Ada Colau retira la acusación del Ayuntamiento de Barcelona contra los huelguistas Isma y Dani
El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, ha decidido retirarse del proceso por el que la fiscalía pedía 8 años y nueve meses de cárcel a dos estudiantes, Ismael Benito y Daniel Ayyash, a los que se acusa de habe participado en actos vandálicos durante la jornada de huelga general del 2012 en Barcelona. En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona, entonces presidido por Xavier Trias, solicitaba para cada uno de estos estudiantes, cuatro años de cárcel, mientras que la Generalitat, a su vez, les pedía 3 años y medio.
El caso de Isma y Dani ha sido objeto durante estos años de una importante campaña de solidaridad en diversos ámbitos. Por una parte el estudiantil, ya que los dos formaban parte del sindicato Associació d'Estudiants Progressistes (AEP). Además, han contado con el apoyo concreto de diversos sindicatos obreros, que han visto en el caso una forma de represión contra el derecho de huelga.
El caso de Isma y Dani se vió agravado por la prisión provisional que la jueza de primera instáncia, Carmen Martínez García, la misma que instruyó el caso 4F Ciutat Morta, decretó a raíz de la detención. Los dos estudiantes estuvieron presos preventivamente durante 34 días hasta que la Audiencia Provincial de Barcelona, decretó la libertad de ambos estudiantes que durante más de dos años no pudieron participar en actos públicos.
El 29 de marzo de 2012 fue una jornada de huelga general convocada por los principales sindicatos de trabajadores en que Isma y Dani participaron junto con sus compañeros de la Associació d’Estudiants Progressistes y de la Asamblea de Física y Química de la UB. A las 10 de la mañana (horas después de los hechos por los que son acusados y lejos del lugar donde supuestamente los cometieron) fueron detenidos y, después de dos días en comisaría, declararon en el Juzgado de Instrucción núm. 18.
Instan a la Generalitat a retirar su acusación
El juicio a los dos estudiantes tenia que haberse celebrado los días 9, 10 y 12 de marzo pasados, no obstante, se aplazó hasta finales de junio a causa de la enfermedad aludida por una de las abogadas de las acusaciones particulares.
El caso de los dos estudiantes fue tomado como bandera por los sindicatos al considerar que en dichos procesos lo que se trataba era de castigar o limitar el derecho de huelga.
Justo en el momento en que se conoció del cambio de mayoria en el consistorio de Barcelona, se inició una campaña en la que se pedía al nuevo equipo de gobierno, liderado por Ada Colau, que retirase a la institución de la acusación particular. Ante el cambio de opinión de la nueva administración municipal, fuentes del comité de apoyo, de CCOO de Catalunya y también de la UGT catalana, consideran que la Generalitat debería seguir los pasos del consistorio de Barcelona y retirarse también de la acusación particular.
