La infrafinanciación del Estado deja a 90.000 dependientes catalanes desatendidos
“Todo menos el referéndum” es el mantra con el que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, encara la eventual negociación con la Generalitat catalana, que pese a la muestra de voluntades mutuas no acaba de arrancar. El guión, para ambas partes, son los 46 puntos que Puigdemont entregó a Rajoy en su primera reunión oficial, en abril de 2016 y, según se conoció la última semana, Moncloa prepararía una oferta concreta para el Govern recogiendo algunas de aquellas demandas.
El propio Rajoy ha mostrado su disposición a hablar de infraestructuras, inversiones y financiación, y dependencia. Este último punto es especialmente delicado por el estado el en que se encuentra el despliegue de la ley en Catalunya. Y es que, según mostró la semana pasada el Observatorio Estatal de la Dependencia, el recorte del Estado en esta materia desde 2012, con un incumplimiento de compromisos que acumulan 415 millones, ha llevado a Catalunya a alcanzar cifras récord de dependientes desatendidos en 2016.
Según el informe, la cifra de desatención de la dependencia en Catalunya alcanza el 41,7% del total de personas con derecho, que se traduce en 90.673 personas en lista de espera, lo que el Observatorio califica de “limbo de la dependencia”. Además, según sus datos, el último año disminuyeron tanto los servicios prestados, con 6.816 menos que en diciembre de 2015, como las prestaciones de cuidadores familiares, que bajaron en 13.464 casos.
Conferencia entre CCAA
Desde la Generalitat responden al informe asegurando que no están conformes con la palabra “desatendidos”. Según explica Cesc Iglesies, secretario de Asuntos Sociales y Familias, todas las personas valoradas como dependientes tienen, al menos, dos tipos de asistencias: telemática o domiciliaria. “Pero estos son servicios que presta la Generalitat y que, como no están homogeneizados en todo el Estado, este informe no cuenta. Pasa en más comunidades, como Andalucía”, asegura Iglesies.
Precisamente este jueves tuvo lugar la reunión entre las comunidades y el Estado para tratar sobre dependencia, uno de los temas más candentes entre los dos niveles administrativos. Esta reunión se fijó como un apéndice de la conferencia de presidentes autonómicos, a la que Catalunya rechazó asistir. En cambio, sí asistió a la de este martes, sobre dependencia, en la que como representante catalán participó Iglesies.
La valoración del representante catalán sobre la comisión del pasado jueves es “pesimista”, pese a que se acordó cerrar en tres meses un informe técnico que evalúe el estado de la atención a la dependencia. “El conjunto de comunidades hemos preguntado si habría mejoras en la financiación en los próximos presupuestos y la respuesta del Gobierno es que dependerá de las mayorías en el pleno. Creo que la sensación del conjunto de las CCAA es de preocupación”, asegura Iglesies.
Infrafinanciación desde 2012
La mala situación de la dependencia en el conjunto de las comunidades pero, con especial incidencia, en Catalunya, está estrechamente ligada a la financiación del servicio. El Estado se ha desentendido desde 2012 de ella mediante la Ley de Estabilidad, dejando en manos de las maltrechas arcas autonómicas el pago de los servicios.
Pese a que la ley de dependencia prevé una cofinanciación al 50% entre Administración General y CCAA, la realidad es que el Estado financia, de media, un 21% de las prestaciones, y las autonomías el resto. En concreto, en Catalunya el Estado financia el 18% del gasto total, siendo además la comunidad que más gasta en este capítulo.
En total, el Observatorio cuantifica en 415 millones de euros en los últimos 5 años los fondos que la Generalitat debía haber recibido del Estado para cumplir sus compromisos en materia dependencia. El informe también destaca que el Estado alivió a la Generalitat el pago de 223,1 de estos millones a cambio de recortar las prestaciones a los familiares cuidadores.
Estos datos revelan que la situación ha empeorado sensiblemente desde que Carles Puigdemont llevara sus 46 puntos a Moncloa, hace casi un año. Entonces Puigdemont se quejó de una financiación del Estado que, para 2015, cifró en 223,88 millones frente a los 1.004,04 aportados por la Generalitat. Los datos del Observatorio indican que en 2016 el Estado aportó algo menos, 221,38 millones, mientras la Generalitat aumentó su aportación hasta los 1.008,54 millones.
