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La nueva política criminal

La nueva política debe ser el fin de las ordenanzas de civismo y el pensamiento único, el fin de las prisiones, la igualdad de oportunidades, el fin de la impunidad policial, el respeto por los derechos humanos como punto de partida

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La entrada en el Parlamento, y en breve los diferentes municipios de Catalunya, de nuevas fuerzas de izquierdas ha abierto un nuevo paradigma que no deja indiferente a nadie.  La   nueva política  anticipa un nuevo espacio democrático lleno de incertidumbres en cuanto al alcance transformador de la política institucional.  De forma indiciaria, se intuyen cambios profundos en las instituciones que generan expectativas positivas en cuanto a políticas sociales que devuelvan los derechos de las personas a la centralidad del tablero.

Un breve repaso a los programas electorales, de momento municipales, nos desvela conceptos de un mayor alcance democrático como el derecho a la ciudad, la transparencia, el derecho a decidir, el derecho a la vivienda o políticas económicas más sociales.   Muy poco, sin embargo, recogen estos programas respecto a un ámbito fundamental y de actualidad como las políticas represivas que nos toca vivir desde todas las instituciones, la ultractividad sancionadora de los ayuntamientos, las dinámicas de control social o el uso de la policía y el sistema penal para la contención de los conflictos derivados de la pobreza, creciendo exponencialmente a lo largo del territorio.   En definitiva, el conjunto de medidas que la criminología llama   Política criminal .

La obsesión del sistema penal para el control de las   conductas desviadas  ha sido la lógica imperante en un Estado español que abarca las políticas represivas, desde los inicios de la democracia moderna por encima de sus posibilidades.   Una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa con 67.000 presos repartidos en 97 prisiones (10.000 en España), un ratio policía/habitante -484/100.000- muy por encima del resto del entorno europeo, repartida en los más de 2.000 cuerpos policiales (la mayoría de ellos municipales), así como las penas de prisión más altas de Europa (hasta 40 años) recogidas en un código penal que dedica el 70% de los delitos a la persecución de los atentados a la propiedad privada y el orden público, hacen de este un aspecto fundamental en la definición de toda política que se pretenda de izquierdas y transformadora.   Mientras no demos centralidad a este debate desde todos los ámbitos, el sistema penal será, en definitiva, la punta de lanza del neoliberalismo que pretende contrarrestar la   nueva política.

Por otra parte, en 2015 -año de la esperanza democrática para muchas-, será probablemente el año en que veremos en Catalunya el mayor número de encarcelamientos por contexto político.   Por los hechos de Can Vies, por   Pandoras  y piñatas, por las huelgas generales, para las protestas contra los recortes, en definitiva por protestar contra un modelo impuesto e injusto, precisamente el enemigo común de la   nueva política.  Probablemente será el año en que veremos cuántos y cuáles son Ciutat Vella y hasta dónde llega la justicia para Juan Andrés.   También será el año en que entren en funcionamiento las funestas reformas penales y de seguridad ciudadana, y sobre las que no bastará con volver al punto de partida, sino un giro de 180 grados.

La vieja política es la izquierda socialdemócrata asumiendo el discurso punitivo de la derecha como forma de resolver los problemas sociales.   La única diferencia es que mientras la derecha pretende vivir en barrios tranquilos, alejados de la delincuencia común, las izquierdas pretenden la persecución de los delitos medioambientales, la discriminación de las minorías o los delitos de cuello blanco.   El espacio de debate es el mismo.   Ninguna de las opciones cuestiona la frenética inflación del sistema penal.   La nueva política, en cambio, debe ser el fin de las ordenanzas de civismo y el pensamiento único, el fin de las prisiones, la igualdad de oportunidades, el fin de la impunidad policial, el respeto por los derechos humanos como punto de partida.

La democracia es el peor de los sistemas, si no fuera por el resto  y   hará falta y valentía para llevar a cabo medidas transformadoras y abolicionistas en materia penal y punitiva, desde el ámbito municipal hasta el nacional, pero también es que probablemente nunca antes ha habido tanta experiencia acumulada en materia criminológica en los grupos de izquierdas como los que venden.   Hay que aprovechar la oportunidad, ser especialmente críticas y estar atentas para ver cómo se desarrolla y qué protagonismo adquiere la   nueva política criminal  .

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