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El Estado considera el desalojo del bloque de Salt "de interés nacional"

La PAH cree que, aunque el juzgado de Girona acabe ordenando el desalojo, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos habrá sido una victoria.

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FOTOGALERLÍA: La PAH resiste al desalojo del bloque de Salt. /CARLES PALACIO

Después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo levantara la medida cautelar con la que prohibió el desalojo del bloque ocupado en Salt por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la decisión vuelve a estar en manos del juzgado de instrucción número 3 de Girona. El tribunal europeo consideró válidos los argumentos de la abogacía del Estado, que en su respuesta aseguraba que el desalojo es "de interés nacional" y explicaba que garantizará el realojo de dos de las familias que viven en el bloque, en nombre de las cuales se apeló a Estrasburgo.

Desde la PAH consideran que, aunque el juez de Girona dicte la orden de desalojo, "sigue siendo una victoria, porque hasta ahora se desalojaba a las familias sin ofrecer ningún tipo de garantías, pero a partir de ahora, con este precedente, pediremos garantías y realojamiento para todas las familias", dice Guillem Domingo, de la comisión de la Obra Social de la PAH. De hecho, explica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además de levantar la medida cautelar, ha anunciado que también se pronunciará sobre la cuestión de fondo que denunciaba el colectivo.

Después del primer escrito, preparado con carácter de urgencia, la PAH presentó otro recurso en Estrasburgo en el que discute que "una decisión de desalojo, con carácter general, sea respetuosa con el convenio de derechos humanos", explica Benet Salellas, el abogado gerundense que lleva el caso del Bloque de Salt. Sobre esto aún debe pronunciarse el TEDH. "Creemos que no se puede decretar un desalojo, como hizo la Audiencia de Girona, sin escuchar a los ocupantes del inmueble", afirma Salellas. "Es contrario a los derechos humanos no sólo por la situación de vulnerabilidad que denunciábamos en el primer escrito, sino también por el procedimiento", explica.

La abogacía del Estado busca frenar las ocupaciones

Por su parte, la abogacía del Estado defendió firmemente el desalojo ante Estrasburgo. En el escrito presentado, afirma que evitar el desalojo produciría "graves de años y prejuicios al interés nacional". El texto señala, como uno de los argumentos para defender la medida, que el inmueble pertenece a la Sareb -el "banco malo"- y asegura que esta sociedad es "un instrumento clave en el saneamiento bancario español" y sirve al interés público. Finalmente, el representante del Gobierno del Estado exponía que consideran necesario el desalojo para evitar "la permanencia o la generalización" de la ocupación ilegal de inmuebles.

Desde Salt, sin embargo, las familias siguen reclamando poder quedarse en el inmueble con un alquiler social. La Generalitat se ha comprometido a realojar a todas las familias, no sólo las dos que ha declarado en Estrasburgo que realojará. No obstante, las familias consideran que esto no mejorará su situación actual. La plataforma alerta de que la Generalitat les ofrece un piso pero no garantiza sus otras necesidades básicas, que actualmente cumplen gracias a los vínculos de solidaridad creados en el bloque, ya que hay familias que no tienen ninguna fuente de ingresos.

"Si la administración piensa que ofreciendo tres o cuatro pisos el problema se soluciona va mal, sólo a la PAH de Girona hemos dado en un año más de 1.000 casos de familias que tienen problemas de vivienda", critica Marta Afuera, portavoz de la PAH de Girona. La apuesta de las familias es poder quedarse en el bloque pagando un alquiler a precio social y, como han dicho en varias ocasiones, no pretenden pasar por delante de otras familias que esperan pisos de protección oficial.

Sin respuesta de la Sareb

En una reunión entre la Sareb, la PAH y la Generalitat -que consiguió la Plataforma presionando la entidad en la feria inmobiliaria de Barcelona-, la entidad bancaria se comprometió a estudiar una respuesta a la solución de las familias. La PAH no ha tenido respuesta sobre esta cuestión, pero a los pocos días la entidad anunciaba que ponía 2.000 inmuebles a disposición de las comunidades autónomas en régimen de alquiler social. Guillem Domingo considera que "fue una especie de respuesta camuflada". "La Sareb decidió dar alguna señal para no convertirse en el enemigo público de este país, y es evidente que toda la presión de la PAH ha tenido efecto", dice.

"Salt ha sido un precedente y un tema importante, pero es la punta del iceberg", asegura Domingo. "Abajo hay toda la Obra Social de la PAH y todo el problema habitacional de la gente que se está quedando en la calle", explica. Esto quiso expresar la plataforma con una acción el pasado miércoles reunió a los habitantes de los diferentes bloques que tienen ocupados en la plaza Sant Jaume de Barcelona para "exigir a la Generalitat que afronte el modelo especulativo de la Sareb". "Estrasburgo nos ha dado la razón en que hay unas instituciones que están infringiendo derechos y ahora tenemos que pedir que den respuestas", concluye Domingo.

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