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La plataforma ‘AVE pel Litoral’ paga casi toda la deuda del informe pericial sobre el TGV

La entidad vecinal pacta con los representantes legales del perito poner fin al litigio con una rebaja de la cifra de 50.500 euros fijada inicialmentepor el juez

En dos meses la plataforma ha recaudado poco más de 34.800 euros provenientes de comunidades de propietarios, entidades sociales, vecinos y donaciones particulares

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La plataforma vecinal AVE pel Litoral espera cerrar este mes de febrero el litigio abierto por el impago de un informe pericial encargado para evaluar los efectos del paso del Tren de Gran Velocidad (TGV) por las calles Mallorca y Provenza. Un acuerdo verbal con los representantes legales del perito judicial sobre la cantidad definitiva a pagar podría acabar con más de tres años de conflicto judicial.

A pesar de que la sentencia de la Audiencia Nacional obligaba a la entidad barcelonesa a pagar al perito 50.500 euros per el informe, la plataforma solamente ha podido reunir poco más de 46.300 euros. De esta cantidad, 11.500 euros provienen de los fondos de la entidad mientras que los 34.863 euros restantes se han recaudado en unos dos meses entre comunidades de propietarios, entidades sociales, vecinos y donaciones particulares.

Según fuentes de la plataforma AVE por el Litoral, la decisión de poner punto final al conflicto tiene una razón práctica, ya que en caso de seguir adelante con el cobro hasta la cifra total, el perito tendría que reclamar la cantidad adeudada a cada una de las comunidades de propietarios de las calles Mallorca y Provenza, cosa que alargaría todavía más el proceso. De todas formas, el pacto entre las dos partes es, de momento, verbal, y tiene que recibir la aprobación del denunciante por escrito.

Ante la falta de fondos de la plataforma para hacer frente a la deuda total, la sala contenciosa administrativa de la Audiencia Nacional decidió el otoño pasado que los 39.000 euros que faltaban hasta llegar a los 50.500 euros los pagasen los 247 vecinos, las comunidades de propietarios y las asociaciones vecinales como la del Clot-Camp de l’Arpa y la de Sagrada Familia que figuraban en la documentación oficial de la entidad.

La cantidad fijada a pagar individualmente por la Audiencia Nacional fue de 160 euros y se había de abonar antes del 1 de diciembre bajo amenaza del embargo de las cuentas bancarias. Esta amenaza provocó una gran inquietud entre los vecinos afectados, la mayoría de ellos desconocedores del contencioso, y obligó a la plataforma vecinal a buscar el apoyo ciudadano e institucional.

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