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La PAH pide a la CE parar la venta de vivienda pública de Madrid a inversores

EFE

Bruselas —

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Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se reunieron hoy con representantes de la Comisión Europea (CE) para informarles sobre la venta de pisos públicos de la administración madrileña a fondos de inversión y pedirles que intervengan para paralizar el proceso.

“Les hemos informado sobre el desmantelamiento del parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid (...) y solicitado que en la medida de sus competencias intenten paralizar este proceso privatizador que va a suponer que familias en riesgo de exclusión social dejen de tener acceso a la vivienda o sean expulsadas”, dijo tras la reunión en Bruselas la abogada de la PAH Alejandra Jacinto.

En 2013 la Comunidad de Madrid adjudicó 3.000 pisos de la Empresa Pública de Vivienda (Ivima) al fondo inversor Goldman Sachs-Azora, en tanto que el Ayuntamiento de la capital vendió 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Magic Real Estate-Blackstone.

Estas ventas y la situación que han generado entre los inquilinos de los inmuebles fueron el tema del encuentro, que reunió a miembros del equipo jurídico de la PAH y a los eurodiputados Willy Meyer (IU) y Raul Romeva (ICV), con seis miembros de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros del Ejecutivo comunitario.

Según la PAH, la CE se mostró especialmente “preocupada porque se está descapitalizando a la Administración pública madrileña, que está vendiendo las viviendas a un precio muy inferior al que le costó construirlas”, dijo Jacinto.

No obstante, los responsables comunitarios señalaron que el asunto “no es estrictamente de su competencia”, precisó.

Asimismo, la CE se interesó por conocer las consecuencias que el cambio de propietario tiene sobre los inquilinos de las viviendas en términos de pago de alquiler e impuestos, indicó.

En este sentido, el abogado de la PAH Manuel San Pastor insistió en que la única información que los inquilinos han recibido sobre el proceso es una carta en la que se les anunciaba que, en adelante, debían gestionar sus viviendas directamente con los fondos propietarios.

“Estos fondos especulativos al primer impago inician los procedimientos de desahucio sin garantías”, añadió.

En la misma línea, Meyer apuntó que se trata de “personas en riesgo de exclusión social que tenían una vivienda de carácter social y, por tanto, estaban exentas de pagar impuestos o tenían una subvención de la Comunidad de Madrid”, y que “de repente se encuentran con que tienen que aumentar la renta y otra vez se les va a invitar a abandonar su vivienda”.

Según Romeva, “las condiciones (de estas viviendas) están cambiando” pese a que la Comunidad de Madrid aseguró al venderlas que los inquilinos mantendrían el precio de alquiler y la opción de compra por el montante que ya conocían“, dijo.

Con esta base, Meyer y Romeva presentarán una pregunta parlamentaria conjunta a la Comisión destacando la falta de información y “desprotección” de los inquilinos en estos procesos y apelando al respeto a la carta europea de Derechos.

Por otra parte, los responsables comunitarios se interesaron también por la coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a la hora de hacer estas operaciones, cuestión que también será abordada en la pregunta parlamentaria.

Asimismo, preguntaron por la dimensión de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), encargada de dar salida a activos (créditos a promotores e inmuebles) procedentes de entidades bancarias que fueron nacionalizadas o recibieron ayuda estatal.

En este sentido, los representantes de la PAH dijeron que pusieron de relieve la “opacidad” de la Sareb de cara a los consumidores.

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