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Las Cortes piden al Gobierno de España que derogue el decreto de exclusión sanitaria

La Proposición No de Ley ha salido adelante con los votos de PSOE y Podemos, mientras el PP sigue pidiendo que se mantenga la "sostenibilidad" del sistema de salud

Los socialistas calificaron el Real Decreto 16/2012 como "el mayor atentado contra la sanidad pública española que se ha producido en los últimos veinte años"

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Protesta contra la reforma sanitaria

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la Proposición No de Ley conjunta de los grupos socialistas y de Podemos en la que instan al Gobierno de España a derogar el Real Decreto de 16/2012, también conocido como de exclusión sanitaria. En el documento, los grupos piden restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud y también regular la legislación sanitaria con el consenso con el "máximo" de fuerzas parlamentarias y comunidades autónomas. Dicha reforma pretende "asegurar" la sostenibilidad del sistema sanitario público que sea también universal, de calidad, gratuito y con equidad en el acceso para los ciudadanos.

El parlamentario de Podemos José García Molina defendió la propuesta que salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE y la formación morada, pero con la abstención del PP, señalando que era "tremendamente clara". En este sentido, señaló que el PP ha entendido que lo que hicieron con el Real Decreto fue un "error propiciado por circunstancias" que ya deben subsanarse. En este sentido, instó a los diputados a ponerse de acuerdo en una cuestión "básica en un estado de derecho" para dar "carpetazo" a la idea de convertir a los ciudadanos en clientes de una sanidad "no tan pública".

"Hay que dar pasos para que el Gobierno de la Nación de pasos seguros y firmes para restituir la sanidad gratuita universal pública y de calidad", defendió Molina. Por su parte, Isabel Abengozar, del PSOE, recordó que el Real Decreto se aprobó de manera "unilateral" y rompió también con el consenso del Sistema Nacional de Salud. "Para que me entiendan, señorías, es el mayor atentado contra la sanidad pública española que se ha producido en los últimos veinte años", sentenció categóricamente la diputada socialista.

Además, Abengozar explicó que el "claro" objetivo del PP al aprobar dicho decreto era "hacer peligrar" el Sistema Nacional de Salud para "desmantelar" el servicio público y "hacer negocio". "Consideran la sanidad como negocio y no un servicio social básico", afirmó, señalando que la idea del PP era llegar al punto de que "se lo pague quien pueda". Por otro lado, la socialista aseguró que el Decreto vulnera la constitucionalidad y que mermó también derechos "a consciencia" entre los ciudadanos. "Nosotros nos empeñamos en garantizar el derecho a la sanidad universal", concluyó.

Desde el grupo parlamentario 'popular', el diputado Juan José Jiménez quiso "intentar bajar el tono" del debate declarando que el día en que los distintos grupos políticos puedan hacer un pacto por la sanidad "los ciudadanos habrán ganado infinitamente". Sin embargo, en lo que respecta al debate de la derogación del Real Decreto, Jiménez puntualizó diversos puntos. En este sentido, en cuanto a la sostenibilidad del sistema sanitario, apuntó que siempre hay que tener un presupuesto disponible que "en todos los casos es finito".

Además, Jiménez ha señalado que se debe tener en cuenta la posibilidad del fraude al asegurar la cobertura sanitaria a todo el mundo. "¿Hay que poner algún freno?", se preguntaba el parlamentario 'popular', que explicó que se debe instaurar algún tipo de control, ya que sólo el empadronamiento "está claro no es suficiente". Por otro lado, el diputado defendió que la universalidad está "prácticamente conseguida, pero que hay que mejorar la sostenibilidad del sistema haciendo imposibles los fraudes. Esto, aseguró, era uno de los objetivos de la reforma de 2012: evitar el fraude.

Tanto Podemos como PSOE cuestionaron los argumentos del 'popular'. José García Molina explicó que "a veces" parece que las políticas del PP no cumplen "criterios de humanidad en el sentido básico". Por otro lado, Molina explicó que se puede entender el argumento del fraude, pero no compartirlo: "negarles la asistencia básica hasta dejar que mueran es un criterio que no soporta ningún criterio de moralidad". Abengozar recordó que se ha dejado fuera de la sanidad a 900.000 personas y defendió que la atención primaria sale más barata que el uso de las urgencias.

Finalmente, Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad, explicó que lo importante en el tema de la sanidad universal es priorizar la asistencia por encima de otras cosas, incluso manteniendo el rigor presupuestario. "Lo más importante es lo ideológico", afirmó Fernández, quien aseguró que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabajará para que la universalización sea absoluta y que será tratada como un elemento clave. "Este decreto no sólo hablaba de universalización, sino de copago a los pensionistas y de la cartera de pago básico y complementaria", recordó Sanz, que concluyó su intervención invitando a los diputados a votar a favor de la PNL.

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