La Generalitat valenciana da más poder a la Policía contra la explotación laboral: ¿una ayuda a la Inspección o intrusismo?
Más recursos para la Inspección de Trabajo. Es una demanda contante de los sindicatos, que advierten de que el fraude en España con los contratos temporales y parciales, entre otros abusos, está generalizado. Y la economía sumergida está muy por encima de países como Francia, Alemania y Reino Unido. El Gobierno valenciano ha anunciado este mes un convenio con el Ministerio de Empleo para que la Policía Autonómica de la Generalitat colabore con la Inspección de Trabajo “en la lucha contra la economía sumergida”. A los inspectores y subinspectores que vigilan el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social se unirán los agentes regionales con algunas competencias que hasta ahora no ostentaban. El objetivo: “Aumentar las actuaciones contra la explotación laboral”. La iniciativa, que da poderes a la policía en este ámbito reservado a la Inspección, ha generado aplausos pero también críticas, especialmente desde colectivos de inspectores.
El convenio de colaboración aún no se ha firmado, recuerdan desde el Ministerio de Empleo, pero ya ha pasado el trámite previo de aprobación por parte del Pleno del Consell valenciano. “Nuestros comentarios los haremos entonces”, indican desde la cartera que dirige Fátima Báñez, que avanzan su consideración “positiva” del acuerdo. Las mismas fuentes afirman que la colaboración con las fuerzas de seguridad del estado funciona desde hace años. Sin embargo, este nuevo convenio da competencias a la policía dependiente de la Generalitat valenciana, “una policía autonómica y eso hasta ahora no lo habíamos visto, aunque sí colaboramos con la Policía Nacional y la Guardia Civil en toda España”, sostiene una portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT).
El Gobierno valenciano también destacó en su anuncio que “la Comunitat Valenciana es la primera autonomía donde se arbitra esta colaboración institucional, tras la petición de la Generalitat”. La directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, Cristina Moreno Fernández, explica que la intención de la nueva política es “poner todos los medios posibles” al servicio de la lucha contra la economía sumergida. Hasta ahora, los agentes autonómicos podían acudir a una fábrica y tomar nota de infracciones en materia medioambiental, “por ejemplo por dónde tiraban el aceite y pedían los papeles a los responsables”. Entonces, la policía podía comprobar que los trabajadores no estaban dados de alta, pero esto “no contaba como infracción” al no tener competencias en este ámbito.
El nuevo convenio busca“introducir también el factor laboral, que se trabaje conjuntamente con la Inspección de Trabajo y los agentes puedan hacer la labor previa de detección”, explica Cristina Moreno. La responsable valenciana recuerda que para que “haya una infracción social siempre tiene que ser vía acta de la Inspección”, por lo que la colaboración con los inspectores será indispensable, pero los policías podrán desempeñar revisiones previas y enviar la información a estos profesionales.
El ejemplo de Alemania
Tras el anuncio, el profesor de Derecho laboral Adrián Todolí celebró la iniciativa a través de Twitter. Todolí, que investigó durante un tiempo en Alemania, subraya que el país germano aplicó una medida similar en los años 80, junto a otras políticas, “y logró muy buenos resultados: entonces tenía alrededor del 20% de economía sumergida, similar a España, y ahora está en torno al 5%”. El abogado destaca que la incorporación de policías en este tema aumenta de manera significativa el alcance de la vigilancia en materia laboral.
“En los 80, Alemania entrenó a la policía para los temas laborales. Creo que es positivo, tiene todo el sentido del mundo. No hace falta un inspector para detectar a personas: allí solo llegaban al local, identificaban a los trabajadores y esto lo entregaban a la Inspección”. Todolí precisa que es necesaria la formación y la especialización de los agentes, pero tampoco “hace falta estudiar derecho laboral” porque la Policía solo está presente en la fase previa: lo ideal es “utilizar el tiempo del policía para que acredite hechos y que el inspector los investigue. La policía tiene la misma presunción de veracidad”, recuerda el especialista.
Esta medida, insiste el abogado, debe ser complementada por otras, entre las que también debe figurar el aumento del número de inspectores y sus recursos, así como impulsar campañas que hagan pedagodía contra la economía sumergida. Entre las otras medidas que aplicó Alemania además del refuerzo policial figuró “la detención de muchas personas famosas. Aplicaron la psicología: la gente pensaba 'si a los grandes empresarios no les cogen, ¿cómo me van a pillar a mí?'”, explica Todolí.
Miguel Ángel García, secretario de Organización del sindicato policial SUP en Valencia, precisa que los agentes aún no han recibido información acerca de este convenio. “A priori, nosotros hemos defendido que la unidad adscrita se debe abrir a nuevos campos por explorar, que tiene mucho más potencial”, reconoce, aunque destaca que para cualquier nueva competencia “se nos tiene que dar formación”
Críticas de instrusismo
Los inspectores de Trabajo no ven tan clara esta nueva fórmula de colaboración. Tanto el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) como la UPIT han mostrado sus reservas a dotar de más competencias a los agentes policiales. Una portavoz de UPIT afirma que es obvio que “se van a multiplicar las actuaciones, pero hay que ver de qué calidad”. Aunque aún hay que esperar para ver cómo se materializa el convenio, la representante de los inspectores progresistas insiste en sus recelos: “Al final el que firma el acta es el inspector. A menos que yo vea esto con todo el detalle, tal como es nuestro trabajo no me valdía solo una nota interna de que en en el bar de la esquina había cinco personas sin dar de alta”.
La inspectora afirma que la ley que regula la Inspección, de 2015, añadió la opción de acordar este tipo de colaboraciones, “y ya fuimos muy críticos en su momento con ello”. En ese artículo, el 16.8, “conseguimos meter al menos la cuña de que se tendrían en cuenta los hechos 'tras su valoración por la Inspección”, añade.
El SITSS ha criticado que “la atribución de facultades y competencias de inspección a cualquier otros cuerpos o policía autonómica quiebra la reserva de función que la Ley atribuye a los funcionarios del cuerpo superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo del Subinspectores Laborales”. Y añaden: “No procede predicar de meras actuaciones de comprobación, efectuadas por personal carente de competencias inspectoras”.
Los inspectores de UPIT temen que la medida sea utilizada para sustituir a estos profesionales por personal más barato. “Nos llaman la policía laboral; no vale crear por la puerta de atrás una policía con nuestras competencias y sin la formación que tenemos”.
