CaixaBank insinúa que si el Supremo les obliga a pagar el impuesto de las hipotecas lo repercutirán al cliente
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de transmisiones y el aplazamiento de una decisión definitiva al próximo 5 de noviembre han marcado la rueda de prensa de presentación de resultados del tercer trimestre de CaixaBank, donde ha mostrado unos beneficios de 1.768 millones en los nueve primeros meses de 2018, un 18,8 % más que en 2017.
Pese a estas cifras positivas, en la entidad bancaria no quieren ni oír hablar de la devolución del gravamen de las hipotecas que han asumido los clientes. Es más, ya anuncian que en caso de que el Supremo mantenga que son los bancos quienes han de correr con ese coste, se repercutirán en el cliente y afectará a la concesión de hipotecas.
“Vamos a esperar a lo que diga el Supremo, pero como industria los bancos debemos tener en cuenta todos los costes a la hora de conceder unas hipotecas. Si no lo hacemos, nuestros supervisores nos pueden advertir”, ha explicado el consejero de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, a preguntas de los periodistas. Para el banquero, “es difícil de entender que se nos sancione por haber cumplido una norma”, en referencia a la normativa que regula el impuesto, que considera marca que debían ser los clientes quienes lo abonaran.
Las inmobiliarias han empezado a poner el grito en el cielo porque aseguran que el aplazamiento de la decisión del Supremo ha paralizado la firma de la mitad de las hipotecas. Esta cifra ha sido desmentida por el consejero delegado de CaixaBank, quien ha explicado que “hay normalidad en la firma de hipotecas”, aunque ha reconocido: “El que puede esperar al día 5, queda una semana, lo hace”.
Gonzalo Cortázar se ha esmerado en explicar que la sentencia del Supremo que les obliga a abonar el impuesto de transmisiones es injusta y espera un cambio de opinión del alto tribunal. “Es conveniente recordar que hablamos de una sentencia que dictamina que una norma que ha estado en vigor 23 años no es válida. Es responsabilidad de las instituciones tributarias”, ha afirmado, al tiempo que ha negado que su entidad tenga intención o mala fe para “dilatar el proceso”.
