Esta semana ha llegado la nieve al Pirineo, las estaciones de esquí propiedad de la Generalitat se preparan a perder dinero por un tubo y la privada de Baqueira-Beret a ganarlo a montones. Por alguna razón poco comprensible, la Generalitat es propietaria de cinco estaciones de esquí (La Molina, Núria, Espot-Port Ainé y Vallter, a las que se sumó el pasado año Boí-Taüll), rescatadas con dinero público al quebrar por falta de rentabilidad. Esas cinco estaciones aumentaron las pérdidas la temporada pasada, hasta 9 millones de euros a cargo del erario público. La estación privada de Baqueira-Beret, la más amplia de todas, declaró en cambio un beneficio neto de 3,4 millones de euros por sí sola.
Ayudar a las desfavorecidas poblaciones de montaña con inversión de dinero público en las estaciones de esquí no puede encubrir eternamente los intereses privados del sector inmobiliario (venta de apartamentos y urbanizaciones) ni subvencionar para siempre un determinado modelo turístico. Las estaciones de esquí no son un servicio público ni un equipamiento colectivo.
Con menor razón todavía en un país en el que a principios de diciembre muchas pistas no pueden abrir, a la espera de frío suficiente para poner en marcha los cañones de nieve artificial. En Catalunya la práctica del esquí siempre ha sido minoritaria, y en el conjunto de España los deportes de invierno no han obtenido desde hace 23 años ninguna medalla olímpica, desde el bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville’92.
En las comarcas catalanas de nieve, la línea ferroviaria de transporte público Barcelona-Puigcerdà sigue sin recibir la misma atención de la administración que la concesión privada del túnel de peaje del Cadí. Para acabarlo de rematar, junto a las seis estaciones de esquí rescatadas con dinero público se pueden encontrar las vecinas andorranas, nord-catalanas y aragonesas, sin necesidad siquiera de llegar a las clásicas de los Alpes.
El esquí catalán és hoy una actividad mayoritariamente tutelada por el gobierno de la Generalitat, por considerarlo un motor económico en las comarcas interesadas. Como si no fuesen igualmente un motor económico todas las demás empresas en dificultades en los distintos sectores productivos que no reciben ayudas o bien los servicios públicos severamente recortados.
El secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Ricard Font, reconoció la temporada pasada que la gestión del negocio de la nieve por parte del gobierno catalán “se ha planteado con criterios de empresa privada”, sin diferencias sustanciales derivadas de la titularidad pública. Incluso el anterior Ayuntamiento de Barcelona del alcalde Xavier Trias formó un convenio de colaboración económica con la Asociación Catalana de Estaciones de Esquí y Actividades de Montaña (ACEM) para promocionar el esquí como actividad extraescolar, con la excusa de subvencionar la cifra irrisoria de mil escolares de la capital catalana para realizar salidas de uno o dos días a la nieve.
El trato preferencial recibido con persistencia por el negocio de la nieve de parte de la Generalitat no ha impedido que la cifra de forfaits vendidos en las pistas siga disminuyendo sin cesar durante los últimos años y que sigan aumentado sus pérdidas a cargo del erario público.
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