Las entidades sociales defienden una Renta Garantizada de Ciudadanía en el Parlament

En el turno de comparecencias convocadas por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlament para debatir la Proposición de Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), este martes les correspondió intervenir a representantes de las asociaciones de vecinos, de padres de alumnos, de consumidores y de la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Esta Proposición es el resultado de la iniciativa legislativa popular que llegó al Parlament en noviembre del año pasado después de que la firmaran más de 120.000 personas. La RGC garantizaría que todos los ciudadanos dispongan de un mínimo de 664 euros mensuales.

Esta propuesta legislativa, impulsada con el apoyo de sindicatos, plataformas ciudadanas y vecinales, y los principales partidos de la oposición (ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP), pretende desarrollar el artículo 24.3 del Estatut de Catalunya, que dice que “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada Ciudadana que les garantice una vida digna”. Aunque el Estatuto se aprobó en 2006, esta ley no ha llegado nunca a desarrollarse.

Ayer fue la tercera vez que comparecían entidades para defender la RGC. El 11 de octubre comparecieron los representantes de los sindicatos CCOO, UGT e IAC, el mismo día que también comparecían representantes de las patronales Fomento, Pimec y Fepime. En julio también comparecieron Daniel Raventós, en representación de la Red Renta Básica, y Antoni Barbarà, de Dempeus per la salut pública.

“No es la solución a todo, pero la necesitamos”

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Lluís Rabell, afirmó que “la RGC no es la solución de todos los problemas pero la necesitamos ahora si no queremos que se nos rompa la ciudad entre las manos”. Rabell recordó los incidentes que, hace unos días, enfrentaron a vecinos de Nou Barris con los trabajadores sociales de un centro del distrito como muestra de la situación crítica a la que se ha llegado.

Carlos Macías, en nombre de la PAH, dijo que la Renta Garantizada de Ciudadanía es “necesaria, urgente e inmediata” y basó su afirmación en una serie de datos sobre la pobreza y el sufrimiento de la ciudadanía. Por ejemplo, que desde 2007 se han practicado 113.000 ejecuciones hipotecarias, que dos de cada cinco ciudadanos están en situación de pobreza y que 95.000 hogares no tienen ningún tipo de ingreso. Assumpta Ordeig, también de la PAH, explicó que en las asambleas de la entidad “vemos la realidad de la angustia que supone no poder vivir con dignidad” y reclamó que la ley entre en vigor el 1 de enero próximo año. “El Parlamento puede escoger entre ser líder de la justicia o social o que se siga exprimiendo la población”, dijo.

En defensa de la dignidad de las personas que tendrían derecho a la RGC también intervino el presidente de la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya, Alex Castillo, que denunció que a menudo “son maltratadas o vejadas cuando son atendidas o se les trata como niños pequeños ”. “La RGC les devolvería la dignidad”, aseguró. Para Castillo, “el Parlamento puede cerrar un mandato convulso de forma digna si es capaz de apoyar esta iniciativa por consenso”.

Finalmente, Anna Castelló, técnica de la Organización de Consumidores y Usuarios de Catalunya, coincidió en la necesidad de la RGC tras explicar que en los últimos diez años la luz ha subido de precio un 70% a pesar de que España es uno de los países donde la generación de energía es más barata.

La agenda del futuro

Los representantes de los partidos plantearon diversas cuestiones a los comparecientes. Pere Bosch (ERC) y Fernando Massana (PP) se interesaron por saber si creen que la Renta Garantizada debe ir acompañada de contraprestaciones por parte de los beneficiarios. Eva Granados (PSC) se planteó como habría que compaginar esta prestación con el subsidio de paro mientras que Laura Massana (ICV) resaltó que una buena prestación obligaría a los empresarios a renunciar a pagar salarios miserables y David Fernàndez (CUP) afirmó que “la agenda del futuro pasa por el debate de las rentas vitales”.

La portavoz de CiU en la Comisión, Anna Figuera, destacó que el Parlament de Catalunya esté discutiendo esta Renta, cosa que no hacen otros parlamentos autónomos, pero calculó que costaría unos 2.500 millones de euros anuales. “¿De dónde los sacamos?”, se preguntó.

La Comisión continúa sus trabajos a un ritmo lento, ya que hay previstas unas ochenta comparecencias, se han hecho una cuarta parte y sólo celebra sesiones quincenales y, en ocasiones, mensuales. Por otra parte, el adelanto de las elecciones al Parlament de Catalunya que se rumorea haría inútil todo el trabajo hecho hasta ahora.