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Sonsoles Arnau: “Se está intentando criminalizar y reprimir la protesta ciudadana”

Sonsoles Arnau. Foto Julio López

Julio López Espeso

Sonsoles Arnau, secretaria de relaciones institucionales de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, se enfrenta a 4 sanciones por participar en actos de protesta y concentraciones. Además de su responsabilidad en la organización política en la que milita, su compromiso la lleva a estar con aquellas causas que intentan cambiar el actual estado de cosas, el que azota especialmente a los más débiles, aquellos que sufren los desahucios, el desempleo y los recortes sociales. En el transcurso de algunas de esas protestas ha sido el blanco de las sanciones que viene imponiendo la delegación del Gobierno a aquellos que salen a protestar en nuestra región en una auténtica oleada de “buro-represión” promovida desde la llegada al poder del partido en el Gobierno, y más concretamente en nuestra región desde la toma de posesión del actual delegado del Gobierno Jesús Labrador que ha impuesto casi 300 multas.

¿Qué sanciones te imponen?

En este momento tengo 4 sanciones abiertas, 2 por la delegación del Gobierno y 2 por el Ayuntamiento de Talavera. Las sanciones, tras haber sido ya reducidas en parte por los recursos, oscilan entre los 100 euros y los 300 euros, en total y en conjunto me imponen multas por valor de unos 900 euros. Está ocurriendo en toda la región pero es particularmente significativa la situación de Talavera y Toledo, que son junto con Madrid y Valencia los lugares con más procedimientos sancionadores de toda España. Es a partir del 2012 cuando empiezan a llegar este tipo de multas. Mi primera multa se corresponde con las protestas realizadas con motivo de la marea violeta, curiosamente justo al día siguiente de la toma de posesión del Talaverano José Julián Gregorio como subdelegado del Gobierno en Toledo, desde entonces se viene produciendo toda una oleada de procedimientos sancionadores en la provincia . Se han impuesto multas a miembros de las AMPAS durante las mareas verdes, tanto a padres como a profesores y estudiantes, a sindicalistas en las protestas de índole laboral, también en las protestas por los recortes, los desahucios etc.

¿Cuántas personas hay sancionadas hoy en Talavera?

Ahora mismo hay un total de 32 personas que han sido multadas desde el 2012 hasta hoy por participar en protestas, salvo dos todas mediante procedimiento administrativos en lo que algunos llaman la buro-represión, término que incluso ya se analiza en ámbitos académicos y de las ciencias sociales como una nueva lógica en la que se emplea la sanción administrativa como una forma de paralizar y amedrentar a la ciudadanía que sale a la calle. Es curioso porque esas protestas en las que se sanciona a la gente, transcurrieron con absoluta normalidad, no se produjeron nunca alteraciones del orden público ni se vulneraron derechos de otras personas, con lo cual llama mucho más la atención esta situación y demuestra que se está utilizando de forma torticera la regulación del derecho de reunión para criminalizar y reprimir la protesta ciudadana.

¿Hay una actuación selectiva dirigida a quienes encabezan los movimientos?

Si bueno, digamos que se dan por un lado una represión dirigida a personas significativas dentro de los movimientos sociales, dirigentes políticos como en mi caso, dirigentes estudiantiles, personas del ámbito sindical… es decir denuncias dirigidas hacia determinados dirigentes. Luego hay otra serie de multas de una forma absolutamente indiscriminada, hasta el punto, cómo en el caso de las últimas que conocemos, en las que se incrimina a personas que ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos o personas que no participan ni son miembros de los colectivos que convocan las protestas.

Que los ayuntamientos también se dediquen a reprimir y sancionar protestas ¿es una situación nueva?

Sí, no tiene precedentes, llama poderosamente la atención que también el Ayuntamiento, mediante la policía municipal, entre en esta dinámica de represión. En general se está produciendo una situación bastante grave y es la politización de la acción policial, nos parece que se está utilizando la policía y a los funcionarios de la delegación del gobierno para un uso partidista por parte del Gobierno del partido popular y esto es una cuestión muy grave.

¿Crees que hay una estrategia para que la sociedad se sienta intimidada y se piense dos veces salir a protestar?

Eso está claro, además la culminación de ese proceso intimidatorio, de represión y de miedo lo tenemos en la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Seguridad Ciudadana que el viernes se elevó al Congreso y que si nada cambia y se aprueba significará la criminalización de la protesta, la represión de la ciudadanía que protesta. Se está legislando contra la protesta social, contra la ciudadanía que no se resigna frente a la pérdida de derechos y los recortes, buscan generar miedo, intimidar a la gente y como en el caso de Talavera ciertamente en algunos casos algunas personas ahora sienten miedo.

Con estas cuatro sanciones, en lo personal, ¿Te sientes amedrentada?

No me siento intimidada, además la mejor manera para combatir la represión de la protesta es protestando. En mi caso, y en el de otras muchas personas que han sido multadas no viven esta situación de miedo porque son personas muy comprometidas socialmente y porque están organizadas en movimientos sociales y eso de alguna forma da fortaleza, el estar junto a otros nos permite tener un amparo solidario que nos hace enfrentarnos a esta situación con mayor valentía y compromiso. Es muy importante que la gente se ampare en la organización y nos preparemos para la “buro-resistencia”.

¿Qué iniciativas preparáis para contestar esta situación?

Bueno, en primer lugar tenemos en marcha todos los recursos frente a las sanciones hasta agotar los procedimientos correspondientes. Ya en algunas nos han dado la razón y el Ministerio del Interior da un varapalo a la delegación del Gobierno en Toledo anulando las sanciones, curiosamente la delegación ha seguido imponiendo sanciones a pesar de ello. Nos planteamos también acudir a la Defensora del Pueblo por vulneración de nuestros derechos fundamentales. Creemos que hay que seguir en la calle y denunciar esta situación y por tanto defender nuestros derechos de reunión y manifestación ejerciéndolos. Además Izquierda Unida de Catilla-La Mancha estudia la puesta en marcha por nuestros servicios jurídicos de una demanda contra el Delegado del Gobierno por la vulneración de los derechos fundamentales.

Pensemos qué ocurrirá con la nueva ley, sin lugar a dudas las cosas pueden ser mucho peor, la última multa que me imponen por estar con una mesa informativa a las puertas del paro se convertiría en una sanción de entre 30.000 a 6000.000 euros, algo descomunal. La base fundamental de una sociedad democrática es el derecho a la libre expresión, manifestación y reunión estos son elementos que definen si una sociedad es democrática o no.

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