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Las huelgas de profesores calientan la recta final del debate de los presupuestos catalanes

Las camisetas amarillas del sector educativo volverán a salir a la calle

Pau Rodríguez / Oriol Solé Altimira

Tras más de tres años sin huelgas en las escuelas catalanas, los sindicatos han convocado dos paros en las próximas semanas. Su propósito es recuperar condiciones laborales y las ratios de alumnos anteriores a los recortes, y para ello el calendario previsto no es casual: la jornada de huelga que cuenta con mayor apoyo sindical (CCOO, FETE-UGT, USTEC, ASPEPC) tendrá lugar el 9 de febrero, el mismo día que está previsto que el Parlament celebre el pleno definitivo sobre los presupuestos de la Generalitat para 2017. El calendario de movilizaciones lo completa otra huelga, convocada sólo por la CGT para el 18 de enero, y concentraciones frente a los centros el día 26.

A lo que aspiran los sindicatos es a que el Govern acceda a incorporar algunas de sus demandas en las cuentas antes de iniciar las movilizaciones. Los representantes laborales aceptarían como compromiso de la administración un “calendario de retorno” de las condiciones perdidas tras los años de recortes.

Sus reivindicaciones se concretan en pocos puntos: en el plano laboral, reclaman rebajar la interinidad del personal docente, el retorno a la jornada lectiva previa a los recortes –18 horas en Secundaria y 20 en Primaria–, sustituciones desde el primer día de baja y reducción de dos horas lectivas para los mayores de 55 años. Además, los sindicatos piden acabar con el cierre de líneas en la escuela pública.

El coste de estas medidas sería, según sus cálculos, de 142 millones de euros, dentro de unas cuentas que en el ámbito de educación ya han crecido en 338 millones respecto a las de 2015 (en 2016 las cuentas se prorrogaron después que por primera vez el Parlament tumbase unos presupuestos del Govern). 

“Estamos dispuestos a negociar”, afirma Marta Tejedor, responsable de Escuela Pública de CCOO, “pero también a movilizarnos”. Por su lado, el Govern y Junts pel Sí temen un escenario caldeado en el que la CUP, su socio parlamentario, termine rechazando las cuentas tras la presión de las huelgas.

Los contactos entre la CUP y el Govern todavía son incipientes, pese a que el calendario aprieta: la semana que viene se votarán las enmiendas a la totalidad al presupuesto de los departamentos en las respectivas comisiones parlamentarias. El próximo 1 de febrero, la comisión de Economía debatirá las variaciones presupuestarias propuestas por los grupos. Los anticapitalistas no han decidido su voto para ninguno de los dos trámites ni para el conjunto del presupuesto –lo decidirán el 28 de enero.

Como ya ocurrió en el anterior debate de presupuestos, la CUP organizará este jueves una conferencia política en el que dará a conocer sus prioridades en la negociación presupuestaria. Fuentes de los anticapitalistas explican que el gasto en educación ocupará un apartado destacado de la conferencia y añaden que coinciden y apoyan las reclamaciones sindicales.

Los partidos del resto de la oposición también han cogido el guante de los profesores. Por ejemplo, tanto el PP como Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) incluyen en sus enmiendas adicionales algunas de las demandas sindicales como la reducción del horario lectivo para los profesores mayores de 55 años o el fin de los cierres de aulas en la pública. El debate de las cuentas también reproducirá la discusión sobre las subvenciones a las escuelas que segregan a los alumnos por sexo, que en anteriores ocasiones se ha saldado con la unión de Junts pel Sí y el PP para mantener los 30 millones que reciben estos centros, algunos vinculados al Opus Dei.

El Govern defiende las cuentas

En el plano sindical, la próxima semana será clave para la negociación ya que está prevista la convocatoria de una Mesa Sectorial de Enseñanza con los sindicatos y el debate de las enmiendas a los presupuestos en cada comisión parlamentaria, incluida la de educación.

Por su lado, fuentes de la conselleria de Ensenyament aseguran que algunas de las demandas sindicales ya constan en los presupuestos. Es el caso de la cobertura de las sustituciones desde el 1 de septiembre o el cobro del mes de julio por parte de los sustitutos, que ya fueron anunciadas por el vicepresidente, Oriol Junqueras, en la presentación de las cuentas.

De hecho, el principal argumento del Govern es que el presupuesto para Enseñanza crece un 7,6% respecto al anterior, hasta el punto de llegar a un gasto similar al de antes de la crisis. No obstante, el gasto en educación es un 11% inferior al presupuesto de 2010. En conjunto, el gasto social, que engloba las partidas en sanidad, enseñanza y asuntos sociales, ha pasado de 19.129 millones de euros antes de los recortes a 16.883 millones en el proyecto para 2017.

Además, los sindicatos alertan que el contexto no es el mismo, en especial porque la cifra de alumnado no ha parado de incrementarse. Así, calculan que si en 2010 la Administración destinaba 4.215 euros por alumno y año en 2010, ahora todavía dedicará 3.630. “El sector está desde hace años muy infrafinanciado”, remarca Ramon Font, portavoz del sindicato USTEC.

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