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La apuesta de Barcelona por regular la prostitución convence a la Síndica pero divide a los vecinos

La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, aplaude la intención del Ayuntamiento de Barcelona de regular la prostitución voluntaria

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona queda dividida entre el sector abolicionista y el ala partidaria de la regulación

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Las prostitutas de Barcelona protestan para defender sus derechos. /CARMEN SECANELLA

El gobierno municipal dotará de un marco normativo la prostitución voluntaria y eliminará las multas Edu Bayer

Poco a poco se van conociendo las posiciones de cada uno de los agentes sociales de Barcelona en relación con la prostitución. La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, está de acuerdo con la propuesta del Ayuntamiento de crear un nuevo marco normativo para el ejercicio de la prostitución voluntaria en la ciudad. Sin embargo, existen dudas en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), donde conviven dos sensibilidades, una radicalmente prohibicionista y otra más cercana a la regulación.

La actual presidenta de la FAVB, Ana Menéndez,  entrevistada recientemente por este meido e instalada en el ala más abolicionista, entiende que la prostitución se debe abordar en el marco “de un estudio global de la pobreza en la ciudad”. En base a esa tesis, Menéndez no secunda la medida del Ayuntamiento y recuerda que la prostitución voluntaria "es minoritaria". Sin embargo, Albert Recio, vicepresidente de la misma plataforma vecinal, entiende que la regulación “puede ser uno de los caminos” para proteger a las mujeres que, libremente, escojan dedicarse a la prostitución.

Tanto Recio como Menéndez, sin embargo, sí sugieren al gobierno liderado por la alcaldesa Ada Colau abrir un debate a "todas las voces implicadas" antes de impulsar nuevas medidas.

Por su parte, la Síndica de Barcelona ha valorado positivamente la aprobación de ayer de crear un marco legal regulado, que va en la línea defendida por la Sindicatura desde hace años. Vilà considera que el endurecimiento de la Ordenanza de convivencia para impedir la prostitución en la calle, principalmente en el Raval, con más sanciones a las prostitutas y los clientes, no ha funcionado, y sostiene que la oferta de prostitución sigue viva y arraigada en Ciutat Vella.

Según Vilà, en los casos en los que la prostitución se ejerza de forma voluntaria se debe reforzar la reinserción socio-laboral, pero siempre priorizando las condiciones de esas trabajadoras. La Síndica admite que no le gusta ver mujeres ejerciendo la prostitución en la calle y que por eso hay que abordar el fenómeno con alternativas realistas.

Ayer martes, en el marco de la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes,  el Ayuntamiento aprobó una proposición de Ciudadanos con los votos a favor de Barcelona en Comú, ERC y la CUP que dará una mayor protección y seguridad a las personas que ejercen la prostitución, una de las demandas de colectivos como Prostitutas Indignadas, que suma años de lucha para impulsar espacios donde ejerces “su oficio” en el barcelonés barrio del Raval.

Vecinos irrumpen en el Ajuntament

Durante la comparecencia en la Comisión de Presidencia y Seguridad, celebrada este miércoles, una decena de vecinos de la calle de Robador, del barrio del Raval, irrumpieron en el Ayuntamiento de Barcelona con carteles "Se vende, Illa Robador", como muestra de protesta por la situación de incivismo en la zona. La oposición aprovechó esta situación para cargar contra la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, a la que acusaron de haber retirado los efectivos de la Guardia Urbana. En cambio, fuentes municipales alertan que son vecinos con intereses privados en la zona y vinculados con el anterior gobierno de CiU.

Antes, Pin había insistido en que se está trabajando en un plan de actuación conjunto con la Guardia Urbana y los Mossos en el Raval y, en concreto, en zonas como la calle de Robador. La concejala apuesta por la mediación y una mesa con comerciantes para abordar la problemática con "diálogo y prevención" antes de adoptar otras medidas que, con anterioridad, habían "criminalizado los colectivos más vulnerables". Al terminar el debate, los vecinos calificaron de improvisadas las explicaciones de la concejala de Ciutat Vella en la comisión.

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