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La venganza y la política de alejamiento de presos

Mucho y -creo que- muy mal se ha hablado sobre la política de “dispersión de presos” en relación con las personas condenadas por la comisión de delitos de terrorismo, concretamente relacionadas con ETA.

Para ser rigurosos, esta denominación no solo no refleja la situación jurídica de los afectados por tal medida política, sino que simplifica las consecuencias de lo que ello significa desde el punto de vista humano. En efecto, no se trata tanto de “dispersión” cuanto de “alejamiento” de los presos con respecto a su lugar de residencia social o familiar.

Esta medida fue implantada hace 24 años por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, militante histórico del PSOE. Desde entonces, los dos partidos políticos que han gobernado en España han aplicado con rigor tal medida, con excepción del periodo entre 1.996 y 1.998 en que el Gobierno de José María Aznar decidió el acercamiento al País Vasco de 135 presos, como gesto en un marco de negociación nunca confesado. Recibió el apoyo unánime de todas las fuerzas representadas en el Parlamento.

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"Jueces rojos" y derecho a la protesta

Hace unos años, el Tribunal Constitucional italiano decidió por amplia mayoría invalidar la ley que otorgaba inmunidad a los altos cargos del Estado. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi, montó en cólera. Declaró que todos los procesos en los que estaba involucrado eran una "auténtica farsa" solo explicable por la politización de los jueces. "Tenemos una mayoría de magistrados ‘rojos’ -conjeturó Berlusconi- muy bien organizados, que usan la justicia como forma de lucha política".

En España, el Gobierno parece decidido a emular sin complejos la estrategia del expremier italiano. No contra el Tribunal Constitucional, donde cuenta con una mayoría aquiescente y con un presidente orgulloso de su condición de afiliado y donante del Partido Popular. Pero sí contra cualquier juez o jueza dispuestos a confrontar, aunque sea tímidamente, sus intereses. La reacción desplegada ante la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el "escrache" a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría da cuenta de esta deriva.

El Gobierno pretendía que los jueces dijeran que las manifestaciones pacíficas convocadas frente a las viviendas de cargos públicos constituían delitos de injurias, amenazas o coacciones. Algunos miembros del PP fueron más lejos: sostuvieron que eran actos de terrorismo, similares a los acosos nazis a la población judía. Los jueces les han negado la razón. Y para justificarlo, han acudido a una doctrina asentada en el derecho constitucional e internacional. Han recordado, por ejemplo, que el derecho de reunión y la libertad de expresión están íntimamente ligados al principio democrático. Y que por eso deben ser especialmente protegidos. Sobre todo cuando son ejercidos, de manera pacífica, para reclamar derechos sistemáticamente vulnerados. O por colectivos que, como los miembros de la PAH, carecen de recursos para contrarrestar el poder de los bancos o para hacerse sentir en los grandes medios.

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Sexo indeterminado y mutilación genital de intersexuales

En noviembre de 2013, el gobierno alemán ha decidido incorporar a su ordenamiento jurídico la categoría sexo indeterminado, copiando la fórmula ya operativa en Australia (indeterminate sex). De esta forma, los progenitores de recién nacidos con ambigüedad genital podrán inscribirlos en el registro civil correspondiente en una de las ahora tres categorías posibles: masculino, femenino o indeterminado (X). Lo que aparentemente supone un reconocimiento jurídico del colectivo intersexual (ahora denominado, no sin cierta polémica, Disorders of Sex Development, más popularmente conocidos como hermafroditas: se estima que en Alemania la población intersexual oscila entre 85.000 y 100.000 personas), esconde una realidad difícil de asumir. Quisiera resaltar estas zonas oscuras que el derecho ampara, conserva e inmuniza.

En primer lugar, hablar de sexo indeterminado presupone la existencia de un sexo determinado. Volvemos a las polarizaciones, a las dicotomías, a los dualismos que tanto sufrimiento han generado a lo largo de la historia. Debemos entender que el sexo determinado es aquel que se configura dentro de los márgenes de la normalidad masculina o femenina. De ahí que quede relegado como indeterminado aquel que no encaje dentro de dicha norma. Tenemos aquí la diferencia entre lo normal (nacer con sexo determinado: varón o hembra) y lo anormal (nacer con sexo indeterminado). Ello mantiene la creencia en la naturalidad de la dualidad: se presupone que biológicamente se nace hombre o se nace mujer. Se olvida la historicidad de estos conceptos, así como la multiplicidad de posibilidades de la sexualidad (cromosómicas, hormonales, gonadales, etc.). La pretendida realidad biológica -desmentida incluso por la propia biomedicina- sobre la que se asienta la dualidad y por la que se justifica la exclusión es ficticia. Asimismo, el sujeto legitimado para clasificar al recién nacido en una de las tres categorías sigue siendo el experto. Es el equipo médico el que determina la inscripción registral de aquellos nacidos con ambigüedad genital y con posterioridad a la entrada en vigor de la ley -por lo que, en principio y a falta de interpretación jurisprudencial, las personas nacidas en fechas anteriores al 1 de noviembre de 2013 no se pueden acoger al cambio registral-, lo que a la postre significa que aquellos neonatos inscritos como X lo son por un informe elaborado por el equipo médico que los sitúa en la anormalidad.

