La misoginia institucional del Partido Popular

El candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que cuando llegue a la presidencia del Gobierno intentará derogar muchas de las leyes aprobadas durante los mandatos de Pedro Sánchez, como la Ley de Memoria Histórica o la Ley Trans. Además, ha afirmado su intención de reducir el número de ministerios que conformarían su gobierno, apuntando la eventual desaparición de, entre otros, el Ministerio de Igualdad, cuyas competencias estima que deberían integrarse en una Subdirección General, “como durante los gobiernos de Aznar”. Entiendo que se refiere al Instituto de la Mujer (ahora Instituto de las Mujeres), el único órgano del Ejecutivo destinado a la promoción de la igualdad en aquella época, un organismo autónomo cuya directora ostentaba el rango de directora general, que había sido creado por el Gobierno socialista en 1983 y que, contra todo pronóstico, fue mantenido por Aznar cuando ganó las elecciones de 1996. En 2004, Zapatero creó la Secretaría General de Políticas de Igualdad, elevando en el organigrama del Ejecutivo el rango de las competencias en igualdad de género y las asignó a la socióloga feminista Soledad Murillo, de cuyo departamento pasó a depender el Instituto de la Mujer.

La cuestión del rango jerárquico que se atribuye a un órgano con determinadas competencias, y de si estas competencias son exclusivas sobre una materia o si en la misma cartera concurren varias, no resulta baladí, sino que es representativa de la importancia y centralidad que en un ejecutivo se otorga a un determinado asunto y determinante en la medida en que los órganos superiores cuyos titulares forman parte del Gobierno cuentan con mayor peso e influencia a la hora de incorporar a la agenda política los temas de su competencia. Por ello, se leyó como una conquista para el feminismo que, tras revalidar su mandato en las elecciones de 2008, Zapatero creara un departamento ministerial encargado en exclusiva de la cartera de igualdad que simbolizaba su compromiso para con la igualdad de género como objetivo prioritario en la agenda política del Gobierno.

Este compromiso había quedado reflejado no solo en la creación de todo un entramado institucional con el objetivo común de la lucha contra la desigualdad de género (entre 2004 y 2008 se incorporaron al aparato del Ejecutivo el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las Unidades de Violencia de Género y el Observatorio de la Mujer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, las Unidades de Igualdad Ministeriales, el Consejo de participación de la mujer y la Conferencia Sectorial de Igualdad), sino también con el impulso de la tramitación parlamentaria de muchas de las leyes que hoy constituyen significativos hitos en la conquista y consolidación de los derechos de las mujeres, como la Ley de Violencia de Género (2004), la Ley del Matrimonio Igualitario (2005), la Ley de Dependencia (2006), la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (2006), Ley de Igualdad (2007), la Ley de ampliación del Permiso de Paternidad (2009), o la Ley del Aborto (2010). Unas iniciativas que habían convertido a nuestro país en un referente a nivel internacional en la lucha contra la desigualdad.

Como es sabido, sin embargo, menos de dos años después de su creación, en octubre de 2010, Zapatero reestructura el Gobierno y suprime el Ministerio de Igualdad, pasando a depender sus competencias de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Una degradación institucional que simbolizó el abandono de la igualdad de género como prioridad política en nuestro país, tras un período de expansión sin precedentes. Esta pérdida de centralidad de la igualdad en la agenda política se justificó como consecuencia de la necesidad de reducir el gasto público para hacer frente a la crisis de la deuda que había generado la debacle financiera de 2008 a causa de la caída de los grandes bancos de inversión estadounidenses. Aun hoy persisten las nefastas consecuencias para la igualdad social que acarrearon las políticas de consolidación fiscal y ajuste estructural emprendidas en aquellos años bajo el liderazgo de una Unión Europea, que exigía a los estados miembros recortes en servicios sociales para alcanzar la estabilidad presupuestaria. 

Entre los años 2011 y 2015 se produjo una reducción sin parangón de los recursos económicos destinados a sufragar organismos y políticas públicas de igualdad: las partidas destinadas en los Presupuestos Generales del Estado a la lucha contra la violencia de género y a medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se contrajeron en un 30,7 y un 56% respectivamente. Además, la falta de financiación hizo desaparecer otros servicios públicos como las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años o el sistema de atención a la dependencia, que implicaban una repercusión directa en la mejora de las condiciones de las mujeres por el papel de estas como principales responsables del cuidado en el seno de las familias. Y, es que, en contextos de crisis, los organismos, planes y programas de igualdad, identificados como “lujos” propios de época de bonanza económica, son los primeros en caerse de la agenda política en favor de otras políticas públicas consideradas “prioritarias”, lo que hace que las mujeres sufran de manera más acusada las consecuencias de los períodos recesivos que los varones. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial, España pasó de situarse en 2005 en el puesto número 11 de entre los países con menor brecha de género a encontrase en el 26 en 2012, y en el 29 en 2018. 

