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Un informe alerta de la "interpretación amplia" de la Fiscalía contra los medios que publicitan el 1-O

El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, llevará a instancias europeas los "ataques a la prensa" tras las identificaciones a periodistas

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Respuesta de los medios de comunicación catalanes a los  requerimientos judiciales para que retiren la publicidad del 1-O y a las identificaciones policiales a periodistas del pasado viernes: Un informe jurídico encargado por la Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), que agrupa a más de 150 publicaciones, lamenta la "interpretación amplia" del derecho penal que ha realizado la Fiscalía contra los medios que han publicado anuncios del 1-O.

Asimismo, el informe alerta a los medios de sus eventuales responsabilidades penales en caso de que la Fiscalía lleve esta "interpretación amplia" del código penal hasta el final y sostenga que publicitar el 1-O en medios de comunicación supone colaborar con la organización del referéndum.

El informe fue encargado por la APPEC tras la orden el pasado viernes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a cinco medios de comunicación para que retirasen. Dos agentes de la Guardia Civil identificaron a varios periodistas de Nació Digital cuando acudieron a la redacción de este digital a entregar la orden judicial. Algunos medios sortearon a su manera la orden judicial.

El documento, elaborado por el despacho de abogados Molins & Silva, recalca que, aunque la Fiscalía decidiera acusar a algunos de los editores de los medios por publicar anuncios del 1-O, en ningún caso podría hacerlo como autores de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

"Es impensable una imputación a los editores a título de autor dado que ellos son ajenos al desarrollo de las funciones públicas", señala el informe. Este supuesto, remarca el documento, solo es aplicable al president y a los consellers del Govern.

Eso si, el dictamen añade que a pesar de encontrarse la causa judicial del 1-O en un estado embrionario, los medios de comunicación ya han recibido órdenes de retirar la publicidad institucional del 1-O, por lo que "no puede dudarse de las más que previsible persecución de los hechos [publicar anuncios del referéndum] por parte de la Fiscalía y la Policía judicial".

"Todo apunta –añade el informe– que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continuaran comprobando qué medios están realizando publicidad del referéndum y procederá a requerir a los que no la están realizando a no llevarla a cabo".

En este contexto de cerco para que los medios retiren la publicidad, el informe advierte a los editores que, si la Fiscalía va hasta el final, les podría acusar de cómplices o cooperadores en los tres delitos presuntamente cometidos por los políticos, aunque con penas sustancialmente menores que las que podrían tener que afrontar Puigdemont y el resto de consellers al no ser los editores autores de los delitos.

El Síndic irá a Europa

Los editores catalanes enmarcan la identificación de periodistas en sus redacciones o la requisa por parte de un policía local de Sitges del teléfono móvil de un periodista de Nació Digital cuando cubría un acto a favor del referéndum este domingo en un intento de "atemorizar" y de "coaccionar" a los medios de comunicación por parte de los poderes del Estado.

Por ello, tras una reunión que han mantenido este martes la Federació d'Associacions d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans digitals, el Col·legi de Periodistes y los directores de los cinco medios que han recibido el requerimiento para retirar los anuncios del 1-O con el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán ha anunciado que llevará a instancias europeas los "ataques a la prensa" de la última semana.

"La entrada de cuerpos de seguridad del Estado de naturaleza militar en las redacciones de los medios de comunicación y la identificación de periodistas son escenas que creíamos ya desterradas de nuestro país", indica la carta que han entregado los editores catalanes a Rafael Ribó.

El Síndic de Greuges ha respondido que llevará ante las autoridades en defensa de los derechos humanos del Consejo de Europa "las diferentes situaciones en que se encuentren los periodistas en ejercicio de su trabajo".

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