En segundo lugar, esta anormalidad se vuelve patológica: la intersexualidad, al transgredir la norma de los dos sexos, debe ser corregida. Cuando nace un bebé con genitales ambiguos se abre un protocolo -popularizado por John Money en los años 50 del siglo pasado- en el que un equipo médico formado por endocrinos y cirujanos decide el verdadero sexo del neonato. Aplicando una simple fórmula, será puesto en una de las dos columnas de la sociedad: un pene inferior a 2,5 centímetro es insuficiente para orinar de pie o para penetrar; un clítoris superior a 1 centímetro es demasiado grande y ofensivo para la futura pareja heterosexual. Esto es lo que se ha venido a llamar el falómetro (Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body), que presupone una futura relación heterosexual y coitocéntrica. Si el equipo médico considera que la protuberancia puede ser entendida como un pene creíble, o bien creen que pueden hacer de él un pene creíble, será asignado como varón. De lo contrario, nos encontraremos ante una hembra.

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La deseada independencia de la Fiscalía en España

Una de las cuestiones más debatidas en la Administración de Justicia española es cómo debe ser la actuación del Fiscal en los asuntos en los que debe intervenir. Es sabido por todos que tal y como está organizado el Ministerio Público en nuestro país (véase el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), este es un operador jurídico que está sujeto a la dependencia de sus superiores y, en consecuencia, tiene el deber de seguir los criterios e instrucciones que marca la superioridad. En definitiva, el Ministerio Fiscal es un cuerpo jerarquizado, como lo recuerda su propia terminología organizativa: así, se habla de Fiscal General del Estado, Fiscal Jefe y Teniente Fiscal, por poner unos simples ejemplos y sin ánimo de enumerar las diferentes categorías que contempla su Estatuto Orgánico.

A este respecto, es importante recordar al lector que la cúspide de la Fiscalía está ocupada por el Fiscal General del Estado, que es nombrado por el Ministro de Justicia -es decir, por el Gobierno-, y a partir de aquí por todos los Fiscales Jefes. Por lo tanto, la Fiscalía depende del Gobierno y de su política judicial e ideológica.

La dependencia política puede estar justificada en lo referente a cuestiones organizativas, de estructura y de necesidades del servicio. Por ejemplo, distribución de guardias, asignación de juicios, plazas y otros muchos más servicios. Aunque lo de las necesidades del servicio tan solo hasta cierto punto, porque la carga de trabajo de los Fiscales cada vez es mayor y cada vez hay menos -muchos menos- Fiscales.

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Los CIE: ocho a cerrar y uno más

Son tantos los frentes abiertos, tan frenética la espiral de agresiones a los derechos que creímos definitivamente conquistados, que no es infrecuente que, a quienes reclamamos el cierre inmediato y definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), se nos plantee la duda de si es esta la batalla en la que debemos concentrar la mayor intensidad de nuestros esfuerzos.

La respuesta es sí.

Basta una pequeña dosis de reflexión para comprender que, en la ya ineludible tarea de construir una realidad menos hostil, más digna, los CIE constituyen un excepcional campo de pruebas de lo que estamos dispuestos a aceptar; de lo que esperamos ser, si las miras van más allá de resolver los problemas materiales causados por este expolio, al que tan insidiosa como hábilmente han llamado crisis.

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La ley de amnistía y el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad

Este artículo es un extracto y adelanto de un trabajo doctrinal de próxima aparición. 

En el ámbito judicial se viene considerando la posibilidad de elevar cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, como manera de lograr una sentencia que despeje las dudas acerca de su acomodo en la Constitución de 1978 que, aunque no menciona la amnistía, sí contiene una prohibición de los indultos generales.

Los requisitos que deben concurrir en el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad se resumen en la sentencia del TC 42/3013, de 14 de febrero,que recuerda que el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que "la Ley que el Juez o Tribunal considere dudosa debe ser aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo”. Este mismo artículo dispone que "el Juez o Tribunal tiene que especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la Ley".

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¿Por qué es necesario que los ciudadanos cambiemos de Constitución?

El pasado martes 3 de diciembre se celebró en el salón de honor de la Universidad de Valencia el acto de constitución de la Mesa Social Pro-constituyente de la Comunidad Valenciana. Como otras muchas acciones que se están dando en diversos lugares de España, la de Valencia supone una reunión de mujeres y hombres dispuestos a sentar las bases de un proceso de cambio constitucional desde abajo, mediante la discusión de temas que no están en la agenda de los medios de comunicación, ni en la de los grandes partidos ni en la de las corporaciones económicas y burocráticas. Es una llamada a la activación de ciudadanos y ciudadanas libres que estén convencidos de ser soberanos y dispuestos a ejercer el poder que ello conlleva.

