La justicia decide si admitir las querellas contra Mas y varios miembros del Govern por el 9N
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) debe decidir este lunes si admite y pone orden a las siete querellas y 25 denuncias que se han presentado contra el president Artur Mas y miembros de su Gobierno por la celebración del proceso participativo del 9N. Entre ellas está la de la Fiscalía General del Estado, por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, aunque Eduardo Torres-Dulce ya no verá su desenlace como fiscal general.
A las 10 h se reúnen los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC y su presidente, Miguel Ángel Gimeno, con el doble objetivo de decidir si admiten a trámite las denuncias y querellas y si, de hacerlo, optan por agruparlas todas en una sola causa. La mayoría de las denuncias fueron interpuestas por particulares en distintos municipios catalanes, pero también las hay presentadas por partidos minoritarios en Catalunya como UPyD, Vox o Plataforma per Catalunya.
Su admisión a trámite abriría un proceso judicial muy complejo, puesto que habría que decidir sobre múltiples acusados y delitos. Si bien la Fiscalía General del Estado apuntó a Artur Mas y a dos de sus consejeras –la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau–, se han presentado denuncias que señalan también como responsables del 9N a miembros del Govern, como el consejero de Interior, Ramon Espadaler, o el de Presidencia, Francesc Homs. Es el caso de la querella de Manos Limpias, que les acusa también de un delito de sedición.
La Fiscalía Superior de Catalunya, requerida por el TSJC, se posicionó a favor de la unificación de las querellas el pasado 3 de diciembre, alegando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que los delitos que están conectados deben agruparse bajo un solo proceso con el fin de evitar reiteraciones. Algunas de estas querellas se encuentran ya encima de los escritorios de los distintos magistrados que se reunirán este lunes. Dada la complejidad de la deliberación, es posible que los magistrados no lleguen este lunes a una conclusión definitiva, y que se emplacen a otras reuniones en el futuro.
La querella de la discordia
Hace un mes la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra Mas, Ortega y Rigau por haber convocado la votación del 9N a pesar de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional. Esa querella, cuya gestión de los tiempos evidenció uno de los varios desencuentros vividos entre Torres-Dulce y el Gobierno, fue uno de los desaires que condujo a la dimisión del fiscal general el pasado jueves.
El documento se presentó pese a que todos los fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya lo consideraron injustificado, y tras varios días de tensión entre ellos y la Fiscalía General.
La querella deja constancia de que la Generalitat incurrió en un delito de “desobediencia grave” al auspiciar acciones como la distribución de urnas y papeletas, el envío de cartas previo al 9N, la convocatoria de reuniones en los institutos para pedir su colaboración o el mantenimiento de la web de publicidad institucional.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha respondido así el requerimiento que le planteó el TSJC para saber si el ministerio público era partidario de acumular estas denuncias y querellas, que a día de hoy suman 23, según fuentes judiciales, por la “conexidad” existente entre los delitos incluidos en las mismas. En su escrito, el ministerio público recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los delitos conexos deben comprenderse en un solo proceso para evitar reiteraciones, por lo que ese principio, a su entender, “cubriría todas las acciones del presidente dirigidas a la celebración del acto del 9-N”, al margen de los delitos concretos que mencionen las distintas querellas.
