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ANÁLISIS

Empleo apuesta por una medida para ayudar a Campofrío, pero renuncia a facilitar los ERE temporales

El Ministerio subraya que, en casos de "fuerza mayor", las empresas no tendrán que pagar cuotas a la Seguridad Social durante un año

Sin embargo, renuncia a prorrogar una medida de gran impacto: la recuperación de las prestaciones de paro para las personas afectadas por expedientes de regulación temporales o suspensiones de empleo

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Nueve entidades financieras apoyarán a 400 empresas dependientes de Campofrío

La planta de Campofrío en Burgos afectada por el incendio. EFE

El pasado noviembre, un incendio arrasó la fábrica de Campofrío en Burgos. El impacto que causó este desastre en una empresa que daba trabajo a más de mil personas forzó al Ministerio de Empleo a tomar medidas. Un mes después, el Gobierno aprobó una propuesta 'ad hoc': la exoneración de cuotas a la Seguridad Social para las empresas que sufran "causas de fuerza mayor", como incendios o terremotos. Esta medida choca, sin embargo, con la falta de voluntad para prorrogar otra de mucho más impacto: la reposición de las prestaciones de desempleo para los trabajadores afectados por expedientes temporales de regulación de empleo.

Esta última medida, aprobada en 2009, tenía como fin evitar que los trabajadores fueran víctimas colaterales de estos expedientes: la reposición de las prestaciones de paro trataba de compensar a la plantilla afectada y facilitar que las empresas evitaran los despidos colectivos y ganaran tiempo para abordar una reestructuración sin deshacerse de la plantilla. El servicio público de empleo reponía hasta 180 días de prestaciones para los trabajadores que las hubieran gastado durante estos procesos.

En el caso de los expedientes de reducción de jornada, las empresas recortan las horas de trabajo de sus trabajadores: mientras dura el expediente, los empleados cobran la parte proporcional de su salario, que completan con una parte de su prestación por desempleo. En los de suspensión, las empresas mandan a casa durante semanas o meses a parte o a todos sus trabajadores. Durante ese periodo se ahorran los costes salariales y los empleados cobran el desempleo.

Sin embargo, en 2014 el Gobierno decidió no prorrogar esta medida: los afectados por ERE de suspensión o reducción de jornada que se ejecutaran desde el uno de enero de 2014 ya no podrían beneficiarse de la reposición de sus prestaciones. Tampoco recuperarán su paro los trabajadores afectados durante años anteriores si son despedidos a partir de 2014.

Varios expertos consultados ven incoherente que el Gobierno hable de potenciar la flexibilidad interna en las empresas pero no prorrogue la reposición de prestaciones. "Son muchas empresas a las que les puede venir bien y es una forma de alargar las prestaciones de desempleo. Lo otro es una medida dirigida claramente a una sola empresa, es una circunstancia excepcional", señala el catedrático de Economía Aplicada Santos Ruesga.

El economista José Ignacio Pérez Infante también cree que la suspensión de cuotas por causa mayor es una medida específica de escaso calado, mientras que la devolución del paro a los trabajadores afectados por procesos de flexibilidad interna intentaba "fomentar mecanismos alternativos al despido".

Medida "excepcional"

La portavoz 'popular' de Empleo en el Congreso, Carmen Álvarez-Arenas, justificó la decisión porque se trataba de una medida "excepcional" para atender a una coyuntura que "está cambiando". "El PP ha ido prorrogando hasta que los datos económicos y la evolución de los ERE han ido mejorando", aseguró. Todos los grupos de la oposición criticaron duramente la actitud del Ejecutivo y reclamaron la puesta en marcha de esta medida con efectos retroactivos. También los sindicatos exigieron a Fátima Báñez que restaurara la reposición de prestaciones.

Empleo insiste en que esta medida no se prorrogó porque "los ERE han bajado" y niega que haya tenido un impacto negativo. Según la estadística del ministerio, entre enero y noviembre de 2014 hubo 80.071 afectados por ERE de suspensión y otros 28.396 por expedientes de reducción de jornada. En el mismo periodo del año anterior, fueron 208.428 afectados por las suspensiones y 68.422 por los ERE temporales.

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