Días más tarde, en los corrillos de la celebración del trigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1978, se hablaba de reforma. Proceso constituyente y reforma constitucional son cosas muy distintas, no sólo en cuanto a la extensión y la intensidad del cambio, sino, sobre todo, respecto al papel que juegan los ciudadanos en uno y en otra. La reforma constitucional es un pacto entre vértices burocráticos -esos que hemos oído decir que no, que no, que no nos representan, que no- en el que, de llegar a darse el pronunciamiento de los ciudadanos, será sobre un texto ya acordado. Un proceso constituyente requiere la iniciativa y el papel activo de los ciudadanos para poner sobre la mesa los temas de los que no quieren oír hablar las elites. Si un objetivo primordial del cambio constitucional en España es poner fin al monopolio de los partidos sobre la iniciativa política, abriendo las instituciones a la participación de las nuevas formas de organización ciudadana, una reforma puntual controlada y manejada exclusivamente por los grandes partidos no parece el método más adecuado. Reducir el estado de partidos no es una reforma de la constitución: es cambiar de constitución.

A los ciudadanos corresponde decidir quién y cómo debe cambiar la Constitución

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Baracaldo, 1905: nuestra primera gran protesta antidesahucios

Altos Hornos vistos desde Baracaldo

Suelen explicarse los derechos declarados en las constituciones como mera creación legal, o, en el peor de los casos, como concesión de unos ‘padres fundadores’. Afortunadamente, no falta quien recuerde que los derechos son el fruto de décadas de movilización y lucha social. Pero el feliz recordatorio no suele descender a mayores detalles, con lo que el olvido hace su labor, y, para aquellos que nacimos en régimen constitucional, no queda más que una imagen abstracta y borrosa de esa difícil lucha.

La ofensiva oligárquica que hoy padecemos, y la ejemplar resistencia cívica que le planta cara, vuelve a ponerla de actualidad. Muy visible es en el caso del derecho a la vivienda, ineficazmente recogido en nuestra Constitución, y defendido de forma heroica por ciudadanos rasos. Conviene echar la vista atrás para apreciar hasta qué punto el gesto y compromiso de estos activistas compone, en realidad, la base vital del derecho cuya protección reclaman.

La primera noticia que conozco de la lucha por el derecho a la vivienda en la España contemporánea data de octubre de 1883. Se celebró entonces un «Congreso de Trabajadores de Valencia», en el que se llegó al acuerdo de promover «huelgas de inquilinos para imponer la rebaja de alquileres á los propietarios».

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Nueva reforma de la jurisdicción universal 'made in Spain'

El pasado octubre, la Audiencia Nacional estimaba el recurso de apelación presentado por los querellantes en el asunto Tíbet, y así ordenaba tener por ampliada la querella por supuesto delito de genocidio respecto de Hu Jintao, expresidente de la República Popular China.

En noviembre, la Audiencia resolvía librar comisión rogatoria a las autoridades chinas con el fin de notificar la querella a Hu Jintao. Además, volvía a estimar otro recurso de los querellantes, dando luz verde a la solicitud de órdenes de busca y captura frente a los querellados iniciales (entre ellos, Jiang Zemin, expresidente de China y secretario del Partido Comunista Chino).

Inmediatamente se reactivaron las protestas de las autoridades chinas, acompañadas de la advertencia de que esperaban que no se hiciera nada que dañase "la relación entre China y España". Al día siguiente recogían algunos medios que nuestras autoridades habían respondido que "en España hay división de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales". Para a renglón seguido, y sin sonrojo aparente, avanzar que, en consecuencia, se estaba ya barajando reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para "limitar el alcance de la jurisdicción universal". Aquella suerte de aviso fue adquiriendo entidad plena en las semanas siguientes.

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Las doctrinas y la seguridad jurídica: de Botín a la infanta Cristina

Hay un principio muy garantista que responde a la llamada previsibilidad jurídica o seguridad jurídica. Por eso, la Constitución prevé el llamado principio de legalidad, que impide que una conducta sea sancionada si previamente la ley no ha establecido su propia existencia y sus consecuencias punitivas.

Dicho principio supone una garantía para todos los ciudadanos de un Estado de derecho y, además, impide que los criterios judiciales y las sentencias emanadas del Tribunal Supremo -que es quien crea doctrina al dictar las sentencias que compondrán la jurisprudencia- cambien su signo abruptamente, en función de elementos ajenos a la misma justicia o necesidad social del momento.

Es decir, los ciudadanos necesitamos saber a qué atenernos. Incluso, la seguridad jurídica se extiende a quien tiene intención de delinquir: si voy a robar en un banco, necesito saber qué pena llevará aparejada esta acción delictiva, cuántos años de prisión cumpliré, cuándo podré empezar a solicitar un permiso penitenciario, cuándo podría salir en libertad condicional, cuándo prescribirá el delito, cuándo prescribirá la condena, etc.

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