Sin embargo, el desmantelamiento del entramado legal e institucional de la igualdad de género no se explica únicamente por los recortes presupuestarios emprendidos en aras del ahorro económico y la estabilidad presupuestaria. Desde 2011, el proceso de implementación de las políticas de ajuste estructural y consolidación fiscal había pasado a estar liderado por el Partido Popular de Mariano Rajoy, que había obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales convocadas de manera anticipada por un desgastado Zapatero en noviembre de ese año. El Gobierno de Rajoy no sólo emprendió recortes presupuestarios que supusieron una reducción drástica de los recursos materiales y el personal asignados a organismos como el Instituto de la Mujer o el Instituto de Salud de las Mujeres, sino que se dedicó a implementar una agenda abiertamente antifeminista, regresiva de las conquistas alcanzadas en materia de igualdad de género, con la excusa de la necesidad de implementar medidas de ajuste económico incluso en aquellos casos en los que el impacto económico de las políticas no existía o no resultaba significativo. 

Durante las legislaturas del Partido Popular, organismos de cooperación interinstitucional cuyo funcionamiento no suponía incremento alguno del gasto público, porque así lo preveían expresamente sus normativas reguladoras, y que habían sido concebidos por las leyes de igualdad como actores clave en el liderazgo de la implementación de políticas públicas de igualdad, como la Comisión Interministerial de Igualdad o el Consejo de participación de la Mujer, dejaron de ser convocados y vieron paralizada su actividad. También dejaron de elaborarse planes e informes con la periodicidad preceptiva que se había establecido en la Ley de Igualdad, quedando buena parte de las innovadoras disposiciones que la norma contenía derogadas de facto por la inactividad de las instituciones públicas a quienes sus mandatos iban dirigidos.

La necesidad de reducir el gasto público también fue aducida para reorientar o eliminar políticas, con nulo o escaso impacto económico, al objeto, en realidad, de reforzar el modelo tradicional de familia. Sucedió así, por ejemplo, en 2013, cuando se modificó el catálogo común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud para excluir de la prestación pública de las técnicas de reproducción humana asistida a las mujeres lesbianas o sin pareja. La medida, cuyo ahorro para las arcas públicas se cifraría después en poco más de 120.000 euros, suponía en realidad una manifestación concreta del rechazo moral a las sexualidades no normativas. Al mismo objeto —y también con escaso impacto económico— sirvió la reorientación de las acciones destinadas a eliminar los sesgos de género en la salud en el marco de los planes de calidad del Sistema Nacional de Salud: las investigaciones y la formación en género se paralizan a partir de 2010 y los informes sobre salud sexual y reproductiva pasaron de abarcar diversos temas como la interacción de las desigualdades de género y clase o la interrupción voluntaria del embarazo en adolescentes a versar exclusivamente sobre temas relacionados con la maternidad, el parto y la lactancia. Estos datos revelan cómo la “misoginia institucional” o “antifeminismo” de la derecha se desplegó con la excusa de la crisis económica para abanderar un retroceso de los derechos conquistados que vino dado, no solo por la reprivatización de los cuidados producida a causa de la retirada de servicios públicos, sino por una defensa explícita y consciente del rol tradicional de la mujer como madre y esposa y de la familia tradicional.

Es sabido que las conquistas de derechos nunca son definitivas, que siempre pueden verse amenazadas por retrocesos, por muy institucionalizadas que estén. Lo que aprendimos de lo que sucedió con las políticas públicas de igualdad durante los años de la crisis es que no hay nada que ponga más en peligro a las conquistas alcanzadas en materia de igualdad como la misoginia institucionalizada de un partido de gobierno. 

Cuando Feijóo habla de hacer desaparecer el Ministerio de Igualdad, no se está refiriendo a una mera reestructuración del Ejecutivo con el fin de racionalizar los recursos públicos, como ha pretendido hacer ver. Lo que está planteando es una verdadera ofensiva conservadora en contra de los derechos alcanzados por las mujeres, de tal manera que, bajo la pérdida de prioridad política de la promoción de la igualdad de género a nivel institucional, subyace una agenda antifeminista de reversión encubierta de las conquistas alcanzadas en materia de igualdad.