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El 'Modelo Alzira': la privatización de la sanidad para pacientes castellano-manchegos

Hospital de La Ribera de Alzira (Valencia), primer caso de sanidad público-privada de España

Con la firma del nuevo convenio sanitario con la Comunidad de Madrid aprobado por los consejeros de Sanidad manchego, José Ignacio Echániz, y el cesado homólogo madrileño Javier Fernández, se implanta en Castilla-La Mancha lo que en 1999 fue bautizado como el 'modelo Alzira' de sanidad, cuyo nombre viene del primer centro sanitario en España que se basó en esta regulación.

Lo que dice el convenio sanitario con Madrid (que regula la atención sanitaria de los pacientes del oeste de Guadalajara y corredor de Henares por un lado, y los del norte de la provincia de Toledo por otro, con tasas que no tienen nada que ver unas con otras aunque estén en el mismo convenio) es que los pacientes de las áreas básicas pertenecientes a Illescas, Ocaña, Seseña, Noblejas, Valmojado, Yepes y Esquivias podrán ser atendidos en los hospitales madrileños de Parla y Aranjuez (si ellos así lo quieren, no están obligados).

El debate es cómo Castilla-La Mancha paga estos permisos a la Comunidad de Madrid. El pago capitativo consiste en que, aunque no se efectúe ningún servicio, la comunidad 'emisora' de pacientes (Castilla-La Mancha) tiene que pagar a la 'receptora' (Madrid) cierta cantidad por cada habitante de esas áreas. En total son algo más de 120.000 personas. El pago será mensual, al final de cada mes, del 95% de la cantidad mensual estipulada, y el restante 5% se acumula cada mes y se liquida a final de año junto a procesos extraordinarios sí ofrecidos. Es decir: Castilla-La Mancha pagará por la atención de 120.000 personas mensuales aunque se atiendan a 500.

Además se dan las circunstancias de que los dos hospitales madrileños donde podrán ir los pacientes de estas áreas (Aranjuez y Parla) intentaron ser privatizados por la comunidad vecina.

Antes de este acuerdo, lo que existía en el Ministerio de Sanidad era un fondo de pago para las comunidades que atendían a pacientes de fuera de su región. Es decir: cualquier español podía ir a cualquier hospital de España, estuviese donde estuviese. Luego esa comunidad registraba los gastos que le habían costado los pacientes de otras comunidades, y se cobraba ese dinero de esa 'hucha'. Lógicamente Castilla-La Mancha era de las regiones que tenía un saldo en contra ya que 'emite' más pacientes de los que recoge (es lógico en zonas con poca densidad de población cuando al lado tienen regiones con mucha más y más centros, casos de Castilla y León con el País Vasco, los habitantes de Trujillo que son castellanos pero están dentro del País Vasco o habitantes de Ávila y Segovia también con Madrid).

De hecho de este fondo quien más se beneficiaba era Madrid al ser la región que más pacientes recibe de otras comunidades. Es un sistema similar al que se usa en la Unión Europea con sus habitantes.

En 1999 se abrió el Hospital de La Ribera en Alzira: el primer modelo de gestión sanitaria de esta forma. Cuatro años después, la empresa quebró, demostrando la inutilidad de la gestión que se basaba en propiedad pública, dinero público, control público, pero prestaciones por una empresa privada. Antes de la quiebra la mayor parte de ingresos de ese hospital procedían de tarjetas sanitarias de fuera del área de Alzira, como en este caso con las tarjetas sanitarias toledanas en Madrid.

Con los casos de Guadalajara la gestión es completamente diferente y mucho más sencilla: Castilla-La Mancha pagará por los servicios que presten los centros madrileños a los guadalajareños, sin más. Es decir, que no se pagará ni un euro más de lo que gaste Madrid con nuestros pacientes. En cambio con los toledanos la región pagará por 120.000 pacientes, sin saber a ciencia cierta a cuántos tratará.

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