tres años de desierto por delante a nivel estatal para llegar a cambios, y lo que teníamos que hacer sí o sí era presionar ahora porque el nuevo Congreso, que cambia la correlación de fuerzas, nos podía permitir finalmente alcanzar nuestras reivindicaciones de los últimos sets años. Hacemos como con la ILP catalana, nos adaptamos a la nueva realidad y no nos quedamos sólo con desahucios hipotecarios y la dación en pago retroactiva, sino que vamos a movilizar la vivienda, detener desahucios de alquiler y ocupación y abordar la pobreza energética.

¿Qué respuesta tuvieron en campaña?

CM: La cosa quedó en que sólo lo pusieron en su programa Podemos e Izquierda Unida. PSOE se niega a la retroactividad, cuando durante el debate de la ILP estatal no lo hizo, lo que vuelve a demostrar que cuando tiene posibilidad de volver a estar en el poder su parecer sobre la banca cambia. Cuando está en la oposición se permite decirlo para hacer como que está más cerca de la calle, pero cuando ve que está a punto de tener poder se vuelve a echar atrás. Aparte de criminalizar quien no paga el alquiler, como hace Carme Chacón.

¿El problema para el PSOE era la retroactividad de la dación?

CM: El resto de cosas tampoco las acababa de asumir, pero con la retroactividad es en lo que se han cerrado más. Pero tampoco están a favor de regular la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] para hacerla más segura y más estable para los inquilinos, tampoco están a favor de movilizar las viviendas vacías de la banca, entienden que son para hacer negocio. Así nos lo dijo Leire Iglesias, la responsable de vivienda: que los pisos de la banca son para hacer negocio, que en todo caso construirían vivienda, cuando tenemos 3,5 millones de viviendas vacías.

MC: En pobreza energética estaban de acuerdo en parar los cortes de suministro y que intervenga la administración, pero en que lo asuman las empresas suministradoras ya no estaban de acuerdo, creen que se debe hacer con fondos públicos. Además, a nivel estatal tenemos un margen de acción mucho mayor. En Catalunya por un tema competencial no podemos tocar las tarifas, pero a nivel estatal sí se podría empezar a hablar de hacer una tarifa social que esté adecuada a los ingresos de cada familia, teniendo como margen el 10% de los ingresos. Que la familia pague lo que pueda y la otra parte la asuma la empresa suministradora. Hay que cambiar la ley del sector eléctrico, cambiar el bono social, que es muy restrictivo, y empezar a hablar de tarifa social.

CM: Hemos interpelado a los diputados para que, ahora que se tiene que formar gobierno, creemos que para cualquier partido, y especialmente los que han asumido las demandas, debe ser incondicional que para hacer una coalición o un gobierno que en ese pacto estén las cinco demandas de la PAH para acabar con los desahucios y los cortes.

¿Y si no están?

CM: Si no están haremos toda la presión posible para que sea el gobierno más corto de la historia de España.

Están trabajando también para llevar la experiencia de la ILP a todas las comunidades autónomas.llevar la experiencia de la ILP a todas las comunidades autónomas

CM: Esta semana venimos de Canarias, que están en proceso de llevarlo a su parlamento para que se legisle, en noviembre se llevó a trece comunidades autónomas, y de hecho este sábado nos reunimos en Sevilla para una asamblea estatal de la PAH y allí compartiremos como está yendo en todos los territorios, y veremos como el mismo partido que en Catalunya lo apoya, en Murcia o en Valencia no lo hace. Veremos estas incongruencias y las pondremos sobre la mesa y que se expliquen. Sobre todo estos que tienen este discurso de la igualdad de derechos de todos, que con su praxis demuestran que creen que hay ciudadanos que tienen más derecho a disfrutar de sus derechos que otros.

¿Confían que se podrá aprobar en otros lugares leyes con las garantías que ofrece la aprobada en Catalunya?

CM: Nosotros estamos convencidas. Durante la ILP el efecto dominó debía ser éste, y ahora hay que empezar a notar este efecto. Si no es así igualmente haremos presión a nivel estatal ya nivel autonómico. Tenemos nuevos gobiernos a nivel municipal, autonómico, estatal, y lo que no vamos a permitir es que pasen cuatro años como los gobiernos anteriores, mirando hacia otro lado. O son gobiernos que empiezan a garantizar derechos o haremos todo lo posible, la presión y la red necesaria, para echarlos. No aguantaremos cuatro años esta gente.