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Esquilando transparencias

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Ayer comparecieron los candidatos a ocupar un puesto en el nuevo Consejo de Transparencia que han de elegir les Corts Valencianes. Este órgano de nueva creación tiene como principal cometido vigilar el cumplimiento de la ley que lo crea. Cinco candidatos para cuatro puestos. Cinco propuestas de cinco grupos parlamentarios. Mal empezamos.

Vaya por delante, que tras conocer los respectivos currículos de los candidatos y candidatas no tengo nada que objetar sobra la idoneidad de ninguno de los nombres propuestos. Todos parecen reunir los requisitos necesarios para desempeñar con autoridad la tarea que la ley les encomienda. Solo la portavoz de Ciudadanos, que siempre que decide tocar sin partitura acaba rompiendo un piano, ha puesto pegas a la candidata socialista por las filias ideológicas de Emilia Bolinches. Este hecho resulta curioso en la líder de un partido cuya estructura de cuadros se ha nutrido en buena parte de un cóctel de derechas en estampida en el que, si de talante demócrata hablamos, no faltan ingredientes que nada tienen que envidiar al chavismo Venezolano.

Pero patinazos aparte, el proceso previo a la entrada en funcionamiento de este órgano ha puesto de manifiesto no pocas contradicciones ideológicas que deberían ayudar a sus señorías a reflexionar sobre la naturaleza y utilidad real de este tipo de procedimientos de selección.

Para empezar hay que recordar que es el PP quien redacta la ley que regula el proceso de elección de los miembros de este órgano. Es el PP quien establece que serán cuatro y solo cuatro los miembros. Es el PP quien determina que serán elegidos por la menos exigente de las mayorías cualificadas: tres quintos en lugar de dos tercios. Es en definitiva el PP quien diseña una ley pensada para excluir a la oposición del órgano de control que la propia norma propone. Y esta afirmación no se basa en la opinión de un servidor. Esta afirmación se sostiene sobre la práctica consolidada del PP, tanto autonómico como nacional, que ha copado y expulsado a la oposición de tantos consejos, comisiones y órganos de control como ha podido. Y paradójicamente, si no se remedia, será el PP en virtud de su propia norma quien quede fuera de este consejo.

En mi opinión, que el principal partido de la oposición y el grupo conformado por el mayor número de diputados no apoye con sus votos la nómina de integrantes del Consejo de Transparencia es una pésima noticia. Proporcionará una excusa perfecta para deslegitimar su acción a quienes jamás practicaron los principios que inspiran la ley que solo impulsaron in extremis, en los últimos días del pánico y por motivos electoralistas.

Si alguna vez queremos dotarnos de órganos realmente independientes, capaces de fiscalizar la acción de los diferentes actores institucionales, económicos y políticos presentes en el ámbito de la cooperación, la cultura, el audiovisual o la gestión de una futura televisión pública, por citar algunos ejemplos, es necesario que acabemos con la fórmula de “a propuesta del grupo parlamentario”. Si de dotar de credibilidad a este tipo de consejos se trata, es necesario que, oídos los diferentes grupos parlamentarios, la propuesta tenga su origen formal en el órgano que representa institucionalmente al pueblo valenciano, que es el Consell, para que ésta sea posteriormente validada por una exigente mayoría cualificada, nunca inferior a los dos tercios del parlamento en el que ese mismo pueblo esta representado en su totalidad. Este proceso ha de tener como objetivo forzar a los diferentes partidos a implicar en esta tarea a aquellos hombres y mujeres de reconocido prestigio e independencia capaces de concitar el consenso necesario para obtener, si no la unanimidad, sí una incontestable mayoría que aporte al instrumento fiscalizador la mayor de las legitimidades.

Este es, sin duda, un mal comienzo para un órgano necesario. Pero este es también el resultado, no lo olviden, del diseño perverso de una norma pensada para cortar a su gusto su propia lana por aquellos que hoy probablemente saldrán trasquilados